Mientras se recortan subsidios esenciales y se aprueba legislación laboral que atenta contra los trabajadores, se inyectan fondos masivos en una industria armamentística que beneficia principalmente a corporaciones transnacionales.
Por Fernando Ariza | 1/12/2025
En un contexto de creciente incertidumbre económica, Finlandia se adentra en una recesión que amenaza con reproducir los peores capítulos de su historia reciente. El desempleo ha alcanzado su peor nivel en 15 años, con cifras que rozan los 490.000 parados a finales de octubre, según datos del KEHA-keskus. Esta escalada, que suma casi 30.000 desempleados más que en el mismo período del año anterior, no solo refleja el agotamiento de un modelo económico incapaz de generar estabilidad y bienestar para la clase trabajadora, sino que también expone las contradicciones de un gobierno que prioriza el gasto militar sobre la protección social de sus ciudadanos.
La situación actual evoca de manera inquietante la crisis de los años 90, cuando Finlandia sufrió una estanflación devastadora: quiebras masivas de empresas, un récord de embargos hipotecarios y un desempleo que superó el 18%. Aquella década, marcada por la caída de la Unión Soviética y la liberalización financiera, dejó cicatrices profundas en la sociedad finlandesa, con generaciones enteras atrapadas en la pobreza y la exclusión. Hoy, aunque las causas son distintas –una combinación de inflación, la guerra en Ucrania y la militarización–, los síntomas son idénticos: un PIB contraído, empresas al borde del colapso y familias trabajadoras que luchan por llegar a fin de mes. Los pronósticos no son alentadores; los analistas advierten de que las cifras catastróficas de los 90 podrían repetirse si no se revierte el curso actual.
Los más vulnerables son los primeros en caer. Los jóvenes menores de 25 años y los trabajadores mayores de 55 años representan los grupos más golpeados, con tasas de desempleo que duplican la media nacional. En septiembre, el número de desempleados de larga duración –aquellos sin trabajo durante al menos un año– alcanzó un récord histórico de 133.000 personas. A esto se suman 93.521 individuos recibiendo subsidios de desempleo a través de las cajas de compensación, y otros 223.820 dependiendo del modesto subsidio básico de Kela. Estas cifras no son meros números; son vidas truncadas, sueños pospuestos y una juventud finlandesa que emigra en busca de oportunidades que su propio país ya no ofrece.
En medio de esta tormenta perfecta, el gobierno de coalición liderado por Petteri Orpo y Riikka Purra –un ejecutivo de corte liberal– ha optado por medidas que profundizan la desigualdad en lugar de mitigarla. El 23 de octubre, se presentó una propuesta para debilitar la protección contra los despidos, facilitando a los empresarios la explotación laboral y allanando el camino para más recortes en el empleo. Paralelamente, los ajustes en la protección por desempleo y los subsidios de vivienda han empujado a miles de hogares al límite: a finales de octubre, 141.157 familias dependían de la ayuda social mínima, a pesar de las estrictas restricciones impuestas por el régimen. Como siempre, bajo el capitalismo los costes de la crisis recaen sobre la clase trabajadora.
Pero lo más controvertido es el destino de los recursos estatales. En un giro que genera indignación generalizada, el gobierno continúa destinando miles de millones de euros a la militarización. Finlandia, recién incorporada a la OTAN en 2023, ha incrementado su presupuesto de defensa hasta alcanzar los 6.200 millones de euros anuales para 2025, con planes de elevarlo al 2,5% del PIB en los próximos años. Esta apuesta por el gasto bélico –que incluye la adquisición de cazas F-35 y sistemas de misiles avanzados– contrasta brutalmente con los tijeretazos sociales. Mientras se recortan subsidios esenciales que sostienen a los parados y a las familias en apuros, se inyectan fondos masivos en una industria armamentística que beneficia principalmente a corporaciones transnacionales. ¿Cómo se justifica gastar fortunas en tanques cuando hay 490.000 finlandeses sin trabajo y sin red de seguridad?
Esta dicotomía no es casual. La recesión actual pone al descubierto cómo las políticas liberales, impulsadas por el gobierno nacional y la agenda de la UE, atentan contra los intereses de los trabajadores. La deuda pública, que ya supera el 75% del PIB, se agrava con estos desequilibrios, dejando a las generaciones futuras con una herencia de precariedad. Finlandia necesita urgentemente un giro: políticas de reactivación económica centradas en la creación de puestos de trabajo sostenibles, en lugar de subsidiar la especulación y el belicismo.
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