Una obligación legal discutida en España, auditorías del fondo previsional argentino y movilizaciones que exigen transparencia antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Por Miguel Hernández Bernárdez | 02/11/2026
En Vigo, este lunes 2 de noviembre, los pensionistas volverán a concentrarse a las 19:30 horas, siguiendo una cita que mantienen desde hace años el primer lunes de cada mes. La convocatoria, comunicada por participantes del movimiento, coincide con una pregunta que trasciende fronteras: ¿cómo se ßnancian las pensiones, quién comprueba las cuentas y qué información recibe la ciudadanía?
La pregunta no exige partir de una acusación. No hace falta afirmar que el dinero ha desaparecido, ni atribuir delitos sin pruebas, para exigir una respuesta pública inteligible. Basta abrir la legislación, los informes de fiscalización y las reivindicaciones de las organizaciones de jubilados. Ahí aparece un problema documentado: la distancia entre los controles que existen, el control específico que se reclama y la manera en que las administraciones explican las cuentas.
Una auditoría escrita en la ley
La disposición adicional sexta de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, ordenó que el Gobierno encargase, en el plazo máximo de un mes, un informe de auditoría sobre los ingresos procedentes de cotizaciones y los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social. Debía cuantificar conceptos y formas de financiación para todos los años comprendidos entre 1967 y 2019, ambos inclusive, y elaborarse en un máximo de seis meses para su elevación a la Comisión del Pacto de Toledo. No se trata de una frase pronunciada en una manifestación: está publicada en el BOE. [1]
¿Qué ha ocurrido? El Gobierno sostiene que la obligación quedó atendida con el «Informe sobre la acción protectora de la Seguridad Social y la financiación del Estado», entregado a la Comisión del Pacto de Toledo con ocasión de la comparecencia ministerial del 15 de marzo de 2023. Diversas plataformas de pensionistas sostienen, por el contrario, que ese documento no equivale a la auditoría histórica, desglosada y verificable que reclaman. Son dos posiciones distintas y las dos deben figurar en cualquier investigación rigurosa. [2][4]
La controversia llegó al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En su resolución R CTBG 0341/2026, del 24 de marzo, estimó una reclamación por razones formales porque la Administración no había respondido dentro del plazo. Consideró satisfecha la petición de acceso mediante la entrega del informe de 2023, pero dejó expresamente fuera de su competencia decidir si ese informe cumple, en términos materiales, lo ordenado por la Ley 21/2021. Esta última cuestión, por tanto, no quedó resuelta por el Consejo. [2]
La precisión es fundamental: no es exacto decir que el Estado no ha entregado ningún documento; tampoco lo es presentar la resolución del Consejo como una certificación de que se realizó toda la auditoría legalmente prevista. El desacuerdo verificable se refiere precisamente al alcance y contenido del informe entregado.
126.171 millones: una cifra que obliga a explicar, no a inventar
El Tribunal de Cuentas publicó el 26 de junio de 2026 una nota sobre el endeudamiento de la Seguridad Social con el Estado. A 31 de diciembre de 2024, identificó 126.171 millones de euros en préstamos a largo plazo; la deuda total con el Estado, sumadas otras obligaciones, ascendía a 135.253 millones. De aquellos préstamos, 17.169 millones procedían del período 1992-1999 y 109.002 millones de 2017-2024. [3]
El Tribunal considera inadecuado financiar mediante préstamos a largo plazo gastos de carácter ordinario y recomienda que las aportaciones estatales se hagan mediante transferencias corrientes consignadas en los presupuestos, con una representación contable acorde con su naturaleza económica. El órgano fiscalizador advierte de los problemas de imagen financiera que genera el modelo actual y reclama medidas sobre su sostenibilidad. [3]
Esas cifras no representan dinero robado ni desaparecido. Son saldos de préstamos y deuda registrados y fiscalizados. Precisamente por eso importan: permiten discutir, con documentos en la mano, cómo se ha financiado el sistema y quién asume cada gasto. Si se mezclan cotizaciones, transferencias y préstamos sin explicación, se facilita el desconcierto. La transparencia requiere desglosar año, concepto, organismo pagador y respaldo legal.
