Mientras se gesticula sobre el carácter “público” o “sostenible” del sistema, se construye silenciosamente la arquitectura que hará que la pensión pública termine siendo residual para amplias capas de trabajadores.
Por Oriol Sabata | 16/10/2026
Ni la derecha ni el bloque que se autodenomina progresista tienen como objetivo sostener, a largo plazo, un sistema público de pensiones que garantice prestaciones dignas para el conjunto de la clase trabajadora. No se trata, en ninguno de los casos, de una liquidación inmediata y total del sistema de reparto. El escenario que ambos sectores impulsan es más sofisticado y políticamente menos costoso: reducir progresivamente el peso y la suficiencia de la pensión pública hasta convertirla en una prestación asistencial o de mínimos, y empujar a los trabajadores a cubrir la diferencia mediante instrumentos de capitalización gestionados por el sector privado. Las diferencias entre unos y otros son, fundamentalmente, de relato y de calendario.
La derecha y el lenguaje de los ‘sistemas mixtos’
En el ámbito de PP y VOX el objetivo aparece con menor disimulo, aunque siempre con la cautela electoral que impone el peso demográfico de los pensionistas actuales. VOX ha defendido reiteradamente un modelo mixto que combine el sistema de reparto con un componente de capitalización individual. En programas electorales anteriores habló de un esquema 50/50, con la parte de capitalización gestionada por entidades privadas. Más recientemente, dirigentes del partido han calificado el sistema público de “zombie” o de “estafa piramidal” y han reclamado una reforma estructural hacia modelos mixtos. El PP, por su parte, mantiene un discurso más ambiguo: sus líderes suelen comprometerse públicamente a garantizar el sistema actual y su revalorización con el IPC cuando se acercan las elecciones, mientras que otras voces del partido advierten de un próximo colapso y de la necesidad de “ser valientes” y cambiar el modelo. El patrón es conocido: se plantea la reforma, se genera alarma entre parte del electorado y se recoge cable para no perder votos entre los mayores de 60 años.
El impulso del PSOE a los planes privados de empleo
El problema no se circunscribe a la derecha. El Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios han sido los principales impulsores, en los últimos años, de los planes privados de pensiones de empleo. La Ley 12/2022, aprobada en el marco de los compromisos del Plan de Recuperación, redujo drásticamente el límite de aportaciones a los planes individuales (de 8.000 a 1.500 euros anuales) y amplió el de los planes de empleo (hasta 8.500 euros adicionales). Creó además los fondos de pensiones de empleo de promoción pública —gestionados, no obstante, por el sector privado— y los planes simplificados, pensados para generalizarse a través de la negociación colectiva sectorial y para autónomos. El objetivo declarado es extender esta fórmula de manera generalizada y obligatoria.
Los datos de Inverco muestran los cambios que se están dando: el número de cuentas de partícipes en planes de empleo ha pasado de en torno a 1,9-2 millones antes de la reforma a más de 3 millones en 2025-2026, un incremento del orden del 50-60 %. El patrimonio se sitúa en torno a los 41.000 millones de euros, con aportaciones netas positivas en el sistema de empleo (a diferencia de los individuales). El caso más visible es el del sector de la construcción, donde el plan simplificado sectorial ha incorporado cerca de 900.000 trabajadores. Estos instrumentos son gestionados por bancos y aseguradoras (VidaCaixa, BBVA, Santander, Caser). El “pastel” es evidente: el Estado desvía incentivos fiscales y cotizaciones hacia vehículos privados, mientras que el sistema público asume el riesgo demográfico y financiero principal.
La lógica de fondo es la misma que la de los “sistemas mixtos” de la derecha: la pensión pública no se concibe como el pilar central y suficiente, sino como una base que deberá complementarse obligatoriamente, o casi, con ahorro capitalizado gestionado por el sector financiero. La idea de extender estos planes a todos los sectores y de hacerlos progresivamente obligatorios mediante la negociación colectiva apunta exactamente en esa dirección.
Más allá del relato: la convergencia real
La polarización ideológica que se vende es, en realidad, un teatro. Ambos bloques aceptan que el sistema de reparto puro no debe seguir siendo la principal fuente de ingresos de la mayoría de los futuros pensionistas. La derecha lo formula en clave de capitalización individual y de “libertad” del ahorrador; la izquierda institucional lo presenta como previsión social complementaria vinculada al empleo y a la negociación colectiva. En ambos casos el resultado es similar: el trabajador sale perjudicado porque se la arroja a la lógica capitalista del rendimiento de mercado, de las comisiones, y de la desigualdad de cobertura según el sector y el salario.
Mientras se gesticula sobre el carácter “público” o “sostenible” del sistema, se construye silenciosamente la arquitectura que hará que la pensión pública termine siendo residual para amplias capas de trabajadores.
La batalla entre chiringuitos políticos no altera esa dirección de fondo. Lo que está en juego no es una disputa entre “progres” y “fachas” sobre el modelo de pensiones, sino el conflicto entre los intereses de la clase trabajadora —que necesita un sistema de reparto sólido, redistributivo y suficiente— y los de una clase dominante que prefiere transformar la previsión social en un negocio de gestión de capital. Mientras esa contradicción no se coloque en el centro, el teatro continuará y el hachazo se irá ejecutando, con uno u otro ritmo, independientemente de quién ocupe el Gobierno.
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