Ha habido avances en la nueva ley del gobierno Sánchez, pero su comparación con la normativa vasca evidencia que esos avances han sido escasos
Qué tome nota el gobierno Sánchez: la ley vasca de Memoria Histórica prevé sanciones de hasta 10.000 euros por exaltar el franquismo. El anteproyecto del Gobierno Vasco tipifica con la categoría de muy graves infracciones como la destrucción de fosas, que puede ser sancionada con multas que llegan hasta los 150.000 euros. La consejera del gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, ha explicado sus objetivos, los habituales en cualquier ley ajustada a los requisitos de lo que en su momento se llamaron memorias transicionales: “verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”.
Si algo demuestra este anteproyecto de ley vasca es que el proyecto de ley de memoria democrática del gobierno español no protege la dignidad de las víctimas de los ataques de la extrema derecha. Entre las medidas del anteproyecto vasco se prevé sancionar- complementariamente a la vía penal – los mensajes de exaltación de la dictadura y de blanqueamiento del golpe de Estado. Se contemplan sanciones- como decíamos antes- de hasta 10.000 euros, y en caso de “reincidencia”- bastante probable habida cuenta de las estrategias de continua provocación anti memorialística llevadas a cabo por asociaciones y grupos de ultraderecha- hasta 150.000 euros. La ley, a diferencia de la española, garantiza que la incitación al odio no quede impune. En la categoría de infracciones «graves», multadas entre 2.001 a 10.000 euros, figuran difundir expresiones ofensivas o vejatorias «contra la dignidad de las víctimas o de sus familiares» así como «cualquier tipo de manifestación que suponga el enaltecimiento del franquismo. Y añade una circunstancia específicamente pensada para cubrir el vacío legal en la tipificación del delito de odio: «cuando estas categorías de conductas no puedan ser tipificadas como delito de incitación al odio».
Respecto al derecho a la justicia de las víctimas, la normativa vasca establece poner en conocimiento de la Ertzaintza, la Fiscalía y los órganos judiciales la existencia de «indicios delictivos» que pudieran encontrarse «como consecuencia de las localizaciones de restos humanos e identificaciones realizadas». Extremo que no se contempla en la ley española.
Conclusión: el calificativo “democrático” de la ley española tendría- al menos como uno de sus objetivos- potencialmente no explícitos- dar una categoría jurídicamente inconcreta de odio a los mensajes que exaltando la dictadura produjesen efectos de odio contra los familiares de las víctimas, pero comparado con la ley vasca, no pone medios punitivos de eficacia practica para evitarlo, quedando finalmente como un bonito brindis al sol. Ha habido avances en la nueva ley del gobierno Sánchez, pero su comparación con la normativa vasca evidencia que esos avances han sido escasos, y sobre todo, dejan desprotegida a la memoria democrática e histórica ante los más que previsibles ataques de medios periodísticos, asociaciones y partidos de la derecha antidemocrática. Es una pena que al gobierno Sánchez se le haya cruzado por el medio otro proyecto legislativo memorialístico que evidencia sus reticencias a la hora de remediar un problema que tiene la democracia, al menos desde principios de los 80, cuando la espada de Damocles del ruido de sables ya no podía ser la excusa perfecta para no resolverlo
Se el primero en comentar