En las fechas de la iniciativa de la ofrenda del Pazo al Caudillo, la sociedad coruñesa ya había dado muestras de cansancio y su respuesta ante el turbión recaudatorio no se ajustaba a los resultados necesarios.
Por Lucio Martínez Pereda | 21/11/2025
La familia Franco ponía en febrero de 2018 a la venta el Pazo de Meirás por ocho millones de euros. En julio de ese mismo año los grupos políticos representados en Parlamento de Galicia acordaban exigirle a la Xunta que instase al Gobierno del Estado para iniciar las acciones legales para adquirir la titularidad pública del pazo. Este articulo no entra en los aspectos legales que sustentaron esa reclamación- sobradamente explicados en informes jurídicos- su objetivo, de menor alcance, pretende señalar abocetadamente las circunstancias en las que se desarrolló la suscripción Pro Pazo de Meirás, en un contexto- la guerra- en el que el miedo y los mecanismos control social practicados en Galicia desde el verano del 36, actuaron como estimulantes en la recogida de fondos para regalar la propiedad al dictador. Las suscripciones, y entre ellas la que tenía como intención allegar fondos para la adquisición del Pazo de Meirás, fueron, además de una fuente de ingresos, un instrumento para inducir consentimiento con la dictadura. Este texto pretende demostrar que el carácter voluntario de la Suscripción Pro Pazo fue una ficción creada en un ambiente de normalización de la violencia y el control social. La suscripción sirvió para teatralizar un consentimiento y consenso que no se correspondía con la realidad.
Fiscalidad extraordinaria
Ayuntamientos, delegaciones de orden público, gobiernos civiles, asociaciones empresariales, falange y milicias urbanas organizaban suscripciones de dinero, recogían alhajas, víveres, monedas y objetos de oro para la Junta de Defensa Nacional. Una larga lista de «aportaciones» que formaba parte de lo que algunos autores han llamado «hacienda de guerra franquista». Iniciadas por Queipo de Llano en Andalucía, se extendieron por todo el territorio controlado por las tropas rebeldes. Las suscripciones movilizaban recursos para el frente. Contribuir al esfuerzo bélico era su principal intención. Eran muy variadas y cubrían la amplia gama de diversas necesidades recaudatorias que iban surgiendo a medida que la guerra se desarrollaba: Aguinaldo del Combatiente, suscripciones para comprar un avión por provincia, “Suscripción a favor del Ejercito Salvador de España”, “Suscripción para vestuario del ejército”, “Suscripción pro aviones y armamento”, “Subsidio Pro Combatientes,” Auxilio a Poblaciones Liberadas” y la recogida de fondos para cubrir las necesidades de financiación de la organización falangista Auxilio Social.
Aunque las colectas y las suscripciones fuesen en realidad exacciones y las razones de su puesta en marcha pretendiesen objetivos diferenciados, acabaron conformando de hecho un sistema de fiscalidad extraordinario, no reconocido legalmente como tal. Fueron realizadas en un contexto de “guerra total” y estimuladas mediante un relato propagandístico que alentaba la vinculación emocional de la retaguardia con el frente, y la sociedad civil con las fuerzas militares. En este hecho insistirá frecuentemente la propaganda que presentaba la guerra como un fenómeno para cuyo éxito se precisaba la conjunción de los dos brazos de la nación; el civil y el militar.
A mediados de agosto de 1936, la Junta de Defensa Nacional- buscando fijar una organización que pusiese orden a las constantes peticiones de dinero, oro, joyas, ropa y comida- puso en marcha la “Suscripción Nacional”. La Suscripción se abrió en todas las capitales provinciales. Regularmente la prensa publicaba las listas de personas y entidades que hacían donativos con la cantidad aportada. Inicialmente la respuesta fue generosa entre los que se solidarizaron con los sublevados, pero también entre los antiguos republicanos que, por razón del miedo, veían en sus entregas de dinero una protección ante las represalias que forman parte de su día a día. Las contribuciones inicialmente se depositaban en las entidades bancarias locales o se entregaban a las autoridades civiles, pero rápidamente, ante los casos de corrupción, se estableció su ingreso en una cuenta que el ejército tenía abierta en cada oficina provincial del Banco de España. Los depósitos posteriormente se remitían a la central del Banco de España en Burgos.
