Como decía Antonio Machado, todo lo que se ignora, se desprecia y es más que evidente que el señor García-Gallardo desprecia a quienes están embarazadas, desprecia a las mujeres y desprecia sus derechos.
Por José Antonio Bosch (Asesor jurídico de ACAI).
Hace años me llamó la atención las declaraciones de un sociólogo español que decía que, en nuestro país, para que las encuestas reflejaran mejor la realidad era necesario incluir una columna más para anotar las respuestas de aquellos que “no saben y contestan” dada la extendidísima costumbre de hablar y pontificar sobre lo que no se sabe. Muestra de lo anterior, hemos podido contemplar el espectáculo ofrecido por el Vicepresidente de la Comunidad de Castilla y León que sin rubor alguno en el mismo acto que reconoce que él no sabe de embarazos, se atreve a presentar un supuesto protocolo para la supuesta mejora de atención de las mujeres embarazadas de su Comunidad.
Como decía Antonio Machado, todo lo que se ignora, se desprecia y es más que evidente que el señor García-Gallardo desprecia a quienes están embarazadas, desprecia a las mujeres y desprecia sus derechos y ello no es sólo consecuencia de su ignorancia, sino que también responde al seguimiento a pie juntillas de un manual escrito por la más negra derecha que poco a poco va logrando imponerse en algunos países. Un manual que rezuma prejuicios fundamentalistas, desprecio a los derechos humanos y que ha sido escrito conforme a la moral personal de quienes quieren imponérnoslo. Y si para ello hay que mentir, se miente. Y si hay que vulnerar alguna norma, pues se vulnera, y si hay que hablar de lo que no se sabe, pues se habla.
El mensaje es claro: hay que poner freno a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. La ultraderecha (y parte de la derecha no tan ultra) está en contra de que la mujer decida libremente su maternidad, no soporta que la mujer sea dueña de su propio cuerpo y aunque sólo sea “para evitar un aborto al año en Castilla y León” hay que tomar medidas que para colmo del descaro se venden como medidas en favor de la “libertad”.
Por más que he leído las declaraciones de tan ínclito político, las del Presidente de la Comunidad Autónoma, las de portavoces de los partidos afectados… resulta muy complicado conocer el detalle del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León con relación al aborto (aunque al parecer no hay acuerdo, pero por otra parte parece que si hay uno previo al respecto incluido en el acuerdo suscrito entre el PP y VOX para el gobierno de Castilla y León) pero de lo que he podido escuchar del señor García-Gallardo se deduce, en forma inequívoca, que su intención es establecer mecanismos para que la mujer que decida interrumpir su embarazo no lo haga, es decir, quiere establecer mecanismos coactivos, fórmulas que impidan a la mujer ejercer su derecho, medidas que logren que la mujer que toma una decisión no pueda implementarla.
El plan es perverso. Se trataba, mediante un nuevo protocolo, de convertir los servicios médico sanitarios autonómicos en una especie de “red de rescatadores” que, con cargo al erario público, forzasen a la mujer que decide abortar en Castilla y León a cambiar de criterio. No es necesario profundizar en la “ingeniosa idea” porque dada la cobertura mediática de la que ha gozado es suficientemente conocido el proyecto, pero si resulta obligado señalar que es una muestra más, otra alarma que nos avisa del tsunami reaccionario que nos acecha.
Hungría, modelo donde se inspira Castilla y León, ya adoptó el protocolo coactivo. En Polonia, abortar es casi imposible. En EEUU de América, tras la reciente desprotección constitucional del derecho al aborto que decretó la Corte Suprema, ahora hemos conocido que la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) permitirá a las farmacias vender pastillas para abortar y que estas sean remitidas a través de los servicios postales. Paradojas de la vida, mientras más crece la presión de los grupos fundamentalistas contra el aborto más se extiende el método farmacológico para interrumpir el embarazo por lo que observamos que la reducción de derechos de la mujer camina por dos direcciones, teóricamente, de la mano de fuerzas opuestas, pero que ambas tienen un punto de confluencia: la reducción de la autonomía personal de la mujer.
Soy plenamente consciente de que no son los mismos grupos los que pretenden prohibir el aborto y los que pretenden imponer el método farmacológico. Ni tienen los mismos intereses. Los primeros están conformados por todos aquellos que niegan los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, por los que niegan el derecho al aborto, por los que insisten en la necesidad de los periodos de reflexión, los que quieren imponer la escucha de los latidos fetales… y por un largo etcétera de grupos que, pese a ser de lo más variopinto, tienen un puerto común, la prohibición del aborto.
Los segundos son grupos “bienintencionados” que nos hablan de empoderamiento, de facilitación de acceso al aborto, de procedimientos más económicos… que aparentemente no niegan derecho alguno a la mujer, pero que olvidan su derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles y, paradojas de la vida, parece que ambos coinciden en el mandato bíblico adaptado de “abortarás con dolor”.
La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Resoluciones del Parlamento Europeo o la propia Ley “Aido” ponen en evidencia lo mucho que se ha avanzado en el camino del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y el esfuerzo que ha costado cada avance, cada milímetro de reconocimiento de derecho, para que unos antediluvianos nos impongan las reglas bíblicas (o las coránicas o las del Talmud) o para que unos bienintencionados nos conduzcan por la senda de la reducción de derechos.
Lamentablemente, la reciente “gracieta” del político castellano leones no es un hecho aislado, es una pequeña muestra más de una cruzada emprendida por grupos ultra reaccionarios, bien engrasada con dinero público y privado que, arrancando por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, siguiendo por el derecho a la igualdad y terminando en los derechos humanos pretende imponer un retroceso de cien años en los derechos civiles y políticos. Ni debemos ni podemos contemplar el espectáculo como pasivos/as espectadores/as porque terminaremos pagando un alto precio y más nos vale no ceder ni un milímetro porque estos que “no saben de lo que hablan” son como los niños consentidos, una vez que has cedido el terreno cuesta dios y ayuda recuperarlo.
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