Por Daniel Seijo
Emilio Cao fue detenido en las Marchas de la Dignidad de 2014 en Madrid acusado presuntamente de agredir a la policía y provocar desórdenes públicos, unos actos que conllevarían una petición fiscal de cinco años y ocho meses de prisión para un joven que por aquel entonces tenía 17 años y únicamente se había desplazado a la capital con la intención de manifestarse pacíficamente exigiendo trabajo y vivienda. Tras aplastar la cabeza del joven gallego con su escudo contra el suelo, los agentes antidisturbios decidieron llevárselo detenido argumentando que un manifestante que había recorrido miles de kilómetros únicamente para exigir unas condiciones de vida dignas, podía llegar a suponer una amenaza para su seguridad y por tanto existían motivos suficientes para garantizar un paseo hasta los calabozos más cercanos que terminaría con una petición de cárcel ya demasiado habitual en las manifestaciones políticas incomodas para el gobierno en España. De tratarse de Turquía o quizás Venezuela –a la espera de nuevos acontecimientos parece que el gobierno turco ya no es tan malo– con total seguridad serían innumerables los titulares periodísticos que en nuestro país clamarían por la defensa de los DDHH, pero siendo un asunto interno que únicamente parece afectar a miembros de esa izquierda alternativa, el silencio supuso la norma. De ese modo la vida de un joven estudiante gallego puede verse truncada tras acudir a una manifestación en la que unos policías quisieron utilizarlo como ejemplo, un aviso a navegantes que parece querer dejar claro que la movilización social en España puede salir muy cara cuando no es del agrado del poder.
El 29 de marzo de 2014, fruto de la indignación y la rabia contenida, todavía ardían las calles de Madrid. Tras las multitudinarias Marchas de la Dignidad que tuvieron lugar una semana antes y las duras cargas policiales posteriores, la coordinadora25S hacía un nuevo llamamiento a la ciudadanía para que aquella tarde se manifestase bajo el lema Jaque a la Monarquía, una concentración no autorizada frente al Congreso de los Diputados cuyo objetivo consistía en reclamar la abolición de la Monarquía, y que finalmente sería desconvocada ante la presión de las decenas de antidisturbios desplegados en la zona. Corrían ya por aquel entonces tiempos de represión, viejas tonalidades grises para un estado policial que tras algunas décadas jugando a la plena democracia se permitía sacar de nuevo a relucir sus tintes claramente autoritarios para reprimir la libre expresión de la ciudadanía española. Fue en aquellas frías y húmedas calles de Madrid en las que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que se supone debían protegerlos, perseguían con frenesí a los manifestantes por todo el Paseo del Prado, en aquel escenario de violencia y venganza policial por lo sucedido semanas antes, en donde Boro, periodista de La Haine, sufrió los empujones y el acoso de las fuerzas policiales mientras intentaba documentar con su cámara las cargas que estaban teniendo lugar a su alrededor. Aquel 29 de marzo de 2014 el periodismo libre, el periodismo digno y valiente, en definitiva, el verdadero PERIODISMO, pasó a formar parte del recuento de víctimas de la represión política en España. No pretendo entrar en el presente artículo en debates esteriles acerca de la adjetivación idónea para señalar la actuación de un grupo de antidisturbios contra los miembros de la prensa, simplemente a modo de inciso les señalaré que cuando en un estado de derecho los cuerpos de policía se permiten agredir impunemente a miembros de la prensa de un país, por mandato u omisión, la responsabilidad política en el uso de la violencia me parece al menos obvia. A estas alturas espero ya nadie se permita negar la violencia ejercida por la policía aquella noche, a las pruebas me remito.
Pese a la inexistencia de evidencias más allá del propio testimonio de los agentes implicados en la agresión a los periodistas, el reportero de La Haine fue acusado de propinar un golpe en la cara a uno de los agentes y una patada en la rodilla a su compañero, una descripción de los hechos basada siempre en la supuesta honorabilidad del testimonio de un cuerpo policial que ese día aterrorizó sin justificación aparente a decenas de ciudadanos por las calles de Madrid. Pese a lo endeble de las acusaciones, a día de hoy a Boro le han pedido seis años de cárcel y 6.200 euros de indemnización, una compensación económica supuestamente destinada a resarcir el período de baja que los rudos agentes de policía tuvieron que solicitar tras la «despiadada» agresión de un miembro de la prensa española. Aquel 29 de marzo las porras silenciaron el trabajo de muchos periodistas, el silencio y la complicidad de los mass media con el relato oficial se encargaría pronto de que las porras no fuesen necesarias, hoy en nuestro país la autocensura con el caso de Boro, pero también con muchos otros casos de represión en España, es una constante que tan solo los periodistas que no tienen nada que perder o que respetan sumamente su profesión se atreven a esquivar con absoluta libertad. En la época de la información, el periodismo de raza brilla por su ausencia.