La recogida de dinero en Galicia fue fuente de todo tipo de irregularidades y abusos. Incluso después de dictarse las primeras medidas reguladoras por parte de la Junta de Defensa Nacional en agosto (BOJDN de 21 de agosto) los grupos de milicianos, con el consentimiento de los militares, solicitaban y a veces exigían sin ningún control y supervisión, dinero, joyas o todo aquello que se considerara de su interés. Algunas veces se denunciaron desapariciones de fondos, irregularidades en la contabilidad, o acciones de recogidas de dinero para individuos particulares. Aunque las autoridades militares locales tenían información sobre estos atropellos y algunas comandancias locales dictasen órdenes para evitarlo, lo cierto es que esta situación no desapareció y se mantuvo al menos durante todo el verano. Para poner freno a este estado de cosas, que podía ser causa de desprestigio para los intereses de los golpistas, en noviembre se dispuso que todas las suscripciones fuesen autorizadas por el Gobierno Central, pero la escasa efectividad de esta disposición es reconocida posteriormente en una nueva Orden de julio de 1937 alusiva a la preocupación que creaba la proliferación de suscripciones que no se ajustaban a la legalidad.
La Junta Pro Pazo
En marzo de 1938 se ponen los medios para constituir la Junta Pro Pazo del Caudillo. Para organizarla se constituye una Junta Local presidida por el Gobernador Civil en la que figuran el presidente de la Diputación, el Jefe Provincial de Falange, el presidente de la Cámara de comercio, los directores de los periódicos La Voz y el Ideal Gallego, el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana y el Decano de la Banca Privada. La participación de las instituciones empresariales era una oportunidad para que la oligarquía económica coruñesa mostrase al Caudillo su competencia organizativa y económica y también su disposición a agradarle. La inclusión de los directores de periódicos garantizaba que la prensa se comprometiera en el éxito de la suscripción. Desde los periódicos se extendían los eslóganes y artículos propagandísticos animando la participación entre la población, pero también se vehiculaban las amenazas y acusaciones que recaerían sobre los que no contribuyeran o los que no lo hicieran ajustándose al nivel de aportación calculado para sus posibilidades económicas. Las amenazas en la prensa se dirigían contra aquellos que, mostrándose reacios a colaborar económicamente con cualquiera de las suscripciones, hacían demostración de “anti-patriotismo.”
La iniciativa para comenzar la suscripción se toma el 27 de abril de 1938. La suscripción empieza a funcionar a mediados del mes de mayo. Tras el paso inicial se pasa a una definitiva fase con la creación de la Junta Provincial Pro Pazo del Caudillo que toma posesión algunos meses más tarde, en diciembre de 1938. Entre sus primeras acciones figura la petición de un préstamo al Banco Pastor de 500.000 pesetas. La jugada financiera consistió en conseguir que el dinero solicitado en préstamo se amortizara con los fondos allegados mediante suscripción popular. En marzo ya se había cursado orden a la prensa de presentar la donación a Franco como residencia veraniega permanente y en abril, el mismo dictador contesta aceptando el generoso obsequio. La ocasión de brindarle al Caudillo una atractiva residencia veraniega era vista como una oportunidad para hacer una demostración de generosidad. Había cierta urgencia, ya que se tenía constancia de otras localidades- Burgos, San Sebastián- que pretendían llevar a cabo propuestas similares. Se trataba de evitar que estas ciudades se adelantaran en la competición por halagar al dictador.
El ensalzamiento del liderazgo carismático de Franco resultó fundamental para estimular las aportaciones en la suscripción. Pronto aparecieron en la prensa coruñesa los argumentos ligados a la propaganda del culto a la personalidad del líder, en este caso la figura del Caudillo- Héroe, que obligado por el cumplimiento de una misión transcendente y superior a sus intereses asume la tarea de salvar la patria en su momento de máximo peligro. El periódico El Compostelano apostaba para que la iniciativa de donación se hiciese al “Caudillo guerrero”, en su condición de “héroe máximo” de “esta Gloriosa Cruzada” para que descansase de su continuo batallar y “a este regalo debe estar vinculada Galicia entera (…) Debe ser Galicia, madre de España la que dé al Jefe del Estado este remanso de paz solariego (…) Debe ser Galicia la pródiga en oraciones y sacrificios, en dádivas, en aportaciones patrióticas (….) su entrega coincidirá, Dios mediante, con la total reconquista Patria” En la misma línea el escritor Wenceslao Fernández Flórez publica un artículo en el ABC, posteriormente repetido en varios diarios gallegos, poniendo la arquitectura del Pazo en relación con las virtudes guerreras del Caudillo, su futuro morador.
