El caso ha generado tensiones políticas: Sánchez lo califica de ‘acoso’ de la derecha, mientras la oposición exige transparencia.
Por Redacción NR | 30/09/2025
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, se encuentra bajo investigación judicial desde abril de 2024 en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, a cargo del juez Juan Carlos Peinado. El caso se originó por una denuncia de la asociación Manos Limpias (con vínculos a la extrema derecha), basada en reportajes periodísticos que alegaban irregularidades en sus actividades profesionales.
La investigación se ha fragmentado en varias piezas separadas, centradas en presuntos delitos relacionados con el uso de su influencia como cónyuge del presidente en ámbitos académicos, empresariales y públicos. La Fiscalía y la defensa de Gómez han cuestionado repetidamente la actuación del juez por su amplitud y presunta motivación política, recurriendo varias decisiones ante la Audiencia Provincial de Madrid, que ha limitado algunas líneas de investigación (como la relacionada con el rescate de Air Europa en 2020, excluida por falta de hechos nuevos en mayo y octubre de 2025).
Principales acusaciones
Las imputaciones contra Gómez han evolucionado y se han ampliado a lo largo de la instrucción. Inicialmente se centraban en dos ejes (tráfico de influencias y corrupción en los negocios), pero en agosto de 2025 se añadió una tercera pieza por malversación de caudales públicos. Las acusaciones populares (como Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa) han impulsado la expansión del caso, mientras que la Fiscalía considera insuficientes las pruebas en varias líneas.
Tráfico de influencias y corrupción en los negocios
Se investiga si Gómez utilizó su posición para favorecer al empresario Juan Carlos Barrabés, socio en una Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM, creada en 2020). Incluye presuntas cartas de recomendación firmadas por ella para que empresas de Barrabés obtuvieran contratos públicos (como con Red.es, que adjudicó 620.000 euros en 2021), y gestiones para patrocinios de la cátedra (al menos 15 empresas contactadas). También se explora un posible desvío de un programa de la UCM (Intrusismo profesional).
La investigación está en curso. Un informe de la UCO (Guardia Civil) del 28 de septiembre detalla correos de la asesora de Gómez gestionando patrocinios, pero la Fiscalía ve indicios débiles. Gómez ha declarado que las cartas fueron solicitadas por la UCM y niega favoritismos.
Malversación de caudales públicos
Se acusa a Gómez de haber utilizado a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez (contratada en 2018 con fondos públicos, salario bruto de unos 52.000 euros anuales), para tareas privadas relacionadas con la cátedra de la UCM y gestiones personales (como «favores» en eventos o adendas con patrocinadores como Mercadona). Se basa en 121 correos electrónicos entre Álvarez y la UCM, y en la «amistad personal» entre ambas mujeres, que habría influido en la contratación vía la Secretaría de Estado de Presidencia (entonces dirigida por Félix Bolaños). También se investiga al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por su rol en la contratación.
El 24 de septiembre, Peinado transformó esta pieza en procedimiento para juicio ante jurado popular (9 ciudadanos), citando «verosimilitud» de los hechos. Gómez, Álvarez y Martín fueron citados el 27 de septiembre para concretar imputaciones, pero solo acudieron sus abogados; la defensa y Fiscalía piden archivo (ninguno es funcionario público, según ellas). Las acusaciones populares reclaman citar a Sánchez y Bolaños como testigos. Peinado decidirá en días si archiva o abre juicio oral.
Otras líneas excluidas o pendientes
Inicialmente se investigó su rol en el rescate público de Air Europa (Globalia, 475 millones de euros en 2020), con alegatos de que Gómez medió vía Javier Hidalgo (ex-CEO). Una querella nueva de Manos Limpias (22 de septiembre) reabrió esto por tráfico de influencias, pero la Audiencia lo excluyó por falta de motivación judicial. También se solicitó (sin éxito) declarar al comisionista Víctor Aldama (caso Koldo) por un posible préstamo relacionado.
Contexto y repercusiones
Gómez ha declarado en cinco ocasiones (la última el 10 de septiembre de 2025, limitándose a responder a su defensa y negando malversación). Ha aportado correos para demostrar que actuó por indicación de la UCM y que Álvarez solo hizo «gestiones puntuales» como favor. El caso ha generado tensiones políticas: Sánchez lo califica de «acoso» de la derecha, con impacto en su coalición de gobierno. La oposición (PP y Vox) exige transparencia, mientras la Fiscalía Anticorrupción y la Europea supervisan aspectos de contratos públicos. No hay condena firme; todo depende de si Peinado eleva a juicio oral, susceptible de recurso. El proceso podría extenderse meses o años.
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