Solo debemos pensar en lo desmedido que resulta que en los mismos banquillos de la Audiencia Nacional en los que han sido juzgados Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, ‘Txikierdi’, José Antonio López Ruiz, ‘Kubati’ o Juan José Zubieta, hoy se sienten ocho jóvenes navarros acusados de propiciar que un agente de la Guardia Civil se haya torcido un tobillo tras una disputa en un local de copas
Altsasu no es Beirut, tampoco lo parece pese al empeño de gran parte de la prensa de nuestro país por hacer de aquel hermoso pueblo Navarro un escenario de guerra. Desgraciadamente Altsasu hoy es famoso por el juicio al que se enfrentan ocho jóvenes de la localidad tras supuestamente agredir a dos guardias civiles sin uniforme en el transcurso una noche de copas. Lo que a priori en cualquier otra parte se despacharía como un simple altercado de taberna, una disputa entre dos facciones enfrentadas por dios sabe el que y seguramente enfurecidas y descontroladas por el efecto del alcohol, en España se ha tratado desde un primer momento como un caso de terrorismo. Los delirios y las alucinaciones más graves se dieron en Altsasu mucho después de que se hubiesen evaporado los efectos del alcohol, pretender vincular una pelea de bar con el resurgir de la Kale Borroka en Euskal Herria o con una intencionalidad terrorista, resulta cuanto menos ridículo a poco que uno se digne a reflexionar.
Solo debemos pensar en lo desmedido que resulta que en los mismos banquillos de la Audiencia Nacional en los que han sido juzgados Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, ‘Txikierdi’, José Antonio López Ruiz, ‘Kubati’ o Juan José Zubieta, hoy se sienten ocho jóvenes navarros acusados de propiciar que un agente de la Guardia Civil se haya torcido un tobillo tras una disputa en un local de copas. Un ejercicio de reflexión que hace especialmente hiriente que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco se haya presentado como acusación popular en la causa, exigiendo que el expediente se transformase en “terrorismo”. Nunca ha sido buena estrategia la venganza, ni buen homenaje el rencor.
Tras en un primer momento haber señalado un linchamiento, una pelea multitudinaria o incluso una encerrona de los jóvenes del pueblo, los agentes y los medios de comunicación más afines con su versión, se decidieron finalmente por enmarcar los hechos en la supuesta militancia de los acusados en la campaña “Alde Hemendik” -“Fuera de aquí”, un movimiento social destinado a exigir la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas de Euskal Herria, y sin que sepamos muy bien la cadena de razonamientos que llevó a transformar un movimiento social nacido de Euskadiko Ezkerra en un movimiento cercano a la organización terrorista ETA, un objetivo político que puede gustarnos más o menos pero que no constituye por sí mismo un delito y por tanto debiese carecer de importancia alguna a la hora de juzgar una reyerta en un bar, pasó a convertirse sin demasiados esfuerzos en una de las pruebas principales para juzgar a los jóvenes de Altsasu por terrorismo. Lo que siguió a todo este proceso fueron numerosas pruebas inadmitidas, una jueza vinculada familiarmente a la Guardia Civil, informes contradictorios… un largo camino de lo absurdo y lo puramente antidemocrático que sin duda alguna terminará con un nuevo revolcón judicial para la concepción marcial de la ley que el estado español suele aplicar amparándose en la amenaza terrorista. La única duda que se nos presenta en este caso es saber si Altsasu deberá ver a sus vecinos en la cárcel o si la justicia en España decidirá finalmente ahorrarse el ridículo en Europa.
Hoy en nuestro país la autocensura con el caso de Boro, pero también con muchos otros casos de represión en España, es una constante que tan solo los periodistas que no tienen nada que perder o que respetan sumamente la profesión se atreven a esquivar con absoluta libertad
Tres casos ilustrativos de la clara deriva autoritaria del gobierno del Partido Popular, tres casos como ejemplo de un estado que vuelve a mostrar su cara más amarga, aquella que por un momento creímos dejar atrás con la muerte del dictador. Desgraciadamente, quienes hoy luchan en nuestro país por una sociedad más justa, quienes se manifiestan por sus derechos o simplemente aquellos se enfrentar con una cámara a las injusticias diarias, no pueden evitar pensar en que quizás tras una leve capa de pintura democrática, en nuestro país se sigan escondiendo las viejas tonalidades grises que tanto nos recuerdan a la dictadura fascista.
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