Propaganda y exclusión social
Las aportaciones “voluntarias” de donativos económicos, fueron presentadas por la propaganda rebelde como un uso” patriótico del dinero”, una obligación que la retaguardia adquiere con los que están dando su vida por la patria en el frente; unos contribuyen al éxito de la guerra en las trincheras, luchando con sus armas, otros con el arma de sus capitales:
“Los presentes momentos de lucha, exigen de todos los españoles el máximo rendimiento de esfuerzo y sacrificio. Nadie puede permanecer indiferente regateando un apoyo. Todos están obligados a sentirse solidarios y participes en esta gran obra de reconstrucción nacional. Cada cual, desde su puesto, ha de contribuir al triunfo de España. Unos con las armas, otros con las herramientas de trabajo, otros con la inteligencia, otros con los capitales“.
La falta de generosidad es presentada en esta propaganda como una conducta inmoral e inapropiada para alcanzar la victoria. Los soldados que estaban dando su vida por la patria tendrían que contar con el apoyo de una retaguardia dispuesta al sacrificio, había que “sincronizar espiritualmente el frente y la retaguardia”, y esta sincronía es la mejor garantía de victoria. No contribuir económicamente al sostenimiento del esfuerzo bélico, se consideraba una manifestación de anti patriotismo y traición:
“A vosotros los que nadáis en la opulencia (…) España os llama con clamor bélico para que la ayudéis, ¿Cómo?, otorgando con largueza parte de lo que tenéis (…) sed patriotas, sed españoles, que desde ahora sea norma la generosidad.” Qué pasa con los fariseos, los que ponían todo a nuestra disposición el 18 de julio, sepan que la falange no tolera que se traicione a España ocultando fortunas. Sepan que un día la falange sabrá exactamente la conducta de cada cual y no habrá perdón”.
Ceremonias y cultura de la victoria
El contexto bélico en el que se inicia la suscripción es fundamental para entender la presión propagandística ejercida sobre la población. Las suscripciones se engranaban en un ámbito celebratorio construido para potenciar la entrega de dinero. Los días de celebración de las ceremonias patriótico religiosas, especialmente cuando se celebraba la entrada de las tropas franquistas en una localidad importante de la España” roja”, se activaba el sistema de recogida de varias suscripciones y las recaudaciones se disparaban. En las «manifestaciones patrióticas», principal elemento del repertorio de estos actos, plazas y calles céntricas se llenaban con desfiles, himnos patrióticos y acalorados discursos transmitidos por altavoces. El repertorio de actos patriótico religiosos abarcaba, además, cortejos fúnebres de «caídos», misas de campaña, entronizaciones de crucifijos, bendiciones de banderas de combate y procesiones de antorchas. Arquitecturas someras, gigantescos retratos de Franco en las vías públicas, procesiones nocturnas con teas ardiendo, reflectores que rompían la noche y sirenas de barcos sonando, transformaron los entornos urbanos de las ciudades gallegas en espacios persuasivos tomados para el nacional catolicismo. La cooperación de la comunidad en estos actos se espoleaba con locuciones radiofónicas y artículos en prensa.
Las listas públicas de las colectas y suscripciones patrióticas realizadas con posterioridad nos permiten comprobar como las mejores recaudaciones se concentraban en las fechas de estas ceremonias. Se producía un “efecto aluvión” consecuencia de la emocionalidad patriótico- belicista, desatado por la combinación de propaganda en prensa y radio, arquitecturas someras en las calles principales, desfiles militares, cánticos patriótico- guerreros y ceremonias de culto a los héroes caídos en el campo de batalla. En esta constante y ubicuitaria cultura de la victoria, la propaganda y las ceremonias operaban de forma entrelazada. Se precisaba activar la emocionalidad patriótica en la calle para traducirla posteriormente en dinero para la causa. El objetivo no se podía alcanzar sin impregnar el celo emotivo necesario para construir una vinculación psicológica y participativa con los esfuerzos que los militares exigían en la retaguardia. La llamada «tensión patriótica» fue la oportunidad para presentar las donaciones como una obligación transcendente, según la cual unos contribuyen al éxito de la guerra con sus armas en el frente y otros luchan con el arma de sus capitales desde la retaguardia:
“Los presentes momentos de lucha, en los que se forja con dolor una nueva España, exigen de todos los españoles el máximo esfuerzo. Nadie puede permanecer indiferente regateando un apoyo que ahora, más que nunca, se hace exigible. Todos están obligados a sentirse solidarios y participes en esta gran obra de reconstrucción nacional. Cada cual, desde su puesto, ha de contribuir al triunfo de España. Unos con las armas, otros con los capitales. A estos últimos nos dirigimos especialmente para aconsejarles el empleo patriótico del dinero. No se puede privar al ejército, Falange y demás fuerzas que luchan por España, de un apoyo tan necesario, de un arma tan eficaz como el dinero”.
