Las reivindicaciones del movimiento estudiantil francés giran en torno a las condiciones materiales de la enseñanza pública.
Por David Hurtado | 8/10/2026
Francia atraviesa desde mediados de septiembre la mayor movilización estudiantil en décadas. Lo que comenzó como un bloqueo puntual en un liceo de la periferia parisina se ha convertido en una crisis nacional que ha cerrado o paralizado cientos de centros, ha sacado a cientos de miles de personas a la calle y ha dejado un saldo de miles de detenciones, la mayoría de menores, y heridos graves entre los estudiantes.
El movimiento arrancó el 17 de septiembre en el liceo Saint-Exupéry de Créteil, en el extrarradio de París. Un centro en el que faltaban docentes de matemáticas, francés, literatura e historia. Los alumnos se sumaron a una huelga de profesores y bloquearon las entradas con contenedores y barricadas. En pocas semanas la protesta se extendió por el país: el Ministerio del Interior contabilizó más de mil liceos afectados en un solo día a principios de octubre, y el de Educación registró cierres totales o parciales en cerca de 900 de los 3.700 institutos de secundaria el 6 de octubre. Unas treinta universidades también se sumaron.
Las reivindicaciones giran en torno a las condiciones materiales de la enseñanza pública. Los estudiantes denuncian clases de 30 a 35 alumnos, horarios sobrecargados, ausencias de profesores que no se sustituyen y edificios en mal estado: filtraciones, presencia de ratas, amianto residual y aulas incapaces de soportar las olas de calor. Organizaciones como la Union syndicale lycéenne y la Union étudiante han condensado las demandas en una plataforma de diez medidas de urgencia. Entre ellas figuran un plan de renovación inmediata del parque escolar y universitario, la contratación masiva de docentes y personal de apoyo (enfermeras, psicólogos, orientadores), la creación de 250.000 plazas adicionales en la educación superior desde 2027, el fin de la selección algorítmica de Parcoursup y Mon Master, una revalorización de las becas y el cese de la violencia policial. También reclaman volver sobre la reforma del bachillerato y garantizar condiciones básicas como pausas para comer. El gobierno de Sébastien Lecornu respondió el 4 de octubre con una hoja de ruta de cinco puntos (cobertura de vacantes, rehabilitación de edificios, reorganización de horarios, mayor transparencia en Parcoursup y una consulta en línea), que los convocantes juzgaron insuficiente.
La jornada del 6 de octubre, el llamado “acto III”, mostró la escala del movimiento. El Ministerio del Interior cifró en 266.000 los participantes en todo el país (56.000 en París); los organizadores elevaron la cifra a 450.000 (100.000 en la capital). En la marcha parisina, de République a Nation, se mezclaron liceístas, universitarios, docentes, padres y militantes de sindicatos como CGT, CFDT, FSU, FO y UNSA, con apoyo de formaciones de izquierda. En Marsella, Lyon, Nantes, Estrasburgo o Rennes se registraron concentraciones de decenas de miles. Un sondeo de Odoxa situaba en el 62 % el porcentaje de franceses que consideraba justificada la movilización.
La respuesta policial ha sido intensa y ha generado denuncias de uso desproporcionado de la fuerza. Desde mediados de septiembre se han registrado más de 6.500 detenciones (algunas fuentes hablan de 6.629), de las que alrededor del 85 % corresponden a menores de 18 años sin antecedentes, según datos del Ministerio del Interior y de Justicia. El primer ministro Lecornu reconoció 215 adolescentes heridos y 85 miembros del personal educativo, y calificó el balance de “el más grave en décadas para el sistema escolar”. Entre los casos documentados figuran un joven de 15 años que perdió una mano en Lens tras el impacto de una granada de aturdimiento disparada por antidisturbios, otro estudiante que perdió un ojo en Tours por un proyectil LBD, y un adolescente de 14 años en Saint-Ouen-l’Aumône con doble fractura de mandíbula y daños dentales por un disparo a corta distancia. Las organizaciones estudiantiles mantienen que la represión ha sido la respuesta principal a unas demandas que consideran de sentido común y que el movimiento continuará mientras no haya compromisos presupuestarios concretos.
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