El Instrumento de Protección de la Transmisión (TPI): un nuevo instrumento de dominio para el Banco Central Europeo

El objetivo de este instrumento es paliar los efectos derivados del encarecimiento del coste del endeudamiento sobre la financiación de los estados europeos más vulnerables, intentando evitar el incremento de las primas de riesgo.

Por Mario del Rosal y Javier Murillo

El Banco Central Europeo (BCE) anunció la semana pasada la puesta en marcha del Instrumento de Protección de la Transmisión (TPI, por sus siglas en inglés) como una herramienta complementaria al incremento del tipo de interés oficial, que pretende facilitar su implementación. Representaría el precio que han asumido los denominados países “frugales” para imponer una política monetaria dura, incrementando los tipos al 0,5% en lugar del 0,25% esperado. Más allá de la eficacia que puede tener la subida de tipos para neutralizar el proceso inflacionario, cuyas causas se encuentran fundamentalmente en el encarecimiento energético y los problemas de desabastecimiento, pasemos a analizar el TPI a partir de la escasa información que ha ofrecido el BCE sobre su funcionamiento. Hasta ahora, lo único que ha trascendido, además de la información ofrecida en la rueda de prensa en la que la presidenta de la institución anunció su instauración, es una nota de prensa con la información básica [1].

El objetivo de este instrumento es paliar los efectos derivados del encarecimiento del coste del endeudamiento sobre la financiación de los estados europeos más vulnerables, intentando evitar el incremento de las primas de riesgo [2]. Es uno de los ejes en torno al que se sustenta el denominado plan antifragmentación de la eurozona, proyectando así la idea de que se pretende reforzar la cohesión interna del proyecto de integración atendiendo a las necesidades de cada uno de sus miembros. Para ello, el BCE se compromete a adquirir bonos en los mercados secundarios ante un crecimiento de las primas de riesgo que considere excesivo, eventualidad que resulta factible ya que el simple anuncio del fin del programa de compras de títulos de deuda pública provocó, de manera inmediata, la escalada del rendimiento del bono español a diez años hasta el 3% y del italiano hasta el 4%.

La necesidad de poner en marcha un fondo de este tipo viene explicada por las singularidades que definen el diseño del BCE. En primer lugar, la eurozona no dispone de una agencia fiscal centralizada encargada de la emisión de títulos de deuda propios, lo que abre la posibilidad de que cada uno de los Estados miembros remunere sus títulos de deuda con diferentes rendimientos. Además, el tratado fundacional del BCE impide la compra de títulos de deuda en el mercado primario: el soporte que ha ofrecido la autoridad monetaria a la deuda pública hasta ahora ha sido a través de los mercados secundarios. Y así seguirá siendo, ya que el TPI no implica ningún cambio en este sentido. Por lo tanto, se mantiene ese espacio de rentabilidad para la banca en detrimento de los intereses de los propios Estados.

Fuente: tradingeconomics.com

Por el diseño de este instrumento, así como por la forma usada para anunciarlo, se pretende emular el efecto que tuvo el famoso whatever it takes de Mario Draghi en el año 2012: el anuncio de que el BCE haría todo lo necesario para salvar el euro, saltándose sus rígidos principios de funcionamiento, sirvió para frenar los ataques especulativos sobre los títulos de deuda pública de los estados periféricos en ese momento. Por este motivo, se ha acelerado la presentación de la puesta en marcha de este instrumento sin que aún se haya transmitido información precisa sobre algunos de los detalles que se consideran fundamentales, como puede ser la cuantía del fondo[3].

No obstante, lo que si ha trascendido es la condicionalidad de la asistencia financiera. Lo que no es una casualidad, sino que obedece a la verdadera naturaleza del proceso de integración: someter el bienestar de la mayoría social a las necesidades de rentabilidad del capital. Las economías potencialmente beneficiarias del TPI deben cumplir con una serie de requisitos: en primer lugar, deben cumplir con el marco de disciplina fiscal impuesto por la UE y, por lo tanto, no estar sometido a un procedimiento de déficit excesivo [4]; ausencia de desequilibrios macroeconómicos severos; mantenimiento de niveles sostenibles de deuda pública e implementación de políticas macroeconómicas sólidas, en la línea de lo recogido en los Planes de Recuperación y Resiliencia.

