El Sáhara Occidental como test de estrés del orden global
Por Héctor Bujari Santorum 12/11/2026
En noviembre de 2025 escribí que la Resolución 2797 no era la victoria marroquí que se vendía, sino una victoria pírrica: el Consejo aceptaba «tomar como base» la propuesta de Rabat, pero el propio Staffan de Mistura dejaba claro que el plan de 2007 estaba agotado al pedir a Marruecos uno «actualizado y ampliado». Advertí entonces de que la MINURSO podía colapsar, de que Argelia saldría del Consejo y de que la parte saharaui no podía seguir viviendo de victorias jurídicas sin estrategia política ni renovación interna. Un año después, el veto ruso del 30 de octubre y la no renovación de la misión confirman aquel diagnóstico: no estamos ante el cierre del conflicto, sino ante un cambio de escenario. Este texto no repite lo dicho entonces; lo actualiza. La pregunta ya no es si Marruecos ganó en 2025, sino qué hace la parte saharaui con la ventana que el veto ha abierto.
Una causa que nunca fue solo regional
El Sáhara Occidental no es una disputa regional que haya pasado a ser otra cosa: nunca lo fue. Su posición estratégica, su carga jurídica y su valor simbólico lo sitúan desde 1975 en el cruce de intereses que desbordan el Magreb. Lo que ocurre es que ahora esa dimensión global es más clara: la hegemonía occidental de Estados Unidos, Francia e Israel se enfrenta a las dinámicas multipolares del Sur Global y de los BRICS en un territorio que funciona como test de estrés del orden internacional. Lo que está en juego no es solo quién controla el territorio, sino si el marco jurídico universal puede ser vaciado por la presión de los aliados de Marruecos.
Contexto histórico-jurídico mínimo
El Sáhara Occidental fue colonia española hasta 1975 y figura en la lista de Territorios No Autónomos de Naciones Unidas desde 1963. La Asamblea General pidió en 1966, mediante la Resolución 2229 (XXI), la celebración de un referéndum de autodeterminación. En 1975, el Tribunal Internacional de Justicia dictaminó en su opinión consultiva que no existían vínculos de soberanía entre el territorio y Marruecos o Mauritania, y que no era terra nullius: estaba habitado por poblaciones con organización social y política propia. La conclusión jurídica era clara: la solución debía pasar por la libre expresión de la voluntad del pueblo saharaui.
La crisis de 1975 (Marcha Verde, Acuerdos de Madrid y retirada española) no alteró ese marco. Los Acuerdos de Madrid no constituyen un título de soberanía ni sustituyen la autodeterminación; España no podía transferir una soberanía que no le correspondía sobre la población saharaui.
Tras la retirada española, Marruecos y Mauritania se repartieron de facto el territorio, y el Frente POLISARIO proclamó la República Árabe Saharaui Democrática en febrero de 1976. Mauritania renunció a sus pretensiones en 1979; Marruecos mantuvo la ocupación. La Asamblea General reafirmó ese mismo año, en la Resolución 34/37, el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia, y la Cuarta Comisión lo ha reiterado después.
El marco institucional se completó con el Plan de Arreglo de 1988, aceptado por las partes, y con la creación de la MINURSO en 1991 (Resolución 690 del Consejo de Seguridad) junto al alto el fuego. Su mandato estaba vinculado al referéndum. Los Acuerdos de Houston de 1997 intentaron desbloquear la identificación de votantes, pero el referéndum nunca se celebró. Desde 2007, Marruecos promueve su plan de autonomía bajo soberanía marroquí, mientras el POLISARIO exige un referéndum con opción de independencia. El Consejo fue renovando la MINURSO y desplazando el acento hacia una «solución política mutuamente aceptable», sin imponer el referéndum ni reconocer la soberanía marroquí.
Hoy el Sáhara Occidental sigue siendo un Territorio No Autónomo; la ONU no ha reconocido la soberanía de Marruecos; España figura formalmente como potencia administradora; la RASD es miembro de la Unión Africana y está reconocida por decenas de Estados; y la autodeterminación sigue siendo el anclaje doctrinal del expediente.
La línea marroquí y el vaciamiento del mandato
La línea del régimen marroquí y de sus aliados (Francia, Estados Unidos, Israel y España) sigue siendo la misma: erosionar progresivamente el derecho internacional, el principio de autodeterminación y la doctrina histórica de la ONU. Esa estrategia de presión y vaciado del mandato se reflejó en la evolución de los borradores de resolución. Como señala Carlos Ruiz Miguel, el ciclo abierto en 1988-1990 parece haberse cerrado con el veto ruso de octubre de 2026. No es que el conflicto haya cambiado de naturaleza; es que su dimensión de pulso global se ha hecho más explícita.
Cronología documental: los borradores, la propuesta rusa y los vetos
Borrador 0: el «único marco» y la reducción de efectivos
En el Borrador 0 (20 de octubre de 2026), la postura de Rabat se imponía como única vía y se desmantelaban los mecanismos de supervisión internacional:
● El texto aplaude el liderazgo de EE. UU. y llama a las partes a negociar «utilizando la Propuesta de Autonomía de Marruecos como el único marco para negociar una solución mutuamente aceptable» («using Morocco’s Autonomy Proposal as the only framework to negotiate a mutually acceptable solution»), y afirma que la autonomía bajo soberanía marroquí es «la única solución factible» («the only feasible solution»).
