El Tribunal de Cuentas ha sancionado a Vox con más de un millón de euros en multas por financiación irregular.
Por Joaquín Castro | 24/03/2026
En las últimas semanas, Vox atraviesa una de las mayores crisis internas de su historia. Un grupo creciente de exdirigentes, fundadores y cargos históricos del partido —incluyendo figuras como Macarena Olona, Javier Ortega Smith, Juan García-Gallardo e Idoia Ribas— han denunciado públicamente que la actual cúpula, liderada por Santiago Abascal, utiliza la formación para enriquecerse personalmente y a su entorno a través de sobresueldos millonarios, transferencias opacas a fundaciones privadas y una facturación que escapa al control habitual de los partidos.
Las acusaciones se centran en dos elementos principales: los sobresueldos y las transferencias a la Fundación Disenso, presidida nominalmente por Abascal. Según las cuentas oficiales de Vox de 2023 —publicadas en su propia web—, 12 miembros de la dirección nacional (entre ellos Abascal, Ignacio Garriga, Javier Ortega Smith y Jorge Buxadé) se repartieron 646.522,19 euros en complementos salariales no detallados públicamente. Eso supone cerca de 54.000 euros anuales por persona. La mayoría de estos dirigentes, que tienen acta parlamentaria, no declararon esos ingresos en sus obligatorias declaraciones de bienes ante el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos.
Al mismo tiempo, Vox ha transferido una media de 2,5 millones de euros al año a Disenso, una fundación privada creada en 2020 con 30.000 euros del partido. Desde entonces, Disenso ha recibido más de diez millones de euros procedentes de las arcas de Vox, que obtiene unos 10 millones anuales en subvenciones públicas y otros 5 millones en donaciones privadas. Los críticos denuncian que parte de ese dinero público —asignado a los grupos parlamentarios— se desvía sistemáticamente a esta entidad, que paga sueldos de hasta 50.000 euros y financia actividades como la web Gaceta de la Iberosfera, congresos internacionales o becas a la escuela de Marine Le Pen en Francia.
Tres excargos de Baleares —la exportavoz Idoia Ribas, Agustín Buades y Maite de Medrano— han elevado el tono de las denuncias. Ribas asegura que la cúpula nacional le exigió desviar más del 10 % de los fondos públicos del grupo parlamentario balear a Disenso, y que su sucesora aumentó esa transferencia hasta el 50 % sin autorización. “Se trata de ingentes cantidades de dinero público”, denunciaron los tres en un comunicado conjunto.
Otro foco de escándalo es el pago de 60.000 euros a Lidia Bedman, esposa de Santiago Abascal, por supuestos “servicios de consultoría de redes sociales” a través de IVAT S.L., empresa vinculada a Gabriel Ariza (socio del asesor de cabecera de Abascal, Kiko Méndez-Monasterio). Esta misma red de empresas (Tizona S.L. e IVAT) factura a Vox y Disenso decenas de miles de euros mensuales por “asesoría”. García-Gallardo, exvicepresidente de Castilla y León, lo resumió así: “Abascal se embolsa un tercer sueldo a través de un proveedor del partido que ingresa el dinero en la cuenta de su mujer”.
Macarena Olona ya había alertado en 2023, en una entrevista con Jordi Évole, de la existencia de una “cuenta informal” dentro del partido a la que llamaban “la cuenta de putas y varios”, y de que Disenso funcionaba como “carril de desvío de dinero”. Ortega Smith, cesado como secretario general tras denunciar internamente “irregularidades que estaba viendo”, y el propio Iván Espinosa de los Monteros han secundado las críticas. En marzo de 2026, quince exdirigentes firmaron un manifiesto exigiendo un congreso extraordinario para debatir “retribuciones desorbitadas” y un “entramado paralelo de entidades opacas”.
El Tribunal de Cuentas ha sancionado a Vox con más de un millón de euros en multas por financiación irregular: donaciones anónimas a través de cajeros automáticos (prohibidas), aportaciones finalistas para campañas concretas y otras prácticas que vulneran la Ley de Financiación de Partidos. Vox ha pagado las multas, pero el Tribunal sigue fiscalizando la facturación de sus asesores y ha abierto investigación sobre Disenso tras una petición del Congreso (aprobada con votos de PSOE, PP, Sumar y PNV).
Desde la dirección nacional, las respuestas son unánimes: todo es legal, las cuentas están auditadas por el Tribunal de Cuentas y los críticos son “disidentes manipulados por el PP” que buscan “colocar a un títere” o simplemente “quedarse en el Gobierno”. José María Figaredo y Pepa Millán han acusado a los purgados de lanzar una “guerra sucia” y han abierto expedientes internos contra varios de ellos. Abascal y su entorno insisten en que las mismas personas que ahora denuncian aprobaron las cuentas en su día.
La polémica llega en un momento delicado para Vox, tras resultados electorales por debajo de lo esperado en Castilla y León y una purga interna que ha expulsado o marginado a voces críticas históricas. El partido que se presentó ante los españoles como el antídoto contra la corrupción y el despilfarro político se ve ahora salpicado por las mismas acusaciones que tanto ha lanzado contra PP y PSOE: opacidad, enriquecimiento personal y desvío de fondos públicos hacia estructuras paralelas.
Mientras los exdirigentes recogen firmas para forzar un congreso extraordinario, la dirección mantiene que el partido sigue creciendo y que las críticas son ruido de perdedores. La justicia y el Tribunal de Cuentas tendrán la última palabra sobre si las cuentas de Vox son tan transparentes como asegura su cúpula o si, como denuncian los que ya no están dentro, esconden un modelo de financiación que prioriza el bolsillo del círculo más cercano al presidente.
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