Trabajo garantizado para decrecentistas: ¿es posible?

Por Jaime Nieto
Economista

Los debates entre Trabajo Garantizado (TG) y Renta Básica (RB) se han sucedido en los últimos años, en franca pugna por convertirse en la piedra angular del proyecto político progresista. Mientras la RB goza de mayor popularidad dentro de la tradición izquierdista más libertaria, el TG triunfa mayoritariamente entre la izquierda más clásica socialista-socialdemócrata. De esta manera, la RB fue popularizada en los primeros programas de Podemos, mientras Izquierda Unida apostaba claramente por un programa de TG. Quizá por los mayores vínculos con el progresismo de corte más libertario, desde la economía ecológica y, en general, el ecologismo político, ha habido una inclinación mayor hacia la RB (aunque esto quizá tan solo sea una intuición personal). En los últimos años, incluso algunos experimentos de RB han sido ya ensayados en Suiza o en Finlandia y, en el contexto de la –supuesta- creciente robotización que depararía el futuro próximo, también disfruta de buen predicamento en algunos ámbitos de la familia liberal. Por su parte, el TG está ganando enteros sobre todo en el mundo anglosajón, concretamente entre los seguidores Demócratas de Bernie Sanders en EEUU y en el Labour Party de Jeremy Corbin en Reino Unido. No se trata aquí de discutir cuál de las dos opciones es la ideal, ya habido suficientes y sonados debates confrontando ambas propuestas. No importa; ni siquiera me atrevería a poner todos los huevos en la misma cesta, desechando la otra opción por completo.

Fundamentalmente, el TG consiste en convertir el derecho al trabajo en un derecho fundamental que pueda ser exigido por cualquier ciudadano/a ante las instituciones. La idea subyacente es que el desempleo sería una decisión política, pues puede corregirse si existe voluntad y se destinan los recursos necesarios. En principio, los puestos creados por el TG no tendrían por qué sustituir lo que ya existen previamente en el sector privado y público tradicional, ni conlleva necesariamente la nacionalización de sectores económicos, aunque quepa la posibilidad. Se trataría de una política contracíclica, de tal manera que los empleos generados en la fase recesiva puedan ir reincorporándose al mercado de trabajo tradicional (ya sea público o privado) a medida que la economía se adentre en una nueva fase expansiva. Los puestos creados serían remunerados a un salario inferior al de mercado, pero suficientemente alto como para aumentar la posición negociadora del trabajador/a, que dejaría de estar abandonado a elegir entre el desempleo y un empleo a toda costa. Muchos dilemas de tipo moral (¿el resultado final no es similar al de la RB pero otorgando esta última una mayor libertad individual?), económico (¿cómo se financia esto?, ¿no generará inflación?) y político (¿acaso no se trata de emanciparnos del trabajo asalariado?) surgen en torno a esta propuesta. Ya desde una óptica que ponga en el centro la urgencia del reto climático, también es inevitable la comparación con el productivismo del New Deal y la ola Keynesiana que desencadenó la “edad de oro del capitalismo”. Estos resabios productivistas son difícilmente aceptables desde la economía ecológica y no digamos ya entre los partidarios del decrecimiento o el estado estacionario (steady-state). Aunque para mí esta ha sido siempre una de las principales razones para no abrazar el TG, creo que hay motivos suficientes para abrir el melón y plantear algunos debates.

En primer lugar, en los planteamientos de la economía del bienestar, tan cercana a la órbita de la economía ecológica y feminista, se aboga por métodos cualitativos como la felicidad subjetiva como baremo del bienestar de una sociedad. Por ejemplo, se encuentra que a partir de determinado umbral –ampliamente superado por los países de capitalismo avanzado- incrementos en el PIBpc no suponen mejoras en la felicidad de la población. Entre los factores más determinantes encontrados en los estudios relacionados con la felicidad, se encuentra la obtención de un empleo de calidad por diversos factores psicológicos y de integración social. Por lo tanto, a priori y, más allá de consideraciones ulteriores, la consecución del pleno empleo parece una política deseable y perfectamente aceptable desde una cosmovisión no productivista. Siendo esto así, el logro del pleno empleo ha sido visto tradicionalmente en los manuales de política económica como un objetivo al que se llega mediante vías indirectas: a través de una legislación laboral más favorable a la creación de empleo, agencias públicas de formación y colocación y, por último, la estrella: el crecimiento económico. La primera de ellas ha conducido, en la oleada regresiva que lleva desarrollándose al menos desde los 80 y de la que no podemos sustraernos, a sucesivas reformas encaminadas a erosionar la capacidad negociadora de los trabajadores y abaratando los costes de despido, derivando en peores salarios y condiciones laborales. La segunda parece comúnmente aceptada su utilidad para reducir el paro friccional, pero no una política realmente útil alcanzar el pleno empleo por sí misma. Finalmente, el crecimiento económico no solo está ligado con impactos medioambientales que –de acuerdo con abundante evidencia empírica-  no presentan visos de desacoplarse, sino que como tristemente muestra el caso de España, además ofrece unos resultados más bien pobres en términos de creación neta de empleo, por no mencionar sus nulos efectos –en el mejor de los casos- sobre el bienestar y la reducción de la desigualdad. Sin embargo, el TG es una política finalista que logra su objetivo de manera inmediata, por su propia naturaleza. El pleno empleo se alcanzaría así de manera directa, sin necesidad de recurrir a vías indirectas y de dudosa efectividad.