● Se eliminaba la referencia al referéndum renombrando la misión como «Misión de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental» («United Nations Mission for Western Sahara»), se fijaba el fin del mandato de mantenimiento de la paz el 30 de abril de 2027 y se decretaba «una reducción de no menos del 50 por ciento del personal uniformado autorizado para el 31 de enero de 2027» («a reduction of no less than 50 per cent of authorized uniformed personnel by 31 January 2027»).
Borrador 1: la subordinación consolidada
El Borrador 1, publicado por Carlos Ruiz Miguel, subordina las resoluciones de la ONU a la iniciativa marroquí. Señala que las tres rondas de conversaciones tuvieron como base la propuesta ampliada y actualizada de Marruecos, que se fija como «la única base para continuar estas discusiones» («which would be the only basis for continuing these discussions»). La autodeterminación se menciona, pero se diluye al calificar la autonomía genuina bajo soberanía marroquí como la solución «más factible» («the most feasible solution»).
Borrador 2: la amenaza de medidas contra el POLISARIO
El Borrador 2, al que tuve acceso y que hasta ahora no ha sido público, introdujo un salto en la coerción. A través de marcas de edición recupera el tono punitivo y añade la cláusula que abre la puerta a medidas contra quien no se pliegue al esquema marroquí: «Expresa su intención de considerar medidas adicionales en caso de que las partes no se comprometan constructivamente en el proceso político» («Expresses its intention to consider further measures should the parties fail to engage constructively in the political process»). La amenaza se complementa con la reprobación de la falta de avance de una de las partes («deploring the failure of one party to engage substantively in the negotiations…») y con la restauración de la fecha límite del 30 de abril de 2027 para el mandato.
La propuesta rusa de «mínimos» y los vetos cruzados
Todo ello saltó por los aires cuando Rusia presentó su propio texto, de «mínimos». Y una propuesta de mínimos en tiempos de máxima hipocresía internacional es, en realidad, de máximos:
The Security Council, PP1 – Recalling and reaffirming all its previous resolutions on Western Sahara, PP2 – Expressing its full support for the Secretary-General and his Personal Envoy, Staffan de Mistura and of the United States to further advance the political process, building on the outcome of direct negotiations held in Washington and Madrid between Morocco, the Frente POLISARIO, Algeria, and Mauritania, with a view to achieving a just, lasting and mutually acceptable resolution to the dispute, consistent with the principles and purposes of the UN Charter, including the principle of self-determination, Having considered the report of the Secretary-General of 1 October 2026 (S/2026/781) and the strategic review of the Mission conducted pursuant to resolution 2797 (2025), Decides to extend the mandate of MINURSO until 31 October 2027; Requests the Secretary-General to brief the Security Council on a regular basis; Decides to remain seized of the matter.
Hay que decirlo completo: el 30 de octubre el Consejo votó dos textos y ninguno prosperó. Hubo dos vetos cruzados: Rusia bloqueó el proyecto estadounidense y el texto ruso tampoco salió adelante presa del veto ruso. Cualquiera que sea la lectura, el resultado es el mismo: el mandato expiró el 31 de octubre sin renovación, por primera vez en la historia de la misión.
El escenario tras el veto: el expediente pasa a la Asamblea General
La MINURSO ya no está en el terreno como misión con mandato: ha iniciado su retirada y, según la prensa, Guterres ha encargado al diplomático ruso Alexander Ivanko, antiguo jefe de la misión, que la liquide. Guterres instó a las partes a actuar con moderación y a abstenerse de acciones hostiles, y su portavoz, Stéphane Dujarric, subrayó que la partida de la MINURSO no anula el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación. Es un brindis al sol: si los organismos internacionales no reciben el apoyo de los Estados, quedan en el vacío. Se decía que la ONU era un centro que armonizaba los esfuerzos de las naciones hacia propósitos comunes; hoy se dirige hacia despropósitos comunes.
El expediente, por tanto, sale del Consejo de Seguridad y pasa a la Asamblea General, que según la agencia EFE ha convocado una reunión para el día 10 en la que los Estados explicarán sus posiciones sobre el veto. Ese desplazamiento debe leerse como un cambio de régimen de legitimidad. Boaventura de Sousa Santos habla de epistemologías del Sur y de justicia cognitiva para señalar que el derecho internacional dominante se construyó sobre un conocimiento eurocéntrico que trata la autodeterminación como principio abstracto mientras reserva la soberanía efectiva para los fuertes. Esa es la trampa de la «solución mutuamente aceptable»: un concepto que suena universal pero que equipara la pretensión de ocupación con el derecho del ocupado. La Asamblea General y la Cuarta Comisión no son un paraíso, pero son, o era, un espacio donde la pluralidad de pueblos y Estados del Sur tiene más peso relativo que en el Consejo. La legitimidad saharaui no depende de votos, depende de si misma. Su fuerza internacional depende de la capacidad de articular una agenda con otros pueblos que enfrentan el mismo doble estándar global.
