El Régimen del 78 es un sistema bipartidista corrupto y podrido que ha normalizado el uso partidista de los aparatos del Estado.
Por Javier Siscart | 7/07/2026
El llamado Régimen del 78 —ese sistema bipartidista nacido de la Transición que ha gobernado España durante casi cinco décadas— se caracteriza por una alternancia en el poder entre el PSOE y el PP que, lejos de fortalecer las instituciones, las ha convertido en herramientas al servicio de sus respectivas facciones. Cuando uno de los dos partidos ocupa La Moncloa, no duda en movilizar ministerios, cuerpos policiales, Fiscalía o altos cargos de la Administración para atacar al adversario, proteger sus propios escándalos o, directamente, obstruir investigaciones judiciales que les afectan.
No se trata de casos aislados ni de “manzanas podridas”. Es un patrón sistémico que revela un régimen corrupto y podrido hasta la médula, donde las instituciones del Estado dejan de ser neutrales para convertirse en armas arrojadizas en la guerra sucia entre las dos grandes maquinarias partidistas.
Uno de los ejemplos más claros es la Operación Kitchen (2013-2015), desarrollada bajo el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. El Ministerio del Interior, entonces dirigido por Jorge Fernández Díaz, puso en marcha una operación policial clandestina —con la participación de comisarios como José Manuel Villarejo— cuyo objetivo era sustraer documentación sensible a Luis Bárcenas, extesorero del PP, mientras este estaba en prisión.
Los papeles que se pretendía “cocinar” (de ahí el nombre) comprometían directamente a altos cargos del partido, incluido el propio Rajoy. Se utilizaron fondos reservados, se pagó a un chófer con dinero público y se desplegó todo el aparato del Estado para proteger al partido gobernante de las consecuencias de su propia corrupción en el caso Gürtel.
Investigaciones judiciales posteriores confirmaron que no se trataba de policías “independientes”, sino de una operación política dirigida desde el propio ministerio. El Estado, en manos del PP, se usó como escudo y como arma contra quien podía dañar al partido.
Trece años después, con el PSOE en el poder, el esquema se repite con roles invertidos. El caso Leire Díez (también conocido como caso Fontanera o cloacas del PSOE), investigado por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, destapa una presunta trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con Leire Díez como pieza ejecutiva clave.
Según los informes de la UCO y el sumario judicial, esta estructura habría utilizado fondos del partido (camuflados a través de consultoras y despachos) para obtener información reservada, contactar con investigados, fiscales y mandos policiales, y sabotear activamente las investigaciones judiciales que afectaban al PSOE y al entorno del presidente Pedro Sánchez (casos relacionados con Begoña Gómez, David Sánchez o José Luis Ábalos, entre otros).
Leire Díez mantuvo al menos tres reuniones con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a la que instó a abrir “investigaciones internas” contra agentes de la UCO que estaban trabajando en causas contra el PSOE. Hubo mensajes de WhatsApp, borrados posteriores y una clara intención de interferir en procedimientos judiciales en curso. La UCO llegó incluso a registrar la sede federal del PSOE en Ferraz durante la investigación.
El círculo se cierra con la reciente imputación de Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, y de su número dos, el teniente general Manuel Llamas. El juez les ha imputado por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia precisamente en el marco del caso Leire.
Según las pesquisas, la cúpula de la Guardia Civil habría actuado para tapar o entorpecer las investigaciones contra el entorno socialista, siguiendo las indicaciones de la trama. Una directora nombrada por el Gobierno del PSOE habría puesto el instituto armado al servicio de la protección partidista.
El mismo cuerpo que investiga la corrupción del PSOE es, presuntamente, utilizado por sus propios dirigentes para sabotear esas mismas investigaciones.
Un régimen que se devora a sí mismo
Estos casos no son excepciones. Son la prueba de que tanto el PP como el PSOE, cuando tienen acceso al poder, instrumentalizan las instituciones del Estado: Policía Nacional y Guardia Civil;
Ministerio del Interior; Altos cargos nombrados a dedo; e intentos de influencia sobre fiscales y jueces.
El objetivo siempre es el mismo: atacar al rival cuando conviene o blindarse cuando las cloacas amenazan con salpicarles. Mientras tanto, el ciudadano asiste a un espectáculo degradante donde la justicia parece depender más del color del Gobierno que de la ley.
El Régimen del 78 no es una democracia consolidada. Es un sistema bipartidista corrupto y podrido que ha normalizado el uso partidista de los aparatos del Estado. Kitchen cuando manda el PP. Leire y la imputación de la directora de la Guardia Civil cuando manda el PSOE. Dos caras de la misma moneda.
Mientras esta dinámica continúe, mientras las dos grandes facciones sigan tratando al Estado como su propiedad privada y no como un bien común, España seguirá atrapada en un círculo vicioso de corrupción, impunidad y degradación institucional.
El problema no es solo Sánchez o Feijóo. El problema es el propio Régimen del 78. Y hasta que no se rompa este modelo de alternancia corrupta, las instituciones seguirán siendo rehenes de las guerras de partido.
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