Amenazas
En las fechas de la iniciativa de la ofrenda del Pazo al Caudillo, la sociedad coruñesa ya había dado muestras de cansancio y su respuesta ante el turbión recaudatorio no se ajustaba a los resultados necesarios. La recaudación, que habría de ser, tal y como se decía en la propaganda, la expresión de agradecimiento de un pueblo hacia su Caudillo, pronto dejo de serlo y los argumentos de estímulo positivo fueron desplazados por amenazas y presiones. La idea de que el pueblo manifestaba el amor y el reconocimiento a su Caudillo bajo la forma de una entrega de dinero libre y generosa no tardó mucho en dejar de funcionar.
Las primeras entregas de dinero se plantearon como voluntarias, pero ese carácter desapareció cuando empezaron a usarse las estrategias que algunos historiadores han calificado como «movilización culpable» : un plan de coacciones en tres ámbitos: ya hemos visto el primero de ellos, las campañas propagandísticas presentando las donaciones como obligación patriótica, pero también se recurrió a la obtención de información sobre la posición económica de las personas para calcular su compromiso recaudatorio y, por último: visitas, cartas amenazantes, publicitación en prensa de la identidad de los malos patriotas y multas ejemplarizantes. La facultad de imponer multas por falta de cooperación en las suscripciones era muy amplia, abarcaba a gobernadores civiles y militares, delegados de orden público, comandantes militares de las plazas, alcaldes. Aunque no existiese norma alguna que convirtiese en obligación legal la participación económica en las suscripciones, existen suficientes fuentes documentales para deducir el tipo de presiones y problemas a los que habrían de enfrentarse quienes no cooperasen en la consecución de los objetivos recaudatorias que la junta se había fijado. Las presiones contra los que estando en buena situación económica no contribuían con donativos apropiados a su capacidad económica hizo que la prensa ourensana publicase en La Región del 30 de julio de 1936 una nota advirtiendo que se harían públicas las identidades de estas personas. En los mismos días las advertencias amenazantes se hicieron en la radio, e incluso se procedió a la detención de algunos comerciantes que no habían colaborado con las aportaciones que se esperaban. Desde el verano de 1936 la población coruñesa que era objetivo de la suscripción Propazo tenía suficiente experiencia acumulada sobre estas prácticas, sabían lo que se esperaba de ellos y lo que podría suceder si las expectativas de las autoridades se veían defraudadas.
El mecanismo de estructuración de la maquinaria coercitiva era simple, jerarquizado y eficaz. El gobernador presionaba los alcaldes, advirtiéndoles que sería entregada a Franco una lista con los ingresos realizados por cada municipio y estos trasladaban la presión sobre la totalidad del vecindario. El gobernador de A Coruña que simultaneaba su cargo con la condición de presidente de la Junta se dirigió en varias ocasiones en 1939 a los alcaldes que no habían alcanzado los objetivos recaudatorios marcados. Así lo hace con el regidor de Oleiros al que advierte de forma apremiante la necesidad de ingresar rápidamente las 9.036 pesetas que habían sido atribuidas como objetivo de recaudación al ayuntamiento.
La orden desencadena el temor del alcalde que envía varios escritos a los vecinos. La tarea de obtención de fondos fue la ocasión para que los responsables municipales demostraban a sus superiores que el cargo para el que habían sido designados se ejercía eficazmente y las órdenes dictadas por los que tenían poder para premiar con la concesión de cargos de mayor interés, eran cumplidas. A los alcaldes se les remitieron desde la Junta instrucciones aconsejando que en cada municipio se formaran comisiones de dos o tres personas que visitaran casa por casa a todos los vecinos. Se fijó como objetivo un importe para cada localidad, de esta manera la responsabilidad sobre la recaudación se trasladaba a los regidores municipales dando por hecho que estos presionarían a todo el vecindario para alcanzar la cantidad fijada para su municipio. Los alcaldes fueron auxiliados en esta labor por los sacerdotes de las parroquias, los maestros de escuela y las jefaturas locales de falange. Si la actividad demostrada en estas contribuciones concluía exitosa podía ser mostrada como un servicio más para salir beneficiado en la política de recompensas activada por la dictadura mediante la concesión de cargos en ayuntamientos, diputaciones, gobiernos civiles, delegaciones y en la maraña de organismos vinculados a la administración del Estado tras la finalización de la guerra.
