En 1931 el sujeto era un sindicato anarcosindicalista que no formaba parte del bloque gubernamental y que actuó por vía directa.
Por Sergio Meneses | 8/10/2026
La huelga general anunciada para el 11 de noviembre no es el primer paro español centrado en la vivienda. Casi un siglo antes, Barcelona vivió una huelga de alquileres impulsada por la CNT.
Pero el precedente de 1931 fue otra cosa. Tras la Exposición Internacional de 1929, el crac de Wall Street y el hundimiento del sector de la construcción, Barcelona acumulaba paro, inflación y una oleada de desahucios. El alquiler podía llevarse alrededor del 40% del jornal. El Sindicato de la Construcción de la CNT —entonces la organización obrera de mayor peso en la ciudad— creó un Comité de Defensa Económica, encabezado por Santiago Bilbao, que midió barrio a barrio lo que pagaban las familias. El 1 de mayo de 1931, bajo la consigna “Contra el paro, la inflación y por la rebaja de alquileres”, la CNT sacó a la calle del orden de 150.000 personas, según las crónicas de la época. El mitin del 5 de julio fijó la plataforma: rebaja del 40% de la renta, que el depósito contara como mensualidad y que quien no tuviera ingresos no pagara mientras durara esa situación.
La huelga de impago arrancó ese verano. Las estimaciones del propio comité —recogidas por Manel Aisa y por la historiografía posterior— hablan de unos 45.000 inquilinos en julio y de cerca de 100.000 familias en agosto. El epicentro fueron las Casas Baratas (Bon Pastor, Can Peguera, Baró de Viver, Ferrer i Guàrdia) y barrios como la Barceloneta, el Clot, Sants y Poblenou, con extensión a Santa Coloma y Badalona. Santiago Bilbao calculó después que, en unos cuatro meses, los huelguistas se habían ahorrado del orden de 12 millones de pesetas. El movimiento se solapó con la huelga de la Telefónica y con la huelga general que la CNT convocó en septiembre.
La respuesta no fue un acuerdo marco. La Cámara de la Propiedad se negó a la rebaja y buscó el respaldo institucional de la República recién proclamada. La represión dejó muertos, heridos y del orden de dos centenares de detenidos. El comité acabó en la cárcel a finales de 1931. La huelga se dio por concluida en diciembre, aunque siguió de forma intermitente en 1932 y forzó rebajas pactadas con pequeños propietarios. Parte de los alquileres, según los estudiosos de la época, bajó entre un 40% y un 50%. Hubo quien no volvió a pagar durante años.
La diferencia con la huelga general convocada para el 11N es abismal. En 1931 el sujeto era un sindicato anarcosindicalista que no formaba parte del bloque gubernamental —el Gobierno provisional era de Niceto Alcalá-Zamora y la Generalitat la presidía Francesc Macià— y que actuó por vía directa: asambleas de barrio, impago masivo y choque con la propiedad y con el orden público. El lema no era “salarios para poder pagar”, sino rebaja inmediata y exención para el parado. El coste fue cárcel y sangre; el resultado, parcial y desigual, se midió en rentas que bajaron y en meses que no se abonaron.
La convocatoria del 11 de noviembre parte del polo contrario. La convocan las centrales que han sido interlocutoras privilegiadas del Gobierno en la negociación colectiva y en la política social, y lo hacen para reclamar que se aplique la legislación existente, que se recuperen decretos tumbados en el Congreso y que los convenios recojan subidas acotadas. No propone dejar de pagar el alquiler ni enfrenta a los inquilinos con la propiedad mediante un comité de defensa económica. Sitúa el paro en la recta electoral y lo enmarca como presión institucional.
La de 1931 fue una huelga de inquilinos contra los caseros, ilegal y prolongada, organizada al margen del Estado y reprimida por él. La del 11 de noviembre es una huelga general de 24 horas, metida con calzador en medio del calendario electoral y cuyas demandas parten del reformismo sindical.
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