El mercado de los alquileres se ha vuelto insostenible en Alemania y el impacto de la gentrificación es evidente. El alquiler y la vivienda aparecen en primera línea en los sondeos realizados en Berlín sobre los problemas que más preocupan a la gente.
El pasado mes de abril el Tribunal Constitucional de Alemania declaró nula la Ley de tope al alquiler propuesta por el Land de Berlín por una cuestión de competencias. El 26 de septiembre, coincidiendo con las elecciones generales y las estatales de Berlín, la capital votó además en un referéndum no vinculante para expropiar a las empresas inmobiliarias y grandes propietarios que tengan más de 3.000 pisos en la capital, compensándoles con liquidaciones que pueden alcanzar los 13.700 millones de euros. El resultado fue esperanzador: un 56% votó a favor y un 39% en contra, poniendo en el punto de mira a más de 240.000 viviendas.
Bajo el nombre Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía, la iniciativa alude precisamente a una de las inmobiliarias que cuenta con más viviendas, Deutsche Wohnen, con 155.408, la mayoría en la capital. Joana Kusiak, portavoz de la iniciativa, declaraba el domingo: «Nosotros, los berlineses, hemos decidido: nadie debe especular con nuestras viviendas». Y, a pesar de no ser vinculante, con el fin de darle la legitimidad que merece, el lunes se amparaban en ese 56% añadiendo que ya quisieran los candidatos a las elecciones alcanzar ese porcentaje de apoyos.
Sin embargo, lo cierto es que las posibilidades reales de que llegue a buen puerto y se redacte una ley son mínimas. El único partido que ha apoyado abiertamente el referéndum ha sido Die Linke, a pesar de que Berlín ha estado gobernada los últimos cinco años —y es probable que los cinco siguientes— por una coalición que se denomina de izquierdas. Ni el partido socialdemocráta SPD ni Los Verdes muestran su apoyo, aunque en el caso de los segundos dicen contemplarlo como «última opción». Esta es otra muestra más de las débiles democracias en las que vivimos. El pueblo alemán tiene en su mano la poderosa herramienta del referéndum, pero nada más. Una ilusión que, al menos, debería agitar las conciencias de quienes gobiernan, pero no es así. Sin duda, la figura del referéndum no vinculante resulta muy útil al Estado, que hace creer a la población que tiene un poder político que en realidad no ostenta.
Por supuesto, esto no significa que el pueblo no tenga poder, pero quizá deba encontrar otras vías para demostrarlo, a través de la organización ciudadana y diversas medidas de presión o, incluso, luchando por sí mismo para garantizar este derecho. El mercado de los alquileres se ha vuelto insostenible en Alemania y el impacto de la gentrificación es evidente. De hecho, el alquiler y la vivienda aparecen en primera línea en los sondeos realizados en Berlín sobre los problemas que más preocupan a la gente. Además, en los comicios locales, un 32% de personas consideraba estos temas los más decisivos a la hora de votar, según una reciente encuesta del instituto Civey, publicada por Der Tagesspiegel. Esto, unido al resultado del referéndum, deja claro que la población berlinesa tiene cada vez más claras las medidas a tomar y noticias como esta pueden insuflar nuevos ánimos a los pueblos de otros países en situaciones similares.
Porque también en las capitales españolas alquilar un lugar digno para vivir es cada vez más difícil. Sin embargo, no debemos olvidar que la vivienda es un bien de primera necesidad y un derecho humano. Como tal, debe garantizarse sin medias tintas y la expropiación es una medida legal y legítima que se contempla, también en España. El artículo 33 de la Constitución establece que «nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes». Precisamente ese interés social es el que debe primar en la protección de los derechos básicos de las personas, tanto en el tema de la vivienda como en sectores estratégicos que están empobreciendo cada vez más a las personas más vulnerables, como es el caso de la electricidad.
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