Carrero Blanco, ministro naval

Por Daniel Seijo 

“Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí”

Martin Niemoeller

La Audiencia Nacional acaba de condenar a un año de prisión y a siete de inhabilitación absoluta a la compañera Cassandra por 13 mensajes sobre el gerifalte franquista Carrero Blanco, asesinado por ETA en 1973. La Justicia española ha considerado que los mensajes lanzados por Cassandra en su cuenta de la red social Twitter suponen desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta a las personas que han sufrido el terrorismo y a sus familiares. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en una sentencia, fechada el martes 29 de marzo, abre así un peligroso precedente para una sociedad que dice considerarse democrática. El mismo país que durante años se ha llenado la boca con hipócritas discursos para exigir libertad de expresión en países como Venezuela o Ecuador, y que quiso hacer ver al mundo su solidaridad con Charlie Hebdo o su compromiso con Leopoldo López, es el que ahora cuarenta y cuatro años después de la muerte del último valuarte del franquismo, se permite arruinar el futuro inmediatro de una joven estudiante de historia por unos jocosos comentarios lanzados acerca del almirante y mano derecha del dictador franco.

La justicia que decidió no actuar ante las amenazas de muerte al Presidente de SOS Racismo Madrid Moha Gerehou, y que convive con el enaltecimiento del fascismo en un país en donde una dictadura de ese carácter provocó la más triste página de nuestra historia, condena a Cassandra a una pena de presión aludiendo a que su actuación “golpea sentimientos de solidaridad de la comunidad que en todo delito de terrorismo percibe un ataque a la convivencia pacífica construida entre todos” y “Supone una lesión a su dignidad humana”, una sentencia pretende de ese modo ocultar tras el discurso de la protección a las víctimas, un claro ataque a la libertad de expresión de los ciudadanos de nuestro país o al menos a una gran parte de ellos.  Muy al contrario de lo que alega el tribunal, los comentarios realizados por Cassandra desde una cuenta de Twitter con apenas 15.000 seguidores no “producen perplejidad e indignación en la sociedad” sino que es el reproche penal ejercido sobre la tuitera, lo que alarma a una sociedad que ve como las barreras a su libertad de expresión ya avanzan en España a pasos agigantados.

Una cruzada moral que en la actualidad cae del lado de los postulados de una derecha de insulto fácil y escasas disculpas

En un país en donde se llega a sancionar a quién osa alertar ante el abuso de poder de las autoridades, se persiguen el publicar filtraciones pese a la efectividad demostrada por la prensa en ese campo frente a la corrupción (o precisamente por ese motivo) y se ponen serias trabas al derecho a huelga de los trabajadores, la persecución al humor y la ironía de esta sentencia se debe enmarcar en el contexto de una cruzada moral que en la actualidad cae del lado de los postulados de una derecha de insulto fácil y escasas disculpas, que sigue marcando la agenda del discurso de este país frente a una izquierda siempre a remolque de los acontecimientos.

Cassandra suma su nombre a los de César StrawberryBeñat Lasa FernándezValtonyc o Pablo Hásel entre tantos otros (capítulo a parte merecería la triste y delirante Operación Araña) que han pagado con penas de cárcel o sanciones económicas, el ejercer su libertad de expresión en lo que muchos todavía consideran una democracia plena. Nos arrebatan la justicia al igual que lo hacen con la sanidad o la educación, poco a poco, de forma paulatina y comenzando siempre su ataque por los más indefensos, por los desarraigados del sistema, aquellos que se salen del rebaño del pensamiento único implantado por los mass media, y se atreven a pensar por sí mismos, pero también por los más desfavorecidos económicamente, aquellos que no parecen importarle a nadie, y que carecen de cualquier tipo de recurso para hacer valer sus derechos. No terminamos de comprender que se trata tan solo de los primeros pasos de una empresa mucho mayor, una escalada en el recorte a nuestros derechos fundamentales que poco a poco, ya no transigirá ningún derecho a replica.

 

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