
Intentar ser ético dentro de un mercado que premia la reducción de costes y la explotación es una contradicción imposible de resolver.
Por José Luís Carpintero | 23/04/2026
Hace pocos días el ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, junto con la reconocida economista Mariana Mazzucato, planteaban la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común, de ámbito internacional, donde España actúa como impulsora y sede principal de esta iniciativa.
¿Qué es la Economía del Bien Común?
El economista austriaco Christian Felber planteó en 2010, que el éxito económico no debe medirse por el beneficio monetario (PIB o balance financiero), sino por su contribución al bienestar humano y la sostenibilidad planetaria, evaluando a las organizaciones basándose en valores fundamentales: dignidad humana; solidaridad y justicia social; sostenibilidad ambiental; transparencia y participación democrática. Para ello propone modificar las reglas del juego, con ventajas fiscales, de forma que quien tenga un mejor balance pague menos impuestos, y límites de riqueza poniendo topes máximos a la desigualdad salarial (por ejemplo, que el sueldo más alto no sea más de 10 veces el más bajo) y a la propiedad privada excesiva.
Este movimiento global de reforma ha sido seguido por cerca de 1.000 empresas en todo el mundo, que reportan mayor lealtad de marca, mejor clima laboral y una reducción real de su huella de carbono, además el Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha respaldado el modelo, y algunos municipios (como los «Municipios del Bien Común») dan puntos extra en licitaciones públicas a empresas con buen balance ético.
El planteamiento de esta reforma se basa en que el modelo económico convencional, anclado en la expansión perpetua del Producto Interior Bruto (PIB), ha alcanzado un punto de agotamiento sistémico. La evidencia de las crisis recurrentes —desde el colapso financiero de 2008 hasta la actual emergencia climática— demuestra que el crecimiento monetario por sí solo no garantiza la estabilidad institucional ni la cohesión social, por ello para asegurar la resiliencia en el siglo XXI, es imperativo transitar hacia una «economía con propósito», donde el diseño institucional no se limite a la mera gestión de externalidades, sino que asuma el liderazgo en la creación de valor público.
No basta con que el sector público intervenga para corregir fallos; el Estado debe actuar como un inversor de primer recurso que da forma y crea mercados alineados con los grandes desafíos globales. Esta transformación estratégica busca trascender la visión reactiva para adoptar una proactiva, orientada a la justicia distributiva y la regeneración ecosistémica.
La economista Mariana Mazzucato redefine la inversión pública como un motor de direccionalidad estratégica, que debe orientarse a misiones claras: descarbonización, salud universal o soberanía digital. Esto no es solo regulación, es dar forma a nuevos mercados que antes no existían por falta de incentivos privados. Para ello la innovación debe ser un esfuerzo simbiótico entre el Estado, la empresa, la academia y la sociedad civil. La participación ciudadana garantiza que las misiones tengan legitimidad democrática y respondan a necesidades territoriales reales, utilizando mecanismos como regalías, propiedad social o condiciones de precios que aseguren que los beneficios financien servicios básicos, evitando la socialización de pérdidas y privatización de ganancias, lo que requiere de un control democrático estricto. La transparencia en el flujo de capital y en los resultados de impacto asegura que el sistema financiero sirva realmente al bien común y no a intereses extractivos. Esta gobernanza se materializaría operativamente a través de herramientas técnicas de medición ética como el Balance del Bien Común (BBC).
Carlos Cuerpo con la asesoría de Mariana Mazzucato han diseñado un cronograma en varias fases:
Fase 1: Marco Normativo (2026): Transformar el BBC de voluntario a vinculante en sectores estratégicos. Integrar la «economía orientada a misiones» en los currículos educativos y políticas industriales.
Fase 2: Arquitectura Financiera (Principios 2027): Reforzar la banca pública para financiar infraestructuras verdes no «bankeables» por el sector privado tradicional, asegurando que el crédito sirva al valor público.
Fase 3: Cooperativismo y Propiedad Social (Mediados 2027): Incentivar la transformación de empresas en cooperativas. La lógica interna es poderosa: un trabajador-propietario es menos propenso a contaminar su propio entorno o aceptar salarios de miseria porque él vive las consecuencias de sus decisiones.
Pero, ¿Es creíble que el sistema capitalista pueda dirigirse voluntariamente hacia un modelo donde la economía sea el medio, y la vida digna el fin último?, ¿Es posible ser ético en un mercado que premia los costes bajos sobre la vida, o necesitamos una ruptura total?, ¿La Banca dirigiría el capital a infraestructuras verdes y proyectos no “bankeables” para el mercado privado (redes de energía, agua, transporte, etc.)?, ¿Las elites financieras aceptarían los topes salariales que plantea Mazzucato para reducir la desigualdad salarial interna, o sería un mero ardid para exigir retribuciones no salariales (bonos, opciones, consultorías externas) que debilitan el objetivo de la EBC?
No será este Consejo Global un planteamiento propagandístico orientado a hacer un lavado de cara social, pero sin cambiar el sistema, -ya que la EBC no busca destruir el mercado, sino «domesticarlo»-. En mi opinión intentar ser ético dentro de un mercado que premia la reducción de costes y la explotación es una contradicción imposible de resolver. La lógica del beneficio es el ADN del sistema actual. Esperar que una empresa renuncie voluntariamente a su rentabilidad por «bondad» es una visión utópica si no se cambia la estructura que sostiene esa rentabilidad, y más cuando en el libre mercado actual, la empresa «menos ética» suele ser la más competitiva porque ahorra costes que otras asumen.
Mientras el objetivo de una empresa sea maximizar el valor para el accionista (shareholder primacy), el beneficio será el único norte. Una ruptura real plantearía convertir a las empresas en cooperativas donde los trabajadores son dueños. Si el dueño es quien sufre la contaminación de su barrio o la precariedad de su sueldo, la toma de decisiones cambia radicalmente, además de que el acceso al crédito no dependa de cuánto vas a ganar, sino de qué impacto vas a generar.
Por ello en el momento actual , en donde el capitalismo necesita crecer para no colapsar, esto no es sino propaganda utópica mediante fórmulas de lavado de cara social, y que los partidos políticos intentaran usar para sus luchas electorales. Solo cuando se produzca el Decrecimiento, que nos haga entender a los ciudadanos que no necesitamos 50 tipos de champú producidos de la misma forma, sino eficiencia y durabilidad y que se plantee reducir la jornada laboral para redistribuir el empleo y reducir la sobreproducción, es cuando podremos hablar seriamente de este tipo de economía sin caer en el engaño con utopías lavadoras de cara.
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