El informe del Secretario General a la Asamblea sería una salida de mayor calado: reconocería que el Consejo no ha podido aprobar una resolución y que el asunto se traslada al órgano plenario, donde no existe el veto. La Asamblea ya ha reafirmado, a través de la Cuarta Comisión, que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo cuyo pueblo tiene derecho a la autodeterminación. La Cuarta Comisión habría aprobado además un proyecto de resolución que se votará en el plenario en diciembre.
En el pasado la parte saharaui tenía mayoría en la Asamblea General; hoy es más difícil conseguirla. Pero desde la posición rusa pueden surgir nuevos aliados.
El veto altera, además, el reparto de poder institucional. Durante décadas el Consejo concentró la gestión del expediente a través de la MINURSO y de resoluciones periódicas. Su bloqueo devuelve el asunto a un terreno donde la doctrina de descolonización juega a favor de la autodeterminación. Eso no garantiza una solución, pero la estrategia de vaciamiento de los borradores 0, 1 y 2 pierde su principal vehículo institucional.
Una cautela necesaria: el veto frenó el vaciamiento jurídico, pero no ha evitado el físico. El fin de la misión era precisamente lo que fijaba el Borrador 0 para abril de 2027 a través de la transformación, mejor dicho, degradación. Dicho de otro modo, el texto cayó, y sus resultados degradantes para el derecho no se han producido. Lo que cambia es el foro, no la situación sobre el terreno.
Las implicaciones para los actores:
● Marruecos y sus aliados pierden el control del penholder y la ventaja del Consejo; su relato de «solución única e indiscutible» queda expuesto a una correlación de votos menos favorable. Rabat, ha pedido el cierre del expediente en la Cuarta Comisión y ha calificado el fracaso de «oportunidad». Dicho cierre de expediente, no va a ocurrir.
● El Frente POLISARIO recupera un foro donde la autodeterminación tiene anclaje doctrinal.
● Argelia y Mauritania mantienen abierto un expediente que les afecta directamente y que el Consejo pretendía cerrar con un texto impuesto.
● España ve que la defensa de sus aguas y de su plataforma continental sigue dependiendo de un marco jurídico que no se ha consumado políticamente.
● Rusia y China demuestran que el veto no es solo bloqueo, sino una forma de reabrir un espacio institucional donde sus propios intereses (Crimea y Taiwán, como señala Ruiz Miguel) quedan protegidos por el mismo principio de autodeterminación que defienden en el Sáhara.
El cierre del ciclo no es el cierre del conflicto, sino un cambio de escenario. El veto ruso no ha resuelto el Sáhara Occidental, pero ha detenido la erosión del derecho internacional cuando parecía a punto de consumarse.
El choque en el Consejo de Seguridad
El penholder y la dinámica de votos
La suerte del expediente no se decide solo por el fondo jurídico, sino por quién controla la agenda. Durante años, Estados Unidos ha sido penholder de las resoluciones sobre la MINURSO: fija el texto base, decide el ritmo de las consultas y orienta el lenguaje hacia sus aliados. Tras la Resolución 2797, ese control se tradujo en los borradores 0, 1 y 2, que desplazaron el acento desde una «solución mutuamente aceptable» hacia la autonomía bajo soberanía marroquí como «único marco» y «única solución factible». Y esa «solución mutuamente aceptable» es, como ya dije, un punto de partida inaceptable.
Pero el penholder no garantiza la mayoría. Marruecos y sus aliados contaban con Estados Unidos, Francia y Reino Unido (con distintos grados de compromiso), mientras Rusia y China mantenían reservas crecientes. El año pasado, en los días previos a la 2797, un veto ruso o chino era más que probable; este año el texto llegó a un punto en el que el coste de aprobarlo era mayor que el de bloquearlo.
Las abstenciones de China, Pakistán y Somalia
Sigo aquí el análisis de Carlos Ruiz Miguel. China habría combinado la defensa de la autodeterminación, el rechazo a validar una imposición sobre una parte reconocida por la ONU y la conveniencia de no regalar a Estados Unidos una victoria diplomática. Pakistán habría actuado por el precedente: apoyar la autonomía bajo soberanía de un tercero sin referéndum podría proyectarse sobre Cachemira. Ruiz Miguel observa además que los tres países disidentes de peso (Rusia, China y Pakistán) son potencias nucleares, lo que sugiere que el espacio de disidencia en el Consejo depende también de la capacidad de resistir su coste.
Somalia se movería por otra lógica: es un Estado que no controla todo su territorio reconocido, y Somalilandia, autoproclamada independiente en 1991, no es reconocida por la ONU ni por la Unión Africana. Israel la reconoció en diciembre de 2025, el primer país en hacerlo, mientras que Estados Unidos mantiene oficialmente la política de «Una sola Somalia» pero desarrolla una relación política y de seguridad con sus autoridades. Si esos actores patrocinan un precedente de autodeterminación selectiva en el Sáhara y a la vez respaldan a Somalilandia, la posición de Mogadiscio no es solo prudencia jurídica, sino defensa de su integridad territorial frente a un doble estándar.
El resultado fue un Consejo dividido y sin consenso. Esa combinación no solo bloqueó el texto: dejó constancia de que la «solución única e indiscutible» no era tal. Y, como advirtió Rusia, el texto estadounidense, de aprobarse sin cambios, no habría solucionado el conflicto, sino agravado.
