El resultado es un sistema perverso en el que la respuesta del Estado queda delegada en actores privados que obtienen financiación pública en función del número de casos.
Por Sergio Meneses | 20/08/2026
El pasado 30 de julio, miles de personas cruzaron irregularmente a Ceuta desde Marruecos. La mayoría regresó, pero miles permanecen todavía allí. El Gobierno estima hasta unos 2.500 menores y otros 2.500 potenciales solicitantes de asilo o protección internacional. Mientras la ciudad se satura, se habilitan plazas temporales y se movilizan recursos de emergencia, el sistema revela su verdadera naturaleza.
En España, la acogida de solicitantes de protección internacional y la atención humanitaria a migrantes no la gestiona directamente el Estado. Se externaliza masivamente a entidades del tercer sector mediante subvenciones, contratos y el mecanismo de “acción concertada”. Estas ONG reciben fondos públicos estatales (y europeos) por plaza y día, con tarifas que pueden alcanzar rangos elevados según el tipo de atención. Los presupuestos anuales del sistema se miden en cientos de millones de euros. Organizaciones como Cruz Roja, CEAR, Accem y otras son las principales beneficiarias. En Ceuta se han activado partidas de emergencia (varios millones canalizados, por ejemplo, a través de Cruz Roja) precisamente para gestionar la atención de estas personas.
Aquí reside el problema estructural. Cuantas más llegadas y más solicitudes de asilo o protección internacional se tramiten, más plazas hay que gestionar y más dinero público fluye hacia estas entidades. Miles de plazas equivalen a decenas de millones de euros. No se trata de una coincidencia: el modelo crea un incentivo perverso. Las ONG, aunque formalmente no lucrativas, dependen de estos volúmenes para sostener estructuras, personal y operaciones. En la práctica, su supervivencia institucional está ligada al mantenimiento y ampliación del flujo de personas a las que atienden.
En Ceuta se observa con claridad. Mientras los inmigrantes reclaman asilo, las ONG despliegan equipos, orientan hacia la protección internacional y advierten sobre derechos. Esta labor, presentada como puramente humanitaria, se alinea con la lógica de maximizar las plazas gestionadas. El resultado es un sistema en el que la respuesta del Estado queda delegada en actores privados que obtienen financiación pública escalada al número de casos. Se trata de un entramado que captura recursos públicos y diluye la responsabilidad directa de la Administración.
Este modelo debería ser desmantelado. La gestión de la acogida, el triaje, la tramitación de asilo y la atención humanitaria en situaciones de crisis fronteriza debe ser asumida por el Estado bajo criterios estrictamente públicos, transparentes y no lucrativos. Solo así se elimina el conflicto de intereses, se recupera el control sobre las fronteras y los procedimientos, y se evita que la respuesta humanitaria se convierta en un negocio de plazas subvencionadas. La crisis de Ceuta no es solo un problema de llegadas: es la demostración de que el actual sistema de externalización genera distorsiones y debilita la soberanía del Estado en una cuestión crítica.
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