Mientras el gobierno de Benjamin Netanyahu logra aprobar la primera de sus tres reformas judiciales, continúan las protestas multitudinarias en Israel y ya renunciaron más de 10.000 reservistas del servicio militar en rechazo a la iniciativa. En esta nota, algunas claves para entender lo que está pasando y qué es lo que está en juego.
Por Gonzalo Fiore Viani / La tinta
Desde el 7 de enero, Israel atraviesa una serie de protestas multitudinarias contra la amplia reforma judicial impulsada por el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu en alianza con sectores de la ultraderecha radical israelí. El pasado miércoles, en una de las movilizaciones masivas, por lo menos 15 manifestantes fueron detenidos por las fuerzas de seguridad en el país. Luego de que el primer ministro diera un discurso asegurando que su reforma servirá para “fortalecer la democracia”, israelíes tomaron las calles nuevamente para mostrar su descontento.
En Tel Aviv, por ejemplo, cortaron durante varias horas la autopista Ayalon, la principal vía de circulación de la ciudad. Allí, fueron detenidas 7 personas, mientras que en la ciudad de Ra’anana otras 8 fueron encarceladas por “violaciones contra el orden público”, de acuerdo con lo expresado por la policía. Quienes manifestaban no se vieron amedrentados y apenas unos días después, el pasado sábado, más de 200.000 israelíes volvieron a salir a las calles, previo al domingo, día que comenzó el debate en la Knéset, el Parlamento israelí, controlado por partidos de la coalición. El líder de la oposición, Yair Lapid, declaró al inicio del debate que la ley debe ser detenida si es que la sociedad israelí quiere “seguir viviendo en un Estado judío y democrático”.
La reforma judicial tiene como objetivo principal, según los críticos de Netanyahu, la búsqueda de impunidad. Sucede que el primer ministro tiene juicios pendientes por cargos de soborno, abuso de confianza y fraude. Durante sus años previos en el poder, antes de su salida y posterior regreso, había intentado hacer aprobar una ley de inmunidad, que impediría que sea juzgado una vez que abandone las funciones, pero no lo había logrado. Lapid fue más allá y acusó al gobierno de Netanyahu de una debacle social pocas veces vista en la historia israelí: “El responsable de lo que está pasando hoy en la economía, de la ruptura de nuestro tejido social y, sobre todo, del daño a la seguridad, el que está haciendo que el Ejército se desmorone desde adentro, es el gobierno más extremista en la historia del país”.
Gran parte del éxito de “Bibi” -como se conoce a Netanyahu en Israel- históricamente se basó en su gran capacidad de unificar a distintas fuerzas de diversas procedencias políticas. Desde las elecciones legislativas de noviembre pasado, sin embargo, armó una coalición bastante más homogénea que las anteriores que lo tuvieron como protagonista. Es que el gobierno incluye a dos partidos ultraortodoxos y al Sionismo Religioso, una alianza de derecha radical con posturas supremacistas judías, ultranacionalistas, anti-árabes, xenófobas y homoodiantes.
Benjamin Netanyahu, con 13 años en el poder hasta ahora, es el primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo, habiendo superado incluso a quien fuera el primero en ocupar el lugar, el histórico David Ben Gurión.
El líder de Sionismo Religioso es Itmar Ben Gvir, de 46 años, quien aseguró que habrá “un gobierno completamente de derechas”. Ben Gvir es discípulo de un rabino racista, Meir Kahane, quien fue expulsado del Parlamento israelí debido a sus posturas supremacistas y extremistas. Su partido, Kach, fue prohibido por las leyes antiterroristas israelíes en 1994 y luego calificado de “grupo terrorista” por el gobierno de los Estados Unidos. Kahane fue asesinado en Nueva York en 1990.
Ben Gvir afirmó: “Trabajaré incluso para los que me odian”, pero la retórica utilizada durante toda su vida política, incluyendo la última campaña, no parece ir en esta dirección. Son conocidas sus posturas odiantes respecto de la comunidad LGBTIQ+, a árabes en general y palestinos en particular. Las ideas de Ben Gvir son tan radicales que incluso fue eximido por el ejército de realizar el servicio militar obligatorio. Durante la campaña, sacó una pistola en el barrio palestino de Seij Jarrah, en el Jerusalén Este ocupado, donde había sido recibido con piedras.
La división social y las oposiciones contra la reforma judicial son tan grandes que incluso más de 10.000 reservistas, pilotos, militares y agentes de inteligencia han asegurado que no volverán a servicio si la reforma se concreta. La primera de las tres, votada este domingo, es la ley que elimina la llamada doctrina de la razonabilidad, la cual permitía al Tribunal Supremo revisar y revocar nombramientos gubernamentales así como también decisiones “no razonables” del gobierno, algo que en Israel, para quienes apoyan esta doctrina, contribuye a mantener los equilibrios democráticos, aunque para Netanyahu y los suyos es una intromisión del Poder Judicial en el gobierno.
Además de anular la doctrina de la razonabilidad, las siguientes reformas propuestas tienen como objetivo eliminar la necesidad de un consenso entre políticos y el sector judicial para nombrar los cargos judiciales y poner el comité de nombramientos en manos del control de la política. Si la reforma se aprueba, el gobierno solo necesitaría una mayoría simple en el Parlamento para nombrar a los jueces del Supremo. A su vez, Netanyahu quiere implementar una “cláusula de anulación” para permitirle a la Knéset -formada por 120 miembros- promulgar leyes ya impugnadas por el Supremo si logra 61 parlamentarios que lo apoyen, es decir, una mayoría simple.
Es importante aclarar que Israel no tiene una Constitución, por lo que el Tribunal Supremo es quien se encarga de sostener las leyes fundamentales y una división de poderes concreta. En caso de que la reforma judicial se materialice, esto dejará de ser así, ya que el Supremo dejará de tener, en la práctica, el poder de controlar las decisiones del gobierno y sus miembros podrán ser nombrados por el oficialismo que cuente, apenas, con una mayoría simple en la Knéset. Inclusive el gobierno de los Estados Unidos, histórico aliado de Israel en la región, ha alertado de la posibilidad de que esto termine en una autocracia que viole los principios básicos de la democracia. Israel parece encaminada hacia el autoritarismo, pero los israelíes están dispuestos a defender la democracia en sus calles.
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