Crimea y Taiwán: la autodeterminación como arma de doble filo
El veto ruso y la posición china no se explican solo por el Sáhara. Moscú invoca la autodeterminación para justificar Crimea y limitar la proyección occidental en el Sur Global, pero no puede permitir que se convierta en un instrumento unilateral de las potencias occidentales. Pekín, por su parte, defiende el principio, pero su preocupación central es Taiwán: un Consejo que acepta que la soberanía de un territorio se decida por presión de un aliado, sin consultar a su población, debilita su posición. Para ambos, el principio de que la soberanía no se impone por mayoría es una defensa propia.
La transición de orden: Zamora, Bolton y la debilidad del marco institucional
Esta parálisis no es solo un episodio de táctica diplomática. Para Augusto Zamora, lo que ocurre en el Sáhara es la manifestación de un fenómeno más amplio: el fin de la hegemonía occidental y la obsolescencia de la ONU como marco capaz de imponer el derecho a las potencias. Esa fue la tesis que desarrolló en la entrevista que mantuvimos el 17 de abril de 2026: «Occidente está muerto», me dijo. Desde esa lectura, el bloqueo no sería una anomalía, sino la prueba de que el marco heredado de la posguerra ya no puede procesar los conflictos del nuevo orden multipolar.
La misma conclusión sobre la debilidad institucional aparece, desde una posición completamente distinta, en la entrevista con John Bolton del 14 de agosto de 2025. Su diagnóstico coincide en lo esencial: la misión de la ONU era realizar un referéndum, no hay indicios de que vaya a celebrarse y, si las partes no están dispuestas, no tiene sentido que la MINURSO siga allí. Bolton propuso abolirla y ver qué ocurre con el alto el fuego, porque mantener a los saharauis en los campamentos no es aceptable; consideró que el POLISARIO ha respetado el alto el fuego mucho más que Marruecos durante un largo período, y no ve salida sin recurrir al Capítulo 7. Lo que interesa aquí no es su receta, que él mismo presenta como hipótesis no ensayada, sino su diagnóstico: algo tan simple como un referéndum en un territorio de menos de un millón de habitantes no se ha podido lograr en más de 35 años, y eso revela una debilidad fundamental de la organización.
La dimensión económica: BRICS, PPA y fragmentación de intereses
Las realidades económicas preceden a las políticas. Según datos del FMI recogidos por NDTV (septiembre de 2026), los BRICS ampliados representan el 41% del PIB mundial en PPA, frente al 28% del G7, y casi la mitad del crecimiento global del último quinquenio. Eso da a la autodeterminación saharaui un anclaje material en el bloque emergente. Pero ese anclaje no es automático: los BRICS no tienen una posición única sobre el Sáhara. Su fórmula, «solución política duradera y mutuamente aceptable con autodeterminación», es lo bastante ambigua para que Marruecos la lea como compatible con la autonomía y los saharauis con el referéndum. Sus miembros no comparten intereses en el territorio (China produce casi la mitad del fosfato mundial; Rusia no tiene presencia relevante) y Argelia, principal valedor de la autodeterminación en la región, quedó fuera de la ampliación.
Giovanni Arrighi explicó que las hegemonías no caen por derrotas militares, sino por el desplazamiento del centro de gravedad de la acumulación, y que ese desplazamiento tarda en traducirse en orden político porque el poder económico y el institucional no se mueven al mismo ritmo. La oportunidad estructural no es voluntad política: el desplazamiento económico abre una ventana, pero no la convierte en victoria. Si el G7 confronta suficientemente a los BRICS, puede generarse una fractura, que es lo que hemos visto ahora; de nosotros depende ensancharla hasta construir una puerta.
La hipótesis de las esferas de influencia: Rusia, África y Dugin
La estrategia rusa posterior al veto admite una hipótesis que conviene explicitar: Rusia reconfiguraría su presencia global priorizando África y Asia, replegándose selectivamente en América Latina y aceptando, de facto, un reparto de esferas con Estados Unidos. En África, Argelia ocupa un lugar central: el 18 de abril de 2026, Lavrov y Ahmed Attaf abordaron en Antalya «medidas prácticas para fortalecer aún más la asociación estratégica profunda» entre ambos países, y en la cumbre Rusia-África de octubre Putin habría reafirmado el respaldo a una solución basada en las resoluciones de la ONU y en la autodeterminación. El Concepto de Política Exterior de 2023 ya fijaba la profundización del compromiso con Asia, África, América Latina y el Sur Global. En América Latina la pauta no es abandono, sino gestión selectiva de costes: Moscú evita compromisos militares costosos y preserva posiciones incluso cuando sus aliados se debilitan.
Esta pauta conecta con la visión de Alexander Dugin, cuya influencia en el discurso oficial ruso, aunque debatida, es reconocida. El neo-eurasianismo postula un mundo organizado en grandes espacios con Estados-núcleo, donde Rusia lidera el espacio euroasiático. Dugin habría llamado a Moscú a actuar como Trump y a desprenderse del derecho internacional tal como existe, porque «el equilibrio ha cambiado». Rusia no busca tanto imponer un orden normativo propio como negar que Estados Unidos pueda imponer el suyo y reservarse un papel de árbitro en los espacios que considera estratégicos.
