Considero muy grave cualquier justificación de actuaciones ilícitas y mezquinas como las que se vienen produciendo en las llamadas “cloacas del Estado”, vengan de quién vengan y cuyo objetivo es mantener un beneficio oculto para alguien.
Cuando el Orden Público desplaza al Orden Ciudadano se acaba imponiendo una lectura de la protesta como perturbación, y no como expresión legítima de una sociedad democrática.
El poder de la Iglesia Católica en España, sustentado en un patrimonio inmenso, una financiación privilegiada y una influencia social arraigada, plantea interrogantes sobre el secularismo y la equidad.