Venezuela ante la catástrofe: un terremoto devastador bajo la tutela económica de Estados Unidos

El país necesita movilizar urgentemente todos sus recursos para hacer frente a las consecuencias del terremoto, pero se encuentra con las manos atadas por tener su economía intervenida por Washington. 

Por Gabriela Rojas | 26/06/2026

El 24 de junio, Venezuela fue golpeada por una catástrofe de dimensiones históricas. Dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 —el más potente registrado en el país desde 1900— sacudieron el centro y la costa norte, dejando decenas de miles de damnificados, cientos de muertos y miles de heridos. Edificios colapsados en Caracas y La Guaira, carreteras destruidas, hospitales saturados y una población que, una vez más, debe enfrentar el dolor y la urgencia de la reconstrucción.

Sin embargo, esta tragedia humanitaria se produce en un contexto aún más grave: la economía venezolana permanece bajo tutela efectiva de Estados Unidos. Tras el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses, Washington impuso un control directo sobre los principales resortes económicos del país. Lo que se presenta como una “transición ordenada” no es otra cosa que una intervención bochornosa que ha privado a Venezuela de su soberanía económica.

Este hecho constituye una violación flagrante del derecho internacional y de la autodeterminación de los pueblos. Secuestrar al jefe de Estado legítimo de un país soberano para luego dictar las condiciones de su economía no puede calificarse de otra forma que como un acto de agresión imperial. Bajo esta tutela, las decisiones sobre el uso de los recursos petroleros, las reservas internacionales, la reestructuración de la deuda y las políticas monetarias ya no responden prioritariamente a los intereses del pueblo venezolano, sino a las directrices de Washington.

La gravedad de esta situación se multiplica ante la catástrofe actual. Un país que necesita movilizar urgentemente todos sus recursos para rescatar víctimas, atender heridos, reconstruir infraestructura y garantizar suministros básicos, se encuentra con las manos atadas por restricciones y condicionamientos externos. La capacidad de respuesta soberana queda severamente limitada cuando el control económico efectivo está en manos de quienes, paradójicamente, ofrecieron “ayuda humanitaria” tras haber contribuido a crear las condiciones de vulnerabilidad estructural previas.

Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo y un potencial económico enorme. Su pueblo tiene derecho inalienable a administrar esos recursos en función de sus propias necesidades y prioridades: reconstruir escuelas y hospitales, reactivar la industria, garantizar alimentos y medicinas, y levantar un modelo de desarrollo independiente. Permitir que estas decisiones sean tomadas o condicionadas desde Washington equivale a renunciar a la soberanía conquistada a lo largo de décadas de lucha.

El gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez no puede seguir tolerando esta situación. Como presidenta encargada, tiene la responsabilidad constitucional y moral de defender la independencia nacional. Continuar bajo el esquema de tutela económica impuesto tras el secuestro de Maduro solo prolonga el sufrimiento del pueblo venezolano y debilita su capacidad de enfrentar desastres como el actual.

La historia de América Latina está llena de ejemplos de intervenciones extranjeras disfrazadas de “ayuda” o “transición”. Venezuela no puede permitirse repetir ese ciclo. La catástrofe del terremoto debe servir como punto de inflexión: el momento en que el país reclame, con toda legitimidad, el derecho a administrar libremente su economía y a decidir su propio destino sin injerencias externas.

La soberanía no se negocia. Ni ante un terremoto, ni ante ninguna otra circunstancia. Venezuela necesita recuperar el control pleno de sus recursos y de su política económica. Solo así podrá levantarse con dignidad de esta nueva tragedia.

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