Estado moderno y absolutismo
El Estado moderno en la Europa de los siglos XVI y XVII se caracterizaba por una concentración de poder político favorecido por las monarquías gracias al ejército profesional, la burocracia y la fiscalidad, y en detrimento de las estructuras feudales. Pero esta definición tradicional de Estado moderno ha sido cuestionada en los últimos años, básicamente, en dos aspectos: la centralización de poder y las relaciones antagónicas entre el feudalismo y el Estado moderno.
La centralización de los poderes políticos en los gobernantes monárquicos no fue posible ya que estos necesitaban el apoyo de las clases privilegiadas para extender y reforzar su autoridad. Por lo tanto, podemos afirmar que los monarcas no tenían un poder absoluto y que el Estado moderno estaba subordinado a la aristocracia, sobre todo en el ámbito local y provincial, y a la burguesía, con importante representación burocrática y en las Cortes, y que, además, financiaba los gastos de la monarquía. A su vez, el monarca, en compensación, los protegía contra la nobleza y el proletariado industrial. Incluso, a algunos de ellos les confería el estatus social de noble, que era la meta de sus ambiciones.
En realidad, las relaciones entre el Estado moderno y los señores feudales fueron más colaborativas que antagónicas ya que ambas partes salían beneficiadas. Por un lado, los nuevos príncipes requerían de los efectivos militares de los señores feudales para conformar su ejercito real y la nobleza recibía puestos de poder y sustanciosos beneficios a cambio.
El absolutismo consiste para el soberano en la falta de control sobre su actuación y esto no tenía cabida en un Estado moderno donde los gobernantes estaban limitados por una serie de doctrinas políticas —conocidas como constitucionalismo, pactismo o contractualismo— que restringían su poder justamente para evitar un posible abuso del mismo y, también, por otras instituciones políticas como las cortes estamentales que reflejaban las discrepancias entre el rey y el reino.
Los rasgos distintivos del Estado moderno fueron la autonomía y la consolidación del propio estado, así como un absolutismo debilitado por un ejercito real supeditado a las estructuras feudales, una burocracia poco eficaz y una fiscalidad que apenas controlaba el enorme gasto generado por el mantenimiento militar.
Estado moderno y monarquías compuestas
Inicialmente, imperios y monarquías eran agregados dinásticos en los que el monarca gobernaba formas políticas que conservaban cierta autonomía, manteniendo sus propias leyes, sus instituciones, su fiscalidad, etc. Por esta razón, la articulación de la centralización de poder de estos agregados dinásticos era débil y facilitó la aparición de monarquías compuestas mediante la confianza y colaboración de las clases dirigentes locales y provinciales leales a la Corona, que garantizaban la fidelidad del pueblo para con el rey.
Esta carencia de centralización de poder limitó la libertad absoluta del poder monárquico para establecer leyes. El monarca intervenía mediante la formación de gobiernos paralelos que lideraban sus representantes, cuyo poder y margen de acción también estaban supeditados a las leyes y libertades de cada territorio.
Para ilustrar lo dicho, podemos poner el ejemplo de la Corona francesa donde la nobleza provincial tuvo mucha más influencia que los oficiales reales a la hora de establecer y mantener lealtades hacia la monarquía. Otro ejemplo representativo de la descentralización de poder fue la monarquía hispana que lejos de suprimir las diferentes leyes locales de sus vastos y espaciados dominios, las mantuvo bajo la supervisión de la figura del virrey, también, con poderes limitados.
Estado moderno y las revueltas de la tierra
Los relevantes y frecuentes levantamientos provinciales que tuvieron lugar a mediados del siglo XVII en Europa, conocidos como rebeliones de la tierra, fueron provocados, por las clases dirigentes locales, en un principio acordes con el Estado moderno, pero sobre todo por las clases sociales intermedias formadas por juristas, mercaderes y eclesiásticos. Ambas, temerosas de perder influencia y privilegios, no dudaron en enfrentarse a la Corona propiciando las revueltas.
Los rebeldes apelaron a un patriotismo político o constitucional representativo de los privilegios o libertades locales que la centralización de poder amenazaba con arrebatarles. Estas rebeliones del reino o de la tierra, aunque ocurridas en diferentes períodos y lugares de Europa, poseían un mismo elemento desencadenante: las presiones materiales (fiscales, militares y políticas). Por su parte, los sublevados llevaron hasta el último extremo las ideas derivadas del constitucionalismo en su afán por mantener las relaciones existentes entre la comunidad y el poder político central, para salvaguardar, así, sus derechos y libertades.
La rebelión de los Países Bajos, ocurrida a mediados del siglo XVI, estalló a raíz de las presiones fiscales centralizadoras que ocasionaron el descontento del pueblo llano, así como el de las élites provinciales, todo ello agravado, además, por las tensiones originadas por la Reforma y que acabó con la instauración de una nueva nación: Provincias Unidas (la futura Holanda). Ya a mediados del siglo XVII, la rebelión antiespañola de Nápoles provocada por las clases populares y dirigida hacia la nobleza napolitana –con grandes beneficios fiscales– más que al rey; la dels segadors en Cataluña, en contra de los numerosos asientos militares del monarca hispano; la de Portugal que ocasionó su secesión, separándose de la monarquía hispánica; y la revolución y guerra civil de Inglaterra, que culminó con la muerte del rey Carlos I y el inicio de la Commonwealth encabezada por Cromwell, son claros ejemplos de este tipo de rebeliones.
En conclusión, las rebeliones de la tierra tenían como bandera un patriotismo constitucional donde se fomentaban los valores democráticos y el bien común más que los vínculos culturales. Es conveniente subrayar el carácter patriótico de estas rebeliones referido a unas leyes y libertades propias de un territorio, así como al constitucionalismo. Todo ello de obligada defensa para los insurgentes, y que no debemos confundir ni asociar al nacionalismo actual, tal y como lo conocemos hoy, que hace referencia a la defensa de una cultura, una lengua o un territorio.
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