Incluso antes de la intervención militar rusa, el gobierno de Zelenski había comenzado a preparar medidas contra los derechos de los trabajadores en Ucrania.
La nueva legislación laboral no cumple con los estándares legales y elimina la negociación colectiva en empresas con menos de 250 empleados . Otro de los puntos que se ha comenzado a poner en práctica es la expropiación de propiedades sindicales.
Esta semana, la agencia de inteligencia de Ucrania SBU (Sluzhba Bespeky Ukrajiny) comenzó a confiscar alrededor de 80 complejos de propiedades pertenecientes a la Federación de Sindicatos de Ucrania (FPSU). El servicio secreto lo anunció en su sitio web .
El servicio secreto estima los bienes inmuebles, que se encuentran en diferentes regiones, en alrededor de 186 millones de euros. Estos también incluyeron hoteles, sanatorios e instalaciones deportivas. Según el SBU, fueron «privados ilegalmente de propiedad estatal y transferidos al balance de los sindicatos de Ucrania».
Esto se hizo “reduciendo el valor de mercado de los activos” y realizando el pago mínimo oficial “sin la aprobación del fondo estatal de riqueza”. De hecho, también son sedes sindicales, que a menudo se encuentran en lugares importantes del centro de las ciudades.
Las confiscaciones se producen cuando los sindicatos aumentan la presión sobre el presidente Zelenski para que vete una nueva ley contra la clase trabajadora.
El 19 de julio de 2022, el Parlamento de Ucrania aprobó la Ley «Sobre las enmiendas a ciertos actos legislativos para simplificar la regulación de las relaciones laborales en el campo de las pequeñas y medianas empresas y para reducir la carga administrativa en la actividad comercial» (proyecto de Ley 5371).
La federación sindical denuncia que la ley excluirá a una parte significativa de los trabajadores ucranianos del ámbito de aplicación de la legislación laboral general. Se introducirá una regulación paralela y menos protectora para los trabajadores de pequeñas y medianas empresas con menos de 250 empleados.
En el futuro, se llevarán a cabo negociaciones individuales entre el trabajador y el empresario, lo que también permitirá desviaciones de la legislación aplicable, por ejemplo, con respecto a las horas de trabajo, la seguridad laboral, los salarios y más. Además, se permitirán hasta un 10% de «contratos de cero horas» en los que el empresario podrá disponer del trabajador a voluntad, según la demanda y garantizando tan solo un mínimo de horas en el contrato.
La gran mayoría de los trabajadores ucranianos trabajan en empresas con menos de 250 empleados. Son precisamente estos trabajadores los que ahora se verán perjudicados por la nueva ley.
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