Una familia media trabajadora española debe dedicar más del 35% de sus ingresos a la hipoteca o el alquiler, superando con creces el umbral del 30% considerado razonable.
Por Redacción NR | 8/03/2025
En España, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los desafíos sociales más acuciantes de la última década. Los precios de compra y alquiler han alcanzado niveles insostenibles para las familias de clase trabajadora. Este fenómeno no es casual y está vinculado a la propia naturaleza del capitalismo: responde a una combinación de especulación inmobiliaria, escasez de oferta y una concentración de propiedades en manos de grandes tenedores como empresas, bancos y fondos de inversión. Mientras tanto, la falta de medidas estructurales efectivas perpetúa un modelo que favorece la acumulación de riqueza en pocas manos.
Precios desbocados
El mercado inmobiliario español ha experimentado un alza continuada en los últimos años. Según datos del portal Idealista, en marzo de 2025, el precio medio del alquiler se sitúa en torno a los 12 euros por metro cuadrado, lo que implica que un piso de 60 m² cuesta aproximadamente 720 euros al mes. En ciudades como Madrid y Barcelona, esta cifra puede superar fácilmente los 1.000 euros. En cuanto a la compra, la Unión Europea ha constatado que el mercado inmobiliario español está sobrevalorado en un 20%, con precios que alcanzan los 2.000 euros/m² de media nacional, y hasta 3.987 euros/m² en Baleares o 3.139 euros/m² en Madrid, según datos recientes.
Esta escalada de precios contrasta con el estancamiento salarial. El Banco de España señala que el esfuerzo económico para acceder a una vivienda ha aumentado drásticamente: una familia media trabajadora debe dedicar más del 35% de sus ingresos a la hipoteca o el alquiler, superando con creces el umbral del 30% considerado razonable. Como resultado, la emancipación juvenil se retrasa —la edad media supera los 30 años— y muchas personas quedan atrapadas en un ‘círculo vicioso del alquiler’ que les impide ahorrar para comprar.
Empresas, Bancos y grandes propietarios
Detrás de esta crisis estructural se encuentra una concentración significativa de la propiedad inmobiliaria. Según un análisis de elDiario.es basado en datos del Catastro, más de un millón de viviendas están en manos de 27.000 grandes tenedores —definidos como aquellos con más de 10 propiedades—, lo que representa el 4,3% del parque total de viviendas y el 8,5% si se excluyen las primeras residencias. De estas, el 23% pertenece a entidades públicas, pero la mayoría está en manos de capital privado como bancos, fondos de inversión y socimis (sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria).
Entre los mayores propietarios destaca Building Center, filial de CaixaBank, que gestiona 34.000 viviendas a través de Servihabitat. Otros actores relevantes incluyen Sareb, con 5.200 casas en alquiler y su socimi Témpore con 1.383 más; o Testa, propiedad de Santander, BBVA, Acciona y Merlin Properties, una de las mayores socimis residenciales. Fondos internacionales como Blackstone y Cerberus también han engrosado sus carteras tras adquirir activos de bancos como Popular y BBVA. Aunque los grandes inversores gestionan solo el 3% del mercado de alquiler según Cinco Días, su influencia en las zonas urbanas y turísticas provoca una subida de precios considerable.
El Banco de España estima que hay unas 600.000 viviendas menos de las necesarias para equilibrar oferta y demanda, a pesar de que existen casi 4 millones de viviendas vacías. Muchas de estas propiedades vacías están en manos de grandes propietarios que las mantienen fuera del mercado para especular o destinarlas a alquileres turísticos, que representan ya el 10% del mercado de alquiler y el 1,8% del total de viviendas principales, unas 340.000 unidades.
Lucro y especulación
La estrategia de estos grandes tenedores es clara: maximizar beneficios en un mercado donde la demanda supera ampliamente la oferta. Las agencias inmobiliarias, cuyos márgenes de beneficio han crecido un 33% en 2024 según El Confidencial, también se benefician al cobrar porcentajes sobre operaciones cada vez más caras. Los alquileres turísticos, por ejemplo, han disparado los precios en un 30% en zonas con mayor demanda, según estudios citados por Xataka. Mientras tanto, los pequeños propietarios, que representan el 92% de los arrendadores según el Banco de España, muchas veces acceden a esta espiral de subida de precios en este entorno especulativo.
Esta dinámica ha transformado la vivienda en un activo financiero en lugar de un derecho básico. Como señala un informe de la UE, la alta rentabilidad de los alquileres a corto plazo y la compra de segunda vivienda por extranjeros —que alcanzó las 134.000 transacciones en 2022— alimentan esta burbuja.
Ante grandes problemas: medidas estructurales
Ante este panorama, las medidas cosméticas como avales ICO o incentivos fiscales han demostrado ser insuficientes. Hacen falta medidas estructurales. Una de ellas, pasaría por la regulación de precios de compra y alquiler, de manera que el Gobierno pueda tasar y fijar precios justos para evitar la especulación y los abusos.
Por otro lado, la magnitud del problema justifica medidas más contundentes. Otra de las demandas que toman cada vez más fuerza por parte de la población es la de expropiar viviendas vacías o en manos de bancos, fondos y grandes propietarios —como las 450.000 unidades nuevas sin vender o las 400.000 vacías en grandes ciudades—, que permitiría ampliar el parque público de vivienda social, que apenas representa el 2,5% del total frente al 9% de media en la UE.
Además de intervenir el mercado, el Estado debería convertirse en motor de construcción de nueva vivienda, con una promotora pública que estableciera precios justos. En definitiva, debe garantizarse el derecho a la vivienda desde la administración, tomando las riendas de la situación y poniendo por delante los intereses de la clase trabajadora frente a los del gran capital. La vivienda no puede seguir siendo un lujo o un negocio para unos pocos; debe volver a ser un derecho garantizado para todos.
Frente a la crisis de la vivienda organización de barrio, de vecinos para denunciar los grandes tenedores,que se sepan quienes son, donde viven, también fomentar la ocupación de viviendas y locales vacíos desde hace tiempo o de la sareb.
Defender los centros sociales okupados ,en un año han cerrado 6.
Y sobretodo no dejar entrar a los parásitos políticos en las plataformas vecinales, porque desviarán las acciones combativas, intentarán apagar todo tipo de insurrección obrera,como apagafuegos del sistema que son.
Organízate, Okupa y Resiste
Salud y anarkia