A pesar de la gravedad, el Gobierno de Pedro Sánchez mantuvo estos hechos fuera del conocimiento público durante más de dos meses.
Por Sergio Meneses | 14/10/2026
Los días 30 y 31 de julio, mientras decenas de miles de personas —cifras que oscilan entre las más de 70.000 y 80.000 según diversas fuentes— cruzaban a pie y a nado la frontera de El Tarajal desde Marruecos hacia Ceuta, buques de guerra de la Marina Real marroquí penetraron en aguas españolas. No se trató de un tránsito inocente ni de un error de navegación. Fuentes consultadas por El País, que destapó la información el 12 de octubre, describen una “vulneración intencionada y repetida del mar territorial”, con pocos precedentes, que se prolongó durante los primeros días de agosto y elevó la tensión hasta el punto de que un patrullero español y otro marroquí estuvieron a punto de colisionar.
Al menos una fragata y varias patrulleras marroquíes participaron en estas maniobras no autorizadas. Investigaciones posteriores y reportes de medios como El Confidencial y 20minutos identifican entre ellas a la fragata Mohamed VI, el buque insignia de la Marina marroquí, una unidad de la clase FREMM de fabricación francesa y el principal activo naval del país norteafricano. La presencia de esta embarcación, que opera habitualmente desde la base de Ksar Sghir (a unos 35 km de Ceuta), no fue un gesto menor: representa el emblema de la flota de Rabat en un momento de máxima presión sobre la ciudad autónoma.
La respuesta española y el silencio oficial
La Armada española reaccionó con un despliegue disuasorio. El Estado Mayor de la Defensa envió el Buque de Acción Marítima (BAM) Rayo desde Las Palmas, que atracó en Ceuta el 3 de agosto. Posteriormente se incorporaron las fragatas Santa María (desde Rota) y Navarra (tras una avería de la primera). Las incursiones cesaron tras este refuerzo y gestiones de alto nivel del Ministerio de Defensa con Rabat.
Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez mantuvo estos hechos fuera del conocimiento público durante más de dos meses. El presidente no los mencionó en su comparecencia monográfica ante el Congreso el 3 de septiembre, donde insistió en la “absoluta transparencia” y anunció la publicación de un dosier con todos los informes sobre la crisis. Tampoco figuraron en los aproximadamente 40 documentos desclasificados. Según fuentes de Zarzuela, sí se informó al Rey Felipe VI, pero no al Gobierno de Ceuta (presidido por Juan Jesús Vivas) ni a la opinión pública.
La admisión tardía y la desvinculación
Fue solo después de que El País publicara la información —en vísperas de la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla— cuando Sánchez, en corrillos con periodistas durante la recepción del 12 de octubre en el Palacio Real, confirmó los hechos. Los calificó de “hecho puntual” que se resolvió mediante interlocución fluida entre las Armadas, y desvinculó explícitamente la incursión naval de la avalancha migratoria. “Entre dos países vecinos, esos hechos puntuales existen”, afirmó. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, repitió el mismo argumento el día siguiente, calificándolo hasta tres veces de “puntual” y enmarcado en relaciones de “buena vecindad”.
Esta versión choca con la gravedad de lo ocurrido. Una entrada no autorizada y reiterada de unidades de guerra extranjeras en aguas territoriales, que obliga a movilizar fragatas y genera riesgo de colisión, no es un incidente menor de navegación. En el derecho internacional, el paso inocente de buques de guerra exige condiciones estrictas (tránsito continuo y rápido, sin maniobras amenazantes). