No hay una voluntad política en España para una solución estructural en vivienda: se pretende regular lo justo para contener el conflicto social, pero no se toca la lógica de fondo.
Por Javier Siscart | 2/10/2026
La presión en las calles de Madrid se intensifica este viernes 2 de octubre, horas antes de que el Congreso vote la convalidación de los dos decretos de vivienda aprobados esta semana por el Gobierno. El Sindicato de Inquilinos de Madrid, junto a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, ha convocado una marcha desde la Puerta del Sol hasta el Congreso para exigir que las medidas salgan adelante. La salida está prevista en torno a las 10:00 desde la acampada que lleva varios días instalada en Sol, y la concentración frente a la Cámara, hacia las 11:00, coincidiendo con el pleno.
El origen inmediato de la movilización es sobre los decretos que recogen, entre otras medidas, límites al desahucio de personas en situación vulnerable y la renovación automática de los contratos de alquiler. Para los convocantes son un mínimo; para buena parte del arco parlamentario, demasiado.
La votación llega con el resultado casi cantado. El PP, Vox y UPN ya habían anunciado su rechazo. A ellos se ha sumado Junts, que ha dicho que votará en contra si el Ejecutivo no retira los textos. Con ese bloque, las cuentas apuntan a una mayoría de ‘noes’ frente a los ‘síes’ de PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, Compromís y BNG. El dispositivo policial en torno al Congreso —restricciones en Carrera de San Jerónimo, Cedaceros y Zorrilla, y un despliegue de varios cientos de agentes— da la medida de la tensión que el propio Parlamento anticipa.
Lo que se discute hoy no es solo el destino de dos decretos. Es el margen real que el sistema político está dispuesto a conceder frente a un mercado de la vivienda que funciona como activo financiero. Los partidos que sostienen el no —y, en el fondo, también buena parte de los que sostienen el sí— administran el mismo marco: un Estado que regula lo justo para contener el conflicto social, pero que no toca la lógica de fondo. La vivienda sigue tratada como mercancía, el suelo y el parque residencial como reserva de rentabilidad, y el alquiler como flujo de renta para fondos, grandes tenedores y propietarios con capacidad de especular.
De ahí que no aparezca voluntad política para una solución estructural. Limitar un desahucio o prorrogar un contrato puede aliviar casos concretos; no altera la escasez inducida, la financiarización del parque ni el interés del gran capital en mantener precios altos. Hacerlo exigiría intervenir de verdad la propiedad, el uso del suelo y la capacidad de los fondos de extraer renta. Eso choca con quienes viven de esa extracción y con las fuerzas que, desde el Gobierno o desde la oposición, se dedican a gestionar el capitalismo y a proteger sus condiciones de reproducción.
La marcha de Sol al Congreso deja ese desajuste a la vista: presión popular en la calle, votación cerrada dentro, y un Parlamento que puede tumbar incluso medidas de mínimos cuando amenazan, aunque sea de forma parcial, el negocio de quienes especulan con el techo. Pase lo que pase en el hemiciclo, la acampada y el sindicato ya han anunciado que la movilización no se detiene en esta votación.
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