Galicia no tiene una caja separada, pero sí una voz propia
En Galicia, MODEPEN lleva años vinculando la defensa de las pensiones públicas a la sanidad, la educación, la vivienda y los cuidados. En el comunicado de la Unidad de Acción difundido el 22 de octubre de 2026 con motivo de la manifestación de Madrid del día 24, las organizaciones firmantes volvieron a pedir la presentación de la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social que, a su juicio, sigue pendiente. También reclamaron mejoras en las pensiones mínimas, protección del poder adquisitivo y respuesta a las solicitudes registradas ante el Gobierno. [4] La movilización del 24 de octubre exigió también un esfuerzo personal: el autor viajó desde Vigo en un autobús que salió en torno a las 3:00 de la madrugada y llegó a Madrid aproximadamente a las 11:20, con dos paradas. En el autobús viajaban personas de distintas edades, desde participantes más jóvenes hasta pensionistas de sesenta y setenta y tantos años. Es una observación personal del autor, sin comprobación de las edades exactas.
Conviene evitar otro equívoco. Las pensiones contributivas se integran en un sistema estatal: Galicia no dispone de una caja propia de la Seguridad Social cuyos fondos puedan sumarse o restarse a los de España. Pero los pensionistas gallegos tienen motivos concretos para reclamar claridad sobre las cuentas comunes y sobre el efecto de las decisiones presupuestarias en sus vidas.
Los datos de condiciones de vida recuerdan que la discusión no es abstracta. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, publicada por el INE en febrero de 2026, el 22,1 % de la población de Galicia estaba en riesgo de pobreza o exclusión social; para el conjunto de España, el porcentaje era del 25,7 %. Son cifras sobre toda la población, no una estadística exclusiva de pensionistas, y no deben presentarse como tal. [7]
Argentina: reivindicaciones urgentes y auditorías que sí existen
Desde Argentina ha llegado directamente al autor el comunicado de prensa n.º 1806 de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilad@s y Pensionad@s, titulado «Miércoles de los Jubilados». Recibido el 1 de noviembre y fechado el día 2, reclama un sistema público, de reparto y solidario; un haber mínimo ligado a la canasta del adulto mayor; cobertura de prestaciones y medicamentos a través del PAMI; y control de los recursos previsionales.
También contiene valoraciones y acusaciones políticas que pertenecen a la organización firmante y no deben confundirse con hechos judicialmente acreditados. [10]
La dimensión material aparece en la propia normativa. La Resolución 304/2026 de ANSES fijó el haber mínimo garantizado de noviembre en 444.158,46 pesos argentinos y la Pensión Universal para el Adulto Mayor en 355.326,77 pesos, antes de considerar posibles complementos que correspondan en cada caso. Para saber si estas cantidades bastan para alimentación, vivienda, servicios y medicamentos hay que compararlas con precios y canastas oficiales de la misma fecha, no con impresiones. [6]
Tampoco sería correcto asegurar que en Argentina no se audita ningún fondo. La Auditoría General de la Nación aprobó el 30 de abril de 2026 un informe relativo a la gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES para los ejercicios 2020 y 2021; existen asimismo trabajos de fiscalización de otros períodos. Lo relevante ahora es examinar los hallazgos, las recomendaciones, su cumplimiento y las posibilidades reales de acceso público a las cuentas actuales. [5]
España y Argentina poseen sistemas, monedas, inRación, niveles institucionales y trayectorias diferentes. No puede concluirse que sus finanzas previsionales estén en idéntica situación. Sí comparten una exigencia democrática comprensible: que quien administra recursos destinados a sostener la vejez explique decisiones, resultados y controles, y que las personas afectadas puedan comprobarlos.