Para el Sáhara, eso tiene dos caras. Por un lado, el acercamiento a Argelia y el respaldo a la autodeterminación refuerzan la posición saharaui y complican la estrategia de hecho consumado de Marruecos. Por otro, todo ello puede diluirse en un acuerdo alineado con los intereses de Moscú, y la causa saharaui no debe confundir un aliado circunstancial con un garante.
El movimiento más significativo de Argelia en 2026 ha sido constitucional. La doctrina oficial argelina prohibía de facto las intervenciones del Ejército fuera del territorio. La revisión de 2020 ya introdujo la base legal para enviar tropas al exterior, y la revisión técnica de marzo de 2026 (Ley 26-04) habría consolidado el artículo 91.2, que permite al presidente decidir el envío de unidades con la aprobación de dos tercios de cada cámara. La primera activación práctica habría llegado en octubre con el despliegue en Níger, el primero desde la guerra de 1973. Para el Sáhara el precedente es relevante: no se trata de que Argelia vaya a enviar tropas, sino de que el marco constitucional ya no lo impide de antemano, lo que altera el cálculo de Marruecos y sus aliados en un escenario de escalada.
La legalidad de la amenaza: la campaña FTO
El bloqueo del Consejo no detuvo el vaciamiento: lo desplazó. Si la vía de la resolución es insuficiente, la siguiente fase consiste en deslegitimar a una de las partes. Ahí se inserta la campaña, sostenida durante meses, para designar al Frente POLISARIO como organización terrorista extranjera (FTO).
Joe Wilson es una de sus voces más visibles. Tras el veto, afirmó que Moscú había bloqueado una resolución «ampliamente respaldada y de sentido común» para «allanar el camino para la soberanía marroquí», y situó como beneficiarios a «Rusia, su títere Argelia, Irán y el Frente Polisario respaldado por Argelia y entrenado por Hezbolá». De ahí pasó a pedir la designación FTO y sanciones CAATSA a Argelia.
El problema no es el tono, sino que presenta como hechos lo que no lo son: no hay designación formal del POLISARIO como FTO, no hay evidencia pública verificada de entrenamiento de Hezbolá, y CAATSA está concebida contra Rusia, Irán y Corea del Norte, no como instrumento mecánico aplicable a Argelia.
Jamal Benomar señala el punto crítico: «Si se etiqueta al Frente Polisario como una organización terrorista vinculada a Irán y Hezbolá, ¿cómo se podrá negociar con ella?». La objeción es funcional: la ONU ha tratado al POLISARIO como parte del conflicto, la MINURSO existió porque había un alto el fuego con una parte identificada y el Plan de Arreglo precisaba una negociación entre partes. Designar FTO a una de ellas cierra la vía negociadora y no deja otra alternativa al pueblo saharaui que la guerra.
La trampa de la «solución mutuamente aceptable» Es inviable seguir insistiendo en este concepto. Equipara indebidamente una pretensión de ocupación con el derecho legítimo e inalienable a la autodeterminación. No se puede poner al mismo nivel el reclamo del agresor y el derecho del agredido.
El contraste entre el marketing de Rabat y la legalidad internacional
El año pasado, la abstención rusa se presentó como un logro de Mohamed VI y se celebró oficialmente. Este año, el veto ruso, que es lo contrario, también se presenta como una victoria, con concentraciones y «colonos» en el territorio ocupado. La inversión narrativa es total, pero la conclusión es idéntica: Marruecos gana. Si el veto ruso fuera realmente un favor, cabría esperar banderas rusas en Casablanca y Rabat. No las hay: la celebración es de régimen, no de calle, lo que sugiere que el relato de la «victoria» es una operación de percepción. Curiosamente, esa celebración no se aplicó a Somalia, contra la que los medios marroquíes se ensañaron.
En los medios occidentales, el POLISARIO aparece como problema de seguridad, «actor no viable» u organización terrorista en potencia; Marruecos, como socio estable, reformista y aliado estratégico. Esa representación no es neutra: produce realidad política. El relato de la «victoria» tras el veto es orientalismo aplicado al Magreb: se selecciona el encuadre, se silencian los costes y se moviliza el sentido común.
Necropolítica y vida bajo ocupación
Hay una dimensión que la diplomacia del Consejo no capta: la forma en que se administra la vida y la muerte de los saharauis. Achille Mbembe llamó necropolítica al poder de decidir quién vive y quién muere, y a las tecnologías que hacen esa decisión soportable para el orden internacional. El muro, la represión en los territorios ocupados, la precariedad de los campamentos y la ausencia durante décadas de un mandato de derechos humanos en la MINURSO no son fallos del sistema, sino formas de gestión de una población considerada disponible. El veto no cambia esa ecuación sobre el terreno; cambia el escenario institucional, no la vida cotidiana.