El TG también puede integrarse a una visión puramente antiproductivista o post-crecimiento por otras razones. Por ejemplo, Blake Alcott (2013)[1] plantea que así podríamos liberarnos de los enfoques del crecimiento verde (Green-Growth) como que la inversión en la instalación de nuevas infraestructuras renovables crearía más empleo que el que se destruiría en las industrias de extracción fósil. Siendo este argumento probablemente cierto, ignora los límites biofísicos de las renovables para sustituir toda la energía fósil que consumimos, lo que deriva lógicamente en la necesidad de un descenso en el consumo energético más que en un mero reverdecimiento del mix energético que mantenga o incluso trate de aumentar la cantidad de energía que consumimos. El mismo autor señala que una de las críticas vertidas sobre el TG, la posible caída de la productividad debida a una extrema seguridad en el empleo “no debería ser un problema para el decrecentismo”. Aquí añadiría, abundando en el argumento anterior en relación a la necesidad de un descenso energético, que el TG permitiría destinar recursos a la puesta en marcha de trabajos remunerados en sectores de baja productividad pero alto valor social y ambiental que redunden en un mayor bienestar –toda vez que el crecimiento económico no parece ser muy efectivo en esta tarea. Sin entrar en colisión con la provisión de estos servicios desde el sector público tradicional –no se trataría de sustituir funcionarios por trabajadores peor remunerados-, los servicios educativos, de salud, bienestar personal, trabajo social, recuperación medioambiental y cuidados en general son perfectamente compatibles con este perfil. Del mismo modo, debe exigirse que el programa de TG sea diseñado de la manera más democrática y descentralizada posible. Así, la propuesta, lejos de guiarse por un intervencionismo centralizado de arriba abajo y alejado de la ciudadanía, debería articularse en torno a la participación ciudadana y la colaboración entre los distintos niveles administrativos, dando un peso muy importante a los municipios frente a la administración regional y central –cuyo papel sería el de hacer coherente la implementación del programa de acuerdo con los objetivos predeterminados.

En definitiva, esto no ha sido una defensa cerrada del TG, ni mucho menos frente a la RB. Al contrario, en el peor de los casos, considero necesaria la complementación de ambas políticas sin renunciar a sus respectivas potencialidades. También es crucial señalar que puede (y debe) complementarse con políticas reducción de la jornada laboral, con lo que no es solo compatible, sino absolutamente complementario. Son muchas las dificultades y dudas que pueden generarse en torno a ambas propuestas, pero va más allá del ámbito de este artículo tratar de darlas respuesta. Más bien, se trata de abrir puertas y ventanas en la conformación de un programa amplio para las fuerzas del progresismo. A pesar de la poco disimulada deriva autoritaria y ultraconservadora de la sociedad –en parte por el fracaso de las izquierdas en plantear una respuesta sólida a la debacle del régimen neoliberal post-Gran Recesión en el marco de la UE- podemos estar a las puertas de conformar una batería coherente de políticas que cambie el rumbo de los vientos. Trabajo Garantizado, Renta Básica, la reducción de la jornada laboral, el foco en la reducción de la desigualdad y una transición a una economía ecológica y feminista pueden ser las bases de la recuperación de un proyecto progresista que ilusione a las próximas generaciones.


[1]Alcott, B., 2013. Should degrowth embrace the Job Guarantee? J. Clean. Prod., Degrowth: From Theory to Practice 38, 56–60. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.06.007

2 thoughts on “Trabajo garantizado para decrecentistas: ¿es posible?

  • 02/10/2018 at 3:56 pm
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    Esclavitud garantizada, muy innovadora y moderna…

    Reply
    • 03/10/2018 at 5:34 pm
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      El trabajo garantizado en ningún caso se plantea como una obligación sino como un derecho que podría reclamar cualquier persona. Además, en mi opinión podría compaginarse con una renta básica que facilite la capacidad de las personas para decidir si lo acepta o no.

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