Tres años después, en noviembre de 2025, el balance es desolador: mucho ruido mediático y legislativo, pero nueces escasas o inexistentes.
Por Lucio Martínez Pereda | 16/11/2025
Mucho ruido y por ahora ninguna nuez. El PSOE ha convertido la ley de memoria democrática del 22 en un mero escenario teatral: Hacer que se hace, sin hacer nada.
El PSOE quiere convertir la ley de memoria democrática en un instrumento para hacerse fotos, presentar películas o conceder diplomas. Pero las acciones eficaces siguen sin aparecer. Estamos ante un ejercicio de hipergestualidad que prioriza la imagen sobre la sustancia: eventos sin acontecimientos y una liturgia memorialística vacía. El PSOE, maestro en el arte de la retórica progresista, ha transformado una iniciativa con potencial transformador en un ejercicio de simulación política.
La ley, aprobada el 20 de octubre de 2022 surgió como sucesora de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Sus objetivos eran ambiciosos: declarar ilegítimo el régimen franquista, ilegalizar fundaciones que lo exaltaran, crear un banco de ADN para identificar víctimas en fosas comunes, auditar bienes expoliados, retirar simbología franquista de espacios públicos y garantizar la educación sobre la dictadura en los currículos escolares.
Tres años después, en noviembre de 2025, el balance es desolador: mucho ruido mediático y legislativo, pero nueces escasas o inexistentes. El banco nacional de ADN, destinado a exhumar e identificar restos de miles de represaliados, ha avanzado a paso de tortuga. Según datos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, hasta finales de 2024 se han procesado menos de 500 muestras genéticas, y las exhumaciones activas no superan las 200 fosas de las más de 2.000 identificadas por asociaciones como la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica). El presupuesto asignado –alrededor de 20 millones de euros anuales– se diluye en burocracia y estudios preliminares, mientras familias esperan décadas por conseguir darle cumplimiento a sus derechos.
La retirada de simbología franquista es otro ejemplo de teatro vacío. La ley obliga a ayuntamientos y comunidades a eliminar vestigios como calles, monumentos o escudos. Sin embargo, un informe de la plataforma Memorialista de 2025 revela que solo el 40% de los municipios han cumplido, pensemos en el gigantesco arco de triunfo fascista en Madrid -Arco de la Victoria-, el mayor del mundo. En regiones como Andalucía o Extremadura persisten nombres y monumentos franquistas intactos. En Vigo- un ejemplo que me interesa especialmente – una céntrica calle aun tiene el nombre de un destacado alcalde franquista que como falangista participó en la represión llevada a cabo en la ciudad. El Gobierno central amenaza con multas, pero no las aplica; prefiere anuncios grandilocuentes que ejecuciones reales.
En cuanto a la auditoría de bienes expoliados -propiedades confiscadas durante la dictadura– el proceso es un laberinto. Se creó una comisión técnica, pero sus informes son vagos y no han derivado en devoluciones significativas. Incluso la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, anunciada con bombo en 2022, se ha estancado , permitiendo que siga operando con impunidad. El PSOE ha centrado el interés de sus escenográficas declaraciones antifranquistas en la FF pero mantiene intocables otras fundaciones que hacen apología del fascismo: la Fundación Blas Piñar, la Fundación General Mola y la Fundación José Antonio Primo de Rivera.
Dejo para el final la cuestión de los Lugares de Memoria. La ley del 22 obliga a la administraciones a identificarlos y tratarlos. Su declaratoria oficial es hasta ahora muy escasa y la puesta en valor de los reconocidos no se ha llevado a cabo. Me centrare en un caso especialmente singular e importante que evidencia estas dos carencias. La construcción de la pista del aeropuerto de Vigo se realizó mediante un sistema de trabajos forzosos impuesto por las autoridades militares. A partir del otoño de 1936, 20.000 y 30.000 hombres de entre 20 y 50 años fueron obligados a trabajar -bajo amenaza de duras sanciones- con pico y pala en jornadas de 10 horas, dos días al mes : eran civiles no acusados ni condenados por ningún tipo de delito político. Fueron trabajos forzados que constituyen una forma de represión económica y social, análoga a los «crímenes de lesa humanidad» reconocidos en informes de la ONU (2014, 2018) que equivalen a esclavitud moderna según estándares internacionales (Convención 29 de la OIT, 1930, ratificada por España en 1978).
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