La necropolítica opera también por presupuesto. En noviembre de 2025 advertí de que ACNUR recortaba un 56 % su financiación para los campamentos (de 11 a 4,8 millones de dólares) y de que el Programa Mundial de Alimentos afrontaba un déficit superior al 30 % con las reservas de emergencia agotadas. Un año después, el pronóstico se ha cumplido con creces. La Escuela Nacional de Enfermería Ahmed Abdel-Fatah, que llevaba 34 años formando profesionales sanitarios en Rabuni, se quedó sin financiación en mayo de 2026: «Hoy mismo, no tenemos financiación. Se ha acabado», declaró su director, Basiri Katab, a Público. La causa inmediata fue el desmantelamiento de la USAID (de 6.200 programas solo sobrevivieron 1.000), que aportaba cerca del 47 % de los fondos globales de ACNUR. La causa de fondo es la misma que en 2025: la administración Trump recorta la ayuda humanitaria a los saharauis mientras reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Dos políticas que se presentan como independientes y que en la práctica convergen: se debilita el sustento de una población y se fortalece la posición de quien se beneficia de ese debilitamiento. El resultado no es abstracto. La malnutrición aguda afecta al 13,6 % de los niños menores de cinco años; la anemia crónica, al 65 % de los niños y al 69 % de las mujeres en edad fértil. La tonelada de comida ha pasado de 492 dólares en 2019 a más de 782. Y la dependencia es estructural: «Somos 150 % dependientes de la ayuda humanitaria, no tenemos ningún tipo de autonomía», reconoce Alien Abdullah, director de Cooperación del Ministerio de Salud de la RASD. Esa frase no es una queja, sino un diagnóstico político: la RASD construyó sus instituciones en el exilio sobre una base que puede esfumarse por una decisión geopolítica ajena, y así está ocurriendo.
La crítica debe ser doble
La necropolítica no la ejerce solo el ocupante ni el donante que retira fondos: también se expresa en la desatención de las estructuras propias. Esto no sirve para absolvernos, pero conviene nombrarlo con precisión.
En los campamentos, la educación pública de la RASD adolece de falta de profesionales cualificados, funciona sobre el voluntarismo y acumula carencias; en ese hueco han proliferado las escuelas coránicas. En Smara, la apertura de una clínica privada reventó el nivel salarial y dejó al descubierto la mala gestión de lo público; las farmacias privadas nacieron de la falta de medicamentos en los dispensarios. Y llegó la estafa de Infravest, una trama piramidal que afectó a cientos, quizá miles, de saharauis, con una estimación de entre 20 y 60 millones de euros. Ante todo ello cabe la misma pregunta: ¿dónde están las instituciones de la RASD? ¿Dónde está el Frente POLISARIO? En el caso de Infravest no hubo acción concreta: al consultar qué medidas se adoptarían para evitar que se repita y qué asistencia existía para los afectados, la respuesta que recibí fue el silencio.
Ese silencio no es un descuido administrativo: es una forma de hegemonía. La crisis interna del Frente no se resuelve con un congreso si ese congreso no disputa la hegemonía dentro del propio movimiento. Antonio Gramsci llamó guerra de posición a la lucha por el sentido común y la dirección cultural e ideológica, frente a la guerra de movimiento, la confrontación directa. La vieja guardia no se sostiene solo por las llaves que controla, sino porque ha ganado la batalla cultural interna: ha convertido la causa en aparato y la lealtad en criterio de mérito. El silencio ante Infravest lo prueba: no hace falta responder cuando no hay mecanismo que exija cuentas a quien tenía la responsabilidad de regular, supervisar y advertir. Frente a eso, la renovación de estructuras sin cambio de personas ni de reglas no escritas es maquillaje.
El avance hacia el escenario de guerra: indicios en la frontera
Hay un escenario que no conviene eludir: el colapso definitivo de la misión y la reanudación de una guerra a gran escala. No es el más probable a corto plazo, pero sí el que más avanza si el bloqueo se confirma.
La MINURSO era el último dique formal. Sin ella, la puerta a una guerra real se abre. Rabat presenta lo ocurrido como una oportunidad, pero el statu quo es lo que más le conviene: invisibiliza la causa saharaui y mantiene la ocupación sin coste militar directo. La guerra, en cambio, da visibilidad a la causa que Marruecos ha trabajado décadas por ocultar, expone la fragilidad de una economía dependiente del turismo y pone a prueba la estabilidad que dice garantizar a sus aliados. Quien desea eternizar el statu quo es el ocupante; quien lo rompe, para bien o para mal, es el bloqueo.
Los indicios apuntan en esa dirección. Marruecos habría suspendido temporalmente la concesión de nuevas licencias de exportación agrícola hacia África desde la medianoche del 5 de noviembre, una paralización de nuevos envíos, no un cierre del comercio: las licencias vigentes siguen y el mercado europeo no está afectado. El objetivo oficial es interno (frenar el descontento por los precios), pero cabe leerlo también como precaución ante una posible escalada.
En la frontera mauritana, los movimientos son más elocuentes. Mauritania ha reforzado la seguridad en su franja norte con el fin del mandato de la MINURSO y ha establecido una zona de exclusión de diez kilómetros en la que pide a pastores y buscadores de oro que se alejen. Bir Mogrein, el paso que Mauritania había incluido entre sus 82 pasos fronterizos, no ha llegado a entrar en circulación y su entorno permanece bajo control estricto. Los buscadores de oro han sido advertidos de que abandonen la zona, y su asociación ha señalado que personas vinculadas al independentismo saharaui usan vehículos y matrículas similares a los suyos, lo que podría exponerlos a ser confundidos con combatientes. Es el tipo de movimiento que precede a una operación militar por fases, aunque no prueba que la guerra vaya a empezar.
