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Las asociaciones de periodistas lo consideran un ataque directo a la libertad de prensa y una práctica incompatible con el Estado de Derecho.
Por Marta Vital | 9/09/2026
El Ministerio del Interior español elaboró un dosier secreto que clasifica a 280 periodistas y tertulianos por su ideología. La filtración, adelantada por El Confidencial, revela un documento de 54 folios titulado Tertulianos. Radio y Televisión, confeccionado en 2024 por la Oficina de Comunicación del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Incluye fichas con fotografía, trayectoria profesional y valoraciones como “apoya al Gobierno”, “reconocido anti-sanchista”, “tendencia conservadora”, “afín al PSOE”, “ideología radical de derechas” o “crítico con la amnistía”.
El documento lleva el membrete oficial del Ministerio y de su Oficina de Comunicación. No se limita a periodistas que cubren Interior, Policía o Guardia Civil: abarca directores de medios, columnistas, tertulianos de radio y televisión, y responsables de asociaciones profesionales como FAPE, APM y APP. Entre los incluidos figuran el director de El Confidencial, Nacho Cardero, y periodistas de ese medio que han publicado exclusivas sobre presunta corrupción en el entorno de Pedro Sánchez.
Un hecho incompatible con una democracia consolidada
Clasificar a profesionales de la información según su adscripción política o su actitud hacia el Gobierno no es un “documento de trabajo” inocuo. Es un fichero ideológico elaborado por un ministerio con competencia sobre las fuerzas de seguridad, acreditaciones, acceso a fuentes y trato institucional. Las asociaciones de periodistas lo han denunciado con claridad: FAPE y APM lo consideran un “ataque directo a la libertad de prensa” reconocida en el artículo 20 de la Constitución y una práctica “incompatible con el Estado de Derecho”. Introducir un elemento de vigilancia y potencial represalia sobre quienes informan atenta contra el ejercicio libre del periodismo y el derecho de los ciudadanos a una información no condicionada.
El Ministerio ha reconocido la existencia del dosier, lo ha calificado de “documento informativo de carácter interno” y ha pedido disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos. Grande-Marlaska lo ha reducido a un instrumento “para mejorar la eficacia” de la comunicación ministerial y ha asegurado que no se filtra información ni se trata de forma desigual a los periodistas. Moncloa ha avalado esa explicación. Incluso voces del PSOE, como Patxi López, han dicho que no les gusta “absolutamente nada ninguna lista” que clasifique a nadie por ideología.
La justificación no desactiva la gravedad. El propio documento se elaboró pese a reticencias internas de funcionarios que lo consideraron inconstitucional. Se pidió secreto. Se añadieron fotos. Se valoraron opiniones sobre la amnistía, el independentismo o la afinidad con Sánchez, asuntos ajenos a las competencias propias de Interior.
¿Cuál es el objetivo de elaborar estas listas?
La explicación oficial es consultiva: conocer quién cubre qué temas para comunicar “de forma más eficaz”. En la práctica, un ministerio que etiqueta a periodistas como “afines”, “críticos”, “anti-sanchistas” o “de extrema derecha” está construyendo un mapa de lealtades. Ese mapa permite, como mínimo, anticipar el tono de las informaciones, seleccionar interlocutores y calibrar el relato institucional. Cuando la institución que elabora el mapa tiene poder sobre acreditaciones, ruedas de prensa y filtraciones, la frontera entre “conocer el mapa mediático” y “gestionar el mapa mediático” se vuelve muy fina.
No hace falta que exista una orden explícita de censura para que el efecto sea disuasorio. El periodista sabe que alguien en Interior ha leído sus artículos y los está monitoreando. Eso altera el equilibrio de poder entre el ejecutivo y quienes deben controlarlo.
¿Se pretende controlar un relato? ¿Se busca control sobre la prensa?
Controlar el relato no siempre consiste en prohibir una noticia. Consiste en saber de antemano quién la va a contar, con qué encuadre y con qué grado de hostilidad. Un dosier que distingue entre quienes “apoyan al Gobierno” y quienes son “reconocidos anti-sanchistas” facilita precisamente esa operación: dirigir mensajes, dosificar información y, si llega el caso, marginar voces incómodas sin necesidad de una orden escrita.
La pretensión de control sobre la prensa no requiere un ministerio de Propaganda. Basta con que el Estado, a través de uno de sus departamentos más sensibles, catalogue ideológicamente a quienes informan. En sistemas autoritarios esas listas se llaman ficheros; en democracias se disfrazan de “documentos internos de trabajo”. El resultado es el mismo: el periodista deja de ser un profesional autónomo y pasa a ser un perfil evaluado.
El Gobierno insiste en que no ha habido trato diferenciado desde 2024. Eso no responde a la pregunta de por qué se hizo. Tampoco explica por qué se incluyeron valoraciones políticas sobre temas ajenos a Interior ni por qué se pidió que el documento no saliera nunca de la oficina. La existencia misma del fichero ya constituye el escándalo. En una democracia, el Ministerio del Interior está para garantizar el orden y los derechos, no para elaborar listas de periodistas según su ideología.
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