Aunque lo niegue, el Partido Popular ya es un partido de ultraderecha: en Extremadura y a través de la señora Guardiola ha legitimado institucionalmente.
Por Lucio Martínez Pereda | 18/04/2026
El partido popular, con la aprobación dé Feijoó, cede ante la ultraderecha y entrega a Vox en Extremadura la vicepresidencia del gobierno y dos macro consejerías claves en la gestión del poder autonómico, diseñadas ad-hoc para desmontar los servicios de protección social, abortar la legislación anti maltrato , privatizar empresas públicas y llevar a cabo políticas xenófobas anti-inmigración.
Según el acuerdo de gobierno alcanzado entre el PP y Vox en Extremadura, Vox dirigirá dos macro consejerías de nuevo diseño político, una de ellas con rango de vicepresidencia:
Vicepresidencia de Desregulación, Familia y Servicios Sociales. Esta cartera de nueva creación combina competencias en familia, servicios sociales y “desregulación”, será ocupada por el presidente de Vox en Extremadura, Óscar Fernández.
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Esta es una cartera clave con el mayor peso presupuestario en Extremadura. En la legislatura anterior Vox solo gestionaba una consejería más reducida (Gestión Forestal y Mundo Rural), por lo que ahora aumenta significativamente su poder con estas dos macro consejerías de mayor envergadura.
Como resumen se puede concluir que el PP le ha entregado a la ultraderecha la llave del dinero y el poder político en Extremadura.
Creo que en términos de opinión pública aun no se ha valorado suficientemente lo que ha sucedido. No estamos ante un pacto de investidura más, únicamente resultado de la llamada “aritmética parlamentaria». Lo ocurrido en Extremadura es una cesión político- ideológica de largo alcance y dimensión.
La ingeniería política del acuerdo está muy pensada. Bajo la apariencia tecnocrática de la “desregulación” se esconde una operación de vaciado que apunta directamente contra el centro de las políticas públicas. La fusión interesada de familia, servicios sociales y desregulación en una única macroestructura no responde a criterios de eficiencia administrativa, sino a una descarada lógica de control ideológico.
Especialmente significativo resulta el diseño político de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, nervio económico de la comunidad. No se trata únicamente de gestionar fondos o diseñar políticas agrarias, sino de intervenir en la distribución de recursos europeos, y hacerlo en la cartera de poder autonómico donde mejor confluyen intereses económicos y políticas ambientales, la cartera con mayor capacidad para permeabilizar en todo el territorio una plataforma de intereses clientelares.
Vox ha conseguido que el PP le entregue el poder en Extremadura para hacer de ella un laboratorio con el que anticipar un modelo exportable. Extremadura es algo más que un escenario político periférico: es un campo de pruebas donde se ensaya un modelo para un hipotético gobierno PP Vox tras las elecciones del 27.
Aunque lo niegue, el Partido Popular ya es un partido de ultraderecha: en Extremadura y a través de la señora Guardiola ha legitimado institucionalmente, asumido como propio y dotado de fondos públicos el discurso de odio racista y anti musulmán de Vox.
Aunque el Partido Popular oculte su decisión bajo la apariencia de un lenguaje político menos violento que el de Vox, después de lo sucedido en Extremadura no estamos ante una cesión táctica ni ante un acuerdo de investidura más o menos incómodo, sino ante un proceso de asimilación ideológica que demuestra que la frontera entre la derecha conservadora y la ultraderecha ya ha desaparecido.
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