La resistencia psicológica frente a la pinza geopolítica
En 2025, la operación fue de maltrato psicológico colectivo. Durante las semanas previas a la votación de la 2797 se orquestó una campaña para generar en el pueblo saharaui la sensación de que se avecinaba un golpe mortal. Los medios dieron por hecha la aprobación del borrador más favorable a Marruecos como un hecho consumado, y el efecto fue devastador: gente que lloraba no por una derrota real, sino porque creía que le arrancaban su lucha. Aquello buscaba quebrar la voluntad de resistencia. No lo consiguió, pero dejó claro que la batalla por la percepción es parte del conflicto.
La lógica de 2026 ha sido distinta. Tras el veto y la caída de la MINURSO no hubo pánico, sino orden: cientos de jóvenes habrían acudido a Rabuni a alistarse en el ejército. Es un hecho político: frente al vacío institucional, la respuesta fue la movilización organizada. Donde en 2025 se sembró miedo, en 2026 se recogió voluntad, y esa voluntad tiene una ventaja sobre cualquier resolución: no depende de un veto, de un penholder ni de un informe del Secretario General.
Pero plantea la pregunta que no se puede eludir: ¿hay plan, equipamiento y dirección para esa energía? La guerra se reinició en 2020 sin preparación ni planificación, y años después seguimos sin una estrategia clara. Que cientos de jóvenes acudan a Rabuni prueba confianza en el instrumento, no que el instrumento esté a la altura. Si esa voluntad no se canaliza con formación, medios y una dirección que rinda cuentas, se desperdiciará como se desperdició el impulso de 2025. La voluntad colectiva no se construye solo con alistamiento: se construye con hegemonía, con cuadros y con un proyecto que explique para qué se lucha y cómo se gobierna lo que se libere. El pueblo ha demostrado que está dispuesto; la pregunta es si la dirección lo está.
Las consecuencias del fracaso del proyecto estadounidense
Siguiendo el análisis de Carlos Ruiz Miguel (que conviene contrastar con otras voces), las consecuencias se encadenan:
1. El fracaso es estadounidense. La diplomacia norteamericana apostó con torpeza por apoyar la anexión del Sáhara por Marruecos. Es, en palabras de Ruiz Miguel, un fracaso personal de Trump: la cuerda se tensó tanto que se rompió y el texto llevó la erosión de la autodeterminación hasta un punto inaceptable para Rusia y China.
2. El ridículo es marroquí. Marruecos instituyó una «fiesta de la unidad» tras la 2797, haciendo creer que la ONU reconocía la anexión. Ahora se ve que no era así.
3. Israel pierde un precedente. La anexión del Sáhara era el precedente que buscaba para liquidar la autodeterminación de Palestina, y por eso sectores de Washington pedían un «acuerdo» con Marruecos que la avalara. El veto cierra esa puerta.
4. El rechazo beneficia a España. La defensa de sus aguas y su plataforma continental es más sólida si el marco jurídico no se ha consumado políticamente.
5. Se refuerza la demanda del POLISARIO ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para anular los acuerdos UE-Marruecos que incluyen el Sáhara Occidental.
6. Se refuerza la posición de Mauritania, que veía con horror que Marruecos ocupara La Güera y pudiera condicionar o invadir Nuadibú, su capital económica. La zona de exclusión encaja con esa lógica.
7. Se refuerza el vínculo de Argelia con Rusia, con posibles consecuencias en el Sahel.
8. La política de Francia, hostil a Argelia, queda debilitada.
9. La «autonomía» queda expuesta como no-solución: presentarla como «único marco» y «única solución factible» ha fracasado.
10. El fracaso también es de Sánchez. El giro de 2022, que alineó a España con Marruecos, ha resultado un error histórico.
11. El asunto no sale de Naciones Unidas: sigue en manos de la Asamblea General, que habría de votar en diciembre un proyecto de la Cuarta Comisión.
Conclusión: ¿hacia dónde va el derecho internacional?
El Sáhara Occidental no es un caso aislado ni una anomalía que el sistema pueda corregir con una resolución más. La pregunta no es si Marruecos ganó o perdió, sino qué queda del derecho internacional cuando su aplicación depende de un veto.
La modernidad se construyó sobre una colonialidad del poder que situó a Europa como centro del conocimiento y a los pueblos colonizados como periferia disponible. El derecho internacional no es ajeno a esa lógica: se presenta como universal, pero su aplicación ha sido selectiva. Augusto Zamora lo formuló con precisión en la entrevista que mantuvimos: «Hay que entender que, a lo largo de la historia, el derecho ha tenido un valor relativo en la relación entre fuertes y débiles. Esto ha sido siempre el lado más triste, negro y crítico del derecho, sea derecho interno o derecho internacional. Nunca se juzga igual al pobre que al rico. Y en las relaciones internacionales el derecho internacional vale hasta cierto nivel, pero ya llevado a una situación de confrontación con una potencia imperialista, si esta potencia puede imponer su voluntad, la impone. Esto es así y seguirá siendo mientras existan potencias imperialistas; lo estamos viendo en el presente.»
