El accidente de Tempe ha intensificado el debate en Grecia sobre la necesidad de renacionalizar el ferrocarril para recuperar la seguridad para trabajadores y usuarios.
Por Víctor Siles | 6/02/2026
El 28 de febrero de 2023, Grecia vivió una de las peores tragedias de su historia reciente: el choque frontal entre un tren de pasajeros y uno de mercancías en el valle de Tempe, cerca de Larisa, que dejó un saldo de 57 muertos —en su mayoría jóvenes— y más de 80 heridos. Este desastre, calificado por muchos como un «crimen premeditado» debido a la negligencia sistemática, expuso las graves fallas en el sistema ferroviario griego, resultado de años de falta de inversión en infraestructuras, procesos de privatización que priorizaron los beneficios económicos sobre la seguridad y una indiferencia crónica por parte de las autoridades. Tres años después, el dolor no ha disminuido, y el pueblo griego se prepara para salir nuevamente a las calles el próximo 28 de febrero de 2026, en una jornada de protestas masivas para demandar responsabilidades políticas y justicia por las víctimas.
Negligencia, privatización y falta de inversión
El accidente de Tempe no fue un hecho aislado ni un simple «error humano», como inicialmente intentó argumentar el gobierno liberal del primer ministro Kyriakos Mitsotakis. Investigaciones independientes y reportes posteriores, como el emitido por la autoridad griega de investigación de accidentes ferroviarios y aéreos (EODASAAM), revelaron un patrón de fallos sistémicos: ausencia de controles de seguridad automatizados, escasez de personal capacitado, mantenimiento deficiente de las vías y señales obsoletas que no cumplían con estándares del siglo XXI. Los trabajadores ferroviarios habían emitido advertencias repetidas sobre estos riesgos, pero fueron ignoradas por las autoridades y los operadores privados.
Un factor clave en esta catástrofe fue el proceso de privatización del ferrocarril griego. En 2017, como parte de las medidas de austeridad dictadas por la Unión Europea e impuestas por el ejecutivo de Alexis Tsipras, la operadora TrainOSE (ahora Hellenic Train) fue vendida al grupo italiano Ferrovie dello Stato por apenas 45 millones de euros. Esta privatización priorizó la rentabilidad sobre la seguridad, llevando a recortes presupuestarios, reducción de personal y una falta crónica de inversión en modernización. Según expertos y sindicatos, el énfasis en los «beneficios de unos pocos» sacrificó las vidas de los usuarios, convirtiendo el sistema ferroviario en un peligro latente. La crisis económica post-2009 agravó estos problemas, dejando una infraestructura degradada de la que el país no se ha recuperado completamente.
Además, acusaciones de encubrimiento han empañado la respuesta oficial. Familiares de las víctimas han denunciado la rápida remoción de escombros y restos del sitio del accidente, lo que obstaculizó las investigaciones forenses, así como ediciones selectivas en grabaciones oficiales para reforzar la narrativa del «error humano». El exministro de Transporte, Kostas Karamanlis, renunció reconociendo problemas heredados, pero críticos argumentan que su administración no hizo lo suficiente para abordar las deficiencias conocidas.
La movilización del 28 de febrero: ‘O sus ganancias o nuestras vidas’
Tres años después, el juicio principal por el accidente comienza el 23 de marzo de 2026, pero para muchos griegos, la justicia sigue siendo una promesa vacía. En este contexto, sindicatos, centros laborales y partidos de izquierda han convocado a manifestaciones masivas para el 28 de febrero, bajo el lema «O sus ganancias o nuestras vidas», destacando cómo la negligencia continúa poniendo en riesgo a trabajadores y ciudadanos.
Las protestas se extenderán por todo el país. En Atenas, se celebrará un mitin a las 12:00 en la Plaza Syntagma, organizado por el Centro Laboral del Pireo y la Federación de Constructores. En Larisa, epicentro de la tragedia, habrá un acto a las 12:00 seguido de un concierto a las 19:00 en la plaza central, convocado por el Centro Laboral de Larisa. En Tesalónica, se ha convocado una concentración a las 11:00 en el Monumento a Venizelos, respaldada por sindicatos de alimentos, comercio, metro y otros sectores. Otras ciudades como Patras, Agrinio e Ioánina también acogerán eventos similares.
Estas movilizaciones no solo buscan rendir homenaje a las víctimas, sino también combatir lo que se describe como una «guerra no declarada» contra los trabajadores y la juventud, a través de lugares de trabajo e infraestructuras inseguras.
El accidente de Tempe ha intensificado el debate sobre la necesidad de renacionalizar el ferrocarril o imponer regulaciones más estrictas. Los resultados de la privatización han sido nefastos y comprometen la seguridad de trabajadores y usuarios. Mientras las protestas del 28 de febrero se acercan, el mensaje es claro: no se trata solo de recordar a los fallecidos, sino de exigir un sistema donde las vidas primen sobre los beneficios económicos. Grecia no puede permitirse olvidar Tempe, ni perdonar la negligencia que lo causó.
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