Comprobado que la campaña recaudatoria no daba los resultados deseados la Junta opta por reunirse para buscar otra forma de financiación. La solución encontrada fue solicitar crédito a los bancos locales que habrían de ser pagados mediante un reparto proporcional basado en la capacidad industrial y comercial de cada ayuntamiento. El ayuntamiento adelantaba el fondo a la Junta y si finalmente no lo cubría con la recaudación entre el vecindario tenía que completar el dinero que faltaba echando mano de su propios fondos públicos. La fórmula no funcionó y fue entonces cuando se recurrió al descuento sobre las nóminas de los trabajadores de empresas públicas y privadas.
Mercado del Patriotismo
La adaptación de las conductas de la población a la presión producida por el miedo se extendió por un amplio ámbito que abarcaba los condicionantes a los que los sujetos estaban sometidos cuanto tenían que defender sus intereses económicos, puestos de trabajo, permanecer en sus localidades en compañía de sus familiares, es decir, afectaba al conjunto de iniciativas vitales necesarias para garantizar aspectos básicos de la supervivencia. La experiencia que la población fue acumulando sobre el funcionamiento de los aparatos represivos inhibió la desafección. En este ambiente dominado por el miedo político y el control social la permanente sensación de amenaza fue calificada por algunos historiadores como “efectos no contables de la represión”. El temor creado por la posibilidad de ser incluido en los desafectos fue uno de los estímulos que motivaron la aportación económica a las suscripciones. Esta presión se reforzaba con la generalización de una extendida cultura de la sospecha poltica que amenazaba tácitamente a todo aquel que no evidenciase con la suficiente claridad y compromiso público su posición favorable a la causa alzada.
Los expedientes de defensa de los acusados por los distintos tribunales especiales- penales o administrativos- nos permiten comprobar que las entregas de dinero realizadas por los acusados fueron presentadas a modo de prueba con la que demostrar su adhesión a la causa nacional. Esta práctica se empleó para hacer frente a la amenaza de castigos impuestos por las comisiones depuradoras de enseñanza, de incautación de bienes, los tribunales de responsabilidades políticas y posteriormente los tribunales de represión de la masonería y el comunismo. Se creó de esta forma una extensa red punitiva que proyectó un espectro de amenaza constante frente al cual únicamente cabía ofrecerse como voluntario para ir a combatir al frente o hacer periódicas aportaciones de dinero. El miedo político fue el principal mecanismo activador de estas suscripciones, pero este no afectó únicamente a las personas con un pasado de compromiso republicano, también sirvió de acicate para estimular las aportaciones de esa parte de la población que- amenazada por los mensajes propagandísticos que se referían a ellos como “tibios” o “cínicos”- no deseaba verse incluida en el grupo de los indiferentes.
La población era consciente de que su participación en el «mercado del patriotismo» podía usarse para demostrar «adhesión al movimiento». Los pliegos de descargo de sus expedientes incluyen recibos con entregas de dinero a Auxilio y al resto de las Suscripciones Patrióticas. Estos donativos servían para reducir el tiempo de encarcelamiento, aligerar las sanciones, y en bastantes casos, garantizaban el salvoconducto para exiliarse desde los puertos de A Coruña y Vigo al otro lado del Atlántico. En algunas sentencias dictadas por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de A Coruña se tenían como atenuante las donaciones en metálico. Cuando se trataba de personas de gran capacidad económica, las aportaciones disminuían el castigo impuesto. La misma circunstancia se puede comprobar en los expedientes de depuración de docentes y en los pliegos de descargo redactados por los acusados ante el tribunal de represión de la masonería y el comunismo.
Parte de la población dio por hecho que sus aportaciones económicas serían pruebas suficientes para librarse de las sanciones. Algunos realizaron un esfuerzo notable y sostenido a lo largo del tiempo, llegando incluso a programar todo un plan cronológico de aportaciones sucesivas y dosificadas. El control sobre la participación de la población en las cuestaciones de guerra fue exhaustivo. Los distintos servicios de información dejaban constancia en sus fichas, de las cantidades, fechas y nombres de los aportantes. Los “desafectos” eran perfectamente conscientes del valor de estas contribuciones para librarles de las represalias.
