Atentar contra un candidato es atentar contra la democracia: el caso Miguel Uribe Turbay y la violencia política en Colombia

El pasado 7 de junio, mientras realizaba un evento de campaña en Fontibón, una zona popular de Bogotá, Uribe fue disparado por la espalda.

Por Isabel Ginés | 8/06/2025

Miguel Uribe Turbay es un político colombiano de 38 años, actual senador por el partido Centro Democrático, la formación fundada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y precandidato presidencial para las elecciones de 2026. Es abogado y economista, exsecretario de Gobierno de Bogotá durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, y fue candidato a la alcaldía de Bogotá en 2019. Nieto del expresidente liberal Julio César Turbay Ayala, Miguel Uribe representa una corriente joven de la derecha colombiana, caracterizada por un discurso firme contra el gobierno de Gustavo Petro, el populismo y el narcotráfico. En los últimos años se ha convertido en una de las voces más visibles del uribismo.

El pasado 7 de junio, mientras realizaba un evento de campaña en Fontibón, una zona popular de Bogotá, Uribe fue disparado por la espalda. El presunto atacante, un menor de 15 años, fue capturado en el lugar. El estado de salud de Uribe al momento del ataque fue descrito como crítico, y su partido denunció el hecho como un intento de silenciar una candidatura presidencial a través del miedo. El Ministerio de Defensa ha ofrecido una recompensa de 3.000 millones de pesos por información que lleve a capturar a otros responsables.

Un país donde ser candidato es una amenaza

Este atentado no es un caso aislado. Es un síntoma de un país donde la política aún se libra con armas y no con argumentos. Colombia tiene un trágico historial de asesinatos políticos. Jorge Eliécer Gaitán en 1948, cuyo magnicidio desató El Bogotazo; Luis Carlos Galán en 1989, asesinado por oponerse al narcotráfico; Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro en 1990, ambos candidatos presidenciales, también ejecutados en plena campaña.

En las últimas décadas, la violencia cambió de rostro, pero nunca desapareció. Hoy los candidatos son blanco de grupos armados ilegales, mafias locales, redes de narcotráfico, intereses paramilitares o incluso venganzas políticas disfrazadas. El uso de menores como ejecutores es alarmante, y evidencia el fracaso del Estado en proteger a su juventud del reclutamiento criminal.

Según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), Colombia ha registrado más de 600 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales solo en el último año electoral. Muchos de estos ataques no buscan eliminar a un individuo, sino sembrar el miedo colectivo, deslegitimar el proceso electoral y proteger intereses oscuros.

¿Qué significa atentar contra Uribe Turbay?

Miguel Uribe Turbay no es solo un senador ni un nombre en una papeleta. Es un símbolo de lo que debería ser posible en democracia: que cualquier ciudadano, de cualquier ideología, pueda competir sin que eso le cueste la vida. Al dispararle, no solo se intenta acallar a un político conservador, sino imponer la lógica de que la diferencia política se resuelve con sangre.

El uso de un menor para ejecutar el ataque abre interrogantes aún más graves. ¿Quién lo reclutó? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuántos más están dispuestos a hacerlo por dinero o ideología? El Estado debe responder con investigación, pero también con prevención, justicia y reforma social, para impedir que la política colombiana siga siendo un campo de batalla.

Colombia se acerca a las elecciones presidenciales de 2026 en un clima polarizado, fracturado y tenso. Las diferencias políticas han escalado hasta niveles donde los insultos, las amenazas y ahora las balas ocupan el lugar del debate.

Pero una democracia donde se mata a los candidatos no es una democracia. Es una farsa sangrienta. Si el país permite que la violencia defina quién puede y quién no aspirar a gobernar, habrá renunciado a su proyecto republicano y entregado el poder a los más despiadados.

Atentar contra Miguel Uribe Turbay es mucho más que un crimen. Es un ataque contra la posibilidad de que Colombia tenga un futuro plural y pacífico. Y frente a eso, no caben ni la indiferencia ni los cálculos políticos. Solo una respuesta clara, contundente y unánime por parte de toda la sociedad.

Porque quien calla frente al crimen, pacta con él.

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