Esa es la lección para el Sur Global: el marco jurídico solo se sostiene si hay actores dispuestos a defenderlo frente a la presión de los fuertes.
La dinámica de bloques no es nueva, pero se ha hecho más visible: por un lado, Estados Unidos, Francia, Reino Unido e Israel, con Marruecos como aliado; por otro, Rusia, China y un Sur Global que no siempre vota unido, pero comparte la desconfianza hacia un orden construido sin su participación. Esa fractura no garantiza una solución, porque los BRICS no tienen una posición única. Pero abre una ventana que el veto ha hecho visible y que la Asamblea General puede aprovechar. Si el Sur Global articula una agenda común en torno a la autodeterminación, el Sáhara puede dejar de ser un caso aislado y convertirse en símbolo. De nosotros depende ensanchar esa fractura hasta construir una puerta.
El Sáhara es un test permanente, porque cada año se renueva la misma pregunta: ¿el derecho internacional se aplica o se negocia? El veto ha frenado el vaciamiento jurídico, pero no ha cerrado el conflicto. El fin de la MINURSO abre un escenario nuevo, pero no resuelve el fondo. La Asamblea General ofrece un foro más favorable, pero no garantiza una solución.
Lo que queda es una ecuación inestable: el derecho se ha salvado tácticamente, pero sigue expuesto a la presión de los fuertes. El pueblo saharaui ha demostrado una reserva moral y una voluntad de lucha que ningún recorte humanitario ni campaña de percepción ha podido destruir. Pero la voluntad sin estrategia se desperdicia. La renovación interna, la formación de cuadros, la construcción de hegemonía y la articulación de una agenda con otros pueblos del Sur son las condiciones para que esa voluntad se convierta en victoria.
La respuesta no está escrita. Depende de lo que hagan quienes la defienden.
Qué hacer con la ventana
Una ventana no se contempla: se cruza o se cierra. Y no se cruza con un solo gesto, sino con trabajo cada hora, cada día, cada semana, cada mes y cada año. Cada uno de esos plazos es una nueva oportunidad de movilizarnos por nuestra causa.
Esa movilización se organiza a través de los principios básicos de la crítica y la autocrítica. Pero no entendidos como un ejercicio que se hace sentados, a la espera, sino erguidos y listos para actuar: transformar las palabras en acciones, el deseo en proyección y la proyección en realización. No podemos permitirnos otra cosa.
Hay que decir qué significa eso en la práctica. Ahora: un llamado a la movilización colectiva. En los próximos meses: un congreso de crisis que aborde los problemas de frente y un liderazgo colectivo en los campamentos que vele por su sanidad, su educación y su seguridad. Durante el año: formación de cuadros, soberanía económica apoyada en la diáspora y un plan militar con medios reales.
A lo largo de estos años he publicado análisis de todo calado, y creo que esta frase, lo resume: la guerra es un referéndum. Si el pueblo quiere luchar y hay una estrategia, se hará. Sin ellos, la voluntad no es un plan, es una apuesta con vidas ajenas.
Un llamado a todos los saharauis
A ti, que estás en los campamentos; a ti, que vives en los territorios ocupados; a ti, que estás en la diáspora; a ti, joven, madre, estudiante, trabajador, combatiente, sanitario, periodista, abogado: esta causa es tuya. No hay un solo saharaui que no tenga un lugar en ella.
La ventana existe, pero no se cruza sola. Se cruza con organización. La voluntad, por inmensa que sea, se desperdicia cuando nadie la ordena. Lo hemos visto: el impulso de cada coyuntura se ha perdido porque no hubo quien lo canalizara. No podemos permitirnos que vuelva a ocurrir.
Luchar es hacer algo, cada uno desde donde está:
● Quien está en la diplomacia y el derecho: que cada victoria jurídica se defienda y se aplique, que cada foro, desde la Asamblea General hasta los tribunales europeos, sea un frente de trabajo.
● Quien está en la comunicación: que el relato lo construyamos nosotros, con rigor, y que no nos lo imponga nadie.
● Quien está en la diáspora: que su fuerza económica y profesional se ponga al servicio de la causa con mecanismos reales y transparentes.
● Quien está en los campamentos: que exija y construya un liderazgo colectivo que vele por la sanidad, la educación y la seguridad de nuestra gente, y que rinda cuentas.
● Quien está en los territorios ocupados: que sepa que no está solo, y que la organización también existe para protegerle.
● Quien está en las filas: que su valor sea respaldado por un plan, medios y una dirección responsable.
Y todos, sin excepción, debemos organizarnos: en comités, en redes, en cada barrio, en cada ciudad donde viva un saharaui. Organizarse no es esperar instrucciones: es asumir tareas, repartir responsabilidades, medir resultados y corregir errores. Es la crítica y la autocrítica en acción.
La unidad no significa uniformidad. Cabe el debate, cabe la discrepancia, cabe la crítica a quien dirige. Lo que no cabe es la pasividad. Quien no hace, deja que otros decidan por él.
Nadie vendrá a hacerlo por nosotros. Ni la ONU, ni un veto, ni un aliado circunstancial. Lo que decidimos hacer, hora a hora, día a día, semana a semana, es lo que determinará
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