Gasto militar y gasto social: un debate que exige presupuestos, no consignas
Las organizaciones de pensionistas también relacionan sus demandas con las prioridades presupuestarias. El comunicado de MODEPEN del 22 de octubre expresa su rechazo a que el aumento del gasto de defensa pueda traducirse en presiones para recortar pensiones y otros derechos. Es una preocupación política expresada públicamente, no una demostración de que se haya extraído una cantidad determinada de la caja de pensiones para financiar armamento. [4]
Los documentos oficiales muestran que España elevó su gasto en defensa, calculado con la metodología de la OTAN, hasta alrededor del 2 % del PIB en 2025. El Gobierno también ha informado de márgenes fiscales europeos vinculados a ese incremento. Sin embargo, las definiciones estadísticas de defensa no coinciden siempre con las categorías presupuestarias españolas, y de esa evolución no se deduce por sí sola una transferencia directa desde las cotizaciones sociales. El debate honesto es cuánto se destina a cada política, con qué fuente de financiación, qué decisiones compiten por recursos y cuáles son sus consecuencias distributivas. [8]
29 de noviembre: las preguntas son anteriores a las urnas
El Real Decreto 806/2026 convocó elecciones generales para el domingo 29 de noviembre de 2026. Antes de conocer el resultado, ninguna investigación seria puede atribuir a un futuro Gobierno medidas que todavía no ha adoptado. Tampoco debe utilizar una previsión electoral como si fuera un hecho. [9]
La cuestión de las auditorías trasciende el calendario de los partidos. Resulta legítimo pedir a todas las candidaturas explicaciones comprobables: ¿respaldan una auditoría con el alcance temporal y metodológico de la Ley 21/2021?, ¿publicarán datos y series homogéneas?, ¿qué tratamiento darán a los préstamos señalados por el Tribunal de Cuentas?, ¿cómo garantizarán prestaciones suficientes y qué compromisos presupuestarios concretos ofrecen? Los programas pueden contrastarse; las intenciones que no figuran en ellos no deben inventarse.
Las cuentas claras son un derecho de quienes cotizaron y de quienes cotizan
El artículo anterior sobre Argentina y España defendía que la dignidad de las personas mayores no tiene fronteras. Este segundo trabajo pone la atención en una condición básica de esa dignidad: poder conocer y examinar las cuentas. No pide convertir la indignación en una acusación sin prueba; pide que ningún organismo público considere suficiente la opacidad, que los informes puedan verificarse y que sus límites se expliquen.
Si el Gobierno afirma que ha cumplido la ley, debería poder mostrar con claridad qué apartados del informe de 2023 responden a cada exigencia del período 1967-2019. Si los movimientos de pensionistas sostienen que faltan desgloses, conviene identificar exactamente cuáles. Si los órganos fiscalizadores describen endeudamiento, hay que publicar la naturaleza y el recorrido de cada partida. Y si Argentina cuenta con auditorías del FGS, hay que leer sus conclusiones antes de afirmar que no existen.
El lunes 2 de noviembre, la concentración prevista en Vigo puede recordar que la petición de transparencia no termina en una consigna ni en una elección. Es una tarea de control democrático que compromete a administraciones, órganos fiscalizadores y ciudadanía. No se trata de decidir por los lectores qué partido tiene razón. Se trata de entregarles hechos, documentos, cifras y preguntas verificables para que saquen sus propias conclusiones. Quienes mantienen la movilización mensual quieren que los representantes políticos de cualquier signo sepan que siguen presentes: la reclamación de la auditoría no desaparece con las elecciones del 29 de noviembre. La calle continuará siendo, afirman, un espacio de exigencia de respuestas públicas.
FUENTES DOCUMENTALES Y NOTA DE TRANSPARENCIA
Ley 21/2021, disposición adicional sexta, BOE BOE-A-2021-21652 Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.
Consejo de Transparencia, Resolución R CTBG 0341/2026, 24-03-2026 Consejo Transparencia y Buen Gobierno | Resoluciones de marzo de 2026
Tribunal de Cuentas, nota del 26-06-2026
Buscador general | Tribunal de Cuentas
MODEPEN, comunicado de la Unidad de Acción, 22-10-2026 Comunicado da Unidade de Acción das plataformas e movementos de pensionistas dos pobos e comunidades do Estado pola Manifestación do día 24 de Outubro – MODEPEN
Auditoría General de la Nación (Argentina), 30-04-2026 Auditoría General de la Nación | Noticias | La AGN trato 23 inform…
ANSES, Resolución 304/2026 (noviembre 2026) https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-304-2026-431696/texto
INE, Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 (05-02-2026) Nota de Prensa: Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Año 2025. Resultados definitivos.
BOE, Real Decreto 806/2026, convocatoria electoral del 29-11-2026 BOE-A-2026-20742 Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones.
Comunicado n.º 1806 «Miércoles de los Jubilados»
Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilad@s y Pensionad@s de la República Argentina, remitido directamente al autor el 01-11-2026 y fechado 02-11-2026.
Las cifras están fechadas y atribuidas. El comunicado argentino se emplea como posición de la organización firmante, no como prueba independiente de sus acusaciones. La concentración de Vigo a las 19:30 del 2 de noviembre ha sido comunicada directamente por participantes; no se indica lugar exacto al no disponer de convocatoria pública contrastada.
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