Después de la guerra
Desde 1938 el desánimo comenzaba a extenderse en una población deseosa de ver el final de la guerra, atosigada por las abrumadoras campañas de recogidas de fondos. La disminución de ingresos se atribuía a un «vergonzoso descenso del patriotismo» Se atribuía la culpa al marxismo, a los «enemigos internos». La retórica heroica de esfuerzo colectivo se revelaba ineficaz y los métodos de captación económica producían consecuencias contrarias a las buscadas. Algo estaba fallando en el relato maniqueo Patria/ anti-Patria y, la Cruzada empezaba a perder su impronta mediática para ser cada vez más percibida como una lamentable Guerra Civil sin su inicial capacidad para generar entusiasmo patriótico. Los criterios relativos a la supervivencia personal se imponen progresivamente y antes del final del conflicto bélico empiezan a formar parte de los comportamientos ajenos a los reclamos del patriotismo belicista. Las gamas de conductas intermedias entre la cooperación y el antagonismo, las llamadas «zonas grises» crecían y ello tuvo su lógico reflejo en la bajada de las aportaciones económicas. Ese hartazgo del discurso propagandístico de autoafirmación patriótica se hizo muy evidente al final de la guerra y sus efectos asfixiantes cancelaron definitivamente el interés por la participación en las suscripciones. La guerra había terminado y con ella la eficacia de los mensajes que apuntaban a un solidario compromiso entre la población civil y los frentes de batalla.
Los datos sobre la suscripción del pazo apuntan a una caída de ingresos y terminada la guerra no quedaba más remedio que cancelar la suscripción. La poca productividad de la misma no es la única razón que explica el final de sus funciones. Varias fueron las circunstancias que impidieron que el dinero recaudado resultase suficiente para afrontar el pago de los gastos de la propiedad. Las sucesivas peticiones de mejoras demandadas por los Franco fueron una razón que contribuyo a desbordar la cantidad que la Junta habría de recaudar. El precio de la compra fijado para que los últimos propietarios aceptasen vender la propiedad todavía sigue siendo desconocido, las cifras barajadas son diversas, oscilan entre las 80.000 pesetas que figuran en el Registro de la Propiedad a las 400.000 pesetas, según constan en la prensa del momento. Pero esta cifra se vio desbordada ampliamente en una cantidad muy dificil de determinar. La ampliación de gastos fue consecuencia del efecto combinado de varias razones: las reformas y obras y ampliación de terrenos mediante parcelas incautadas – cerca de 30.000 m2- los salarios de los más de 300 obreros que llegaron a estar trabajando en la propiedad realizando obras de reforma, acondicionamiento y ampliación. La presión ejercida por la esposa del dictador fue constante. La mujer del caudillo en los sucesivos viajes realizados a Coruña fue consiguiendo la construcción de un muro de piedra, la incorporación a la propiedad de terrenos limítrofes, canchas deportivas, una casita de ocio para los juegos infantiles, la red de abastecimiento de aguas e incluso costosos elementos ornamentales para el jardín y las obras para facilitar el acceso por una carretera que acabo siendo privada. Todas sus apetencias y encaprichamientos fueron acrecentando el monto total y los gastos se vieron ampliados a medida que la finca era visitada por la esposa del caudillo.
A finales de 1939 se pone fin a la Junta y se liquidan las deudas contraídas. Hay que tener en cuenta que al final de la guerra la imposición de racionamiento de los productos alimentarios también hizo necesario orientar la propaganda hacia la neutralización de los disgustos de la población que padecía la escasez del recién impuesto racionamiento, el aumento de precios y las dificultades de abastecimiento de los productos alimentarios. Según la idea central de la propaganda del momento, Dios se valía del sufrimiento para castigar a una Nación que durante la República se había desviado del recto camino de su historia cristiana. En este contexto de estímulo de la resignación cristiana y aceptación patriótica de las carencias no resultaba encajable la petición de dinero para comprar una noble residencia veraniega para el Caudillo, especialmente cuando desde las distintas instituciones se hacían frecuentes llamadas para evitar publicar noticias que tuvieran que ver con la vida lujosa y la ostentación
El texto es una revisión y adaptación del articulo “El Pazo de Meirás y el “Mercado del Patriotismo “en Galicia”, publicado el 28 de enero de 2020 en Conversación sobre la Historia.
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