Por lo tanto, se consolida el formato de condicionalidad ex ante que el FMI lleva manejando desde hace años: para que uno de los Estados sea elegible tiene que estar en el listado de países que respetan el marco definido por los anteriores requisitos, que queda definido para satisfacer los intereses del capital. Y de este modo se blinda el marco de gobernanza de las instituciones comunitarias que constriñe, de manera cada vez más opresiva, el margen de autonomía del que disponen los Estados miembros para diseñar sus programas de política económica.

Este escenario de subordinación no es nuevo, sino que responde a un proceso que se inicia hace décadas cuando se tienen que cumplir una serie de condiciones para participar, primero, en el mercado único y, después, en la integración monetaria. No obstante, desde el estallido de la crisis de 2008 se ha recrudecido. La implementación del denominado Semestre Europeo, supuestamente en aras de mejorar la coordinación en los programas de política económica de los Estados miembros, ha estrechado su soberanía nacional: los presupuestos públicos deben contar con el beneplácito de las instituciones comunitarias [5] y se deben presentar propuestas de reformas tanto de carácter laboral como sobre los sistemas de protección social a partir de las directrices que emanan de las instituciones comunitarias -materializadas, desde el estallido de la pandemia, en los Planes de Recuperación y Resiliencia.

Pero el sometimiento frente a las instituciones comunitarias no se limita al respeto a este restrictivo marco, sino que es el BCE el que se reserva el poder de elegir a los potenciales beneficiarios del TPI, en aquellos países que experimenten un deterioro de las condiciones financieras que no estén justificadas por las denominadas variables macroeconómicas fundamentales. Por lo tanto, el BCE refuerza su poder al decidir de manera unilateral cuáles serán los países merecedores de recibir el amparo del TPI, intensificando la presión que puede ejercer sobre los gobiernos nacionales. Y se recoge la posibilidad que, una vez activado el programa, puedan llegar a paralizarse las compras si se considera que el deterioro de la prima de riesgo no se corresponde con las medidas de política monetaria puestas en marcha, sino con desequilibrios asociados a estas variables. Otro elemento preocupante es que el TPI contempla la posibilidad de que el BCE adquiera títulos de empresas privadas en los mercados secundarios, lo que representa un trasvase directo de recursos públicos hacia los grandes capitales oligopólicos.

De este modo, se refuerza el poder de esta institución, que no está sometida a ningún tipo de control democrático [6] y cuyo proceso interno de toma de decisiones es completamente opaco. Por lo tanto, el funcionamiento del TPI responde a una lógica peligrosa para los Estados miembros: para poder ser potenciales beneficiarios de la protección que ofrece el BCE frente a los ataques especulativos deben someterse a la férrea disciplina de las instituciones comunitarias, cuya actuación queda guiada por la recuperación de las condiciones de rentabilidad en detrimento de los intereses de la mayoría de la población. Bajo este marco de dominio ya han auspiciado procesos de desregulación laboral y recortes del componente social del gasto público que han dibujado un escenario de regresión social en las economías europeas. El TPI, lejos de representar una alternativa favorable a los intereses de los pueblos europeos supone una nueva vuelta de tuerca en el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora europea.


[1]    Puede consultarse aquí

[2]    Se entiende la prima de riesgo de un país como el diferencial en el rendimiento de un título de deuda pública emitido por ese Estado respecto al que remunera el Estado alemán.

[3]    Aunque de momento no se ha conseguido el efecto esperado: tras el anuncio, las primas de riesgo que  que venían disparadas han seguido creciendo -después de una semana, la italiana se ha incrementado en un 2%.

[4]    Cabe recordar que las normas fiscales se encuentran suspendidas temporalmente como consecuencia de la recesión que azota a las economías europeas desde el estallido de la pandemia, aunque se mantiene el compromiso de recuperarlas una vez que se haya superado.

[5]   Recordemos que en 2018 rechazaron el presupuesto italiano por no atenerse a las directrices establecidas.

[6]  Según el artículo 130 del Tratado Fundacional de la UE “ni el Banco Central Europeo, ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, ni de los Gobiernos de los Estados miembros, ni de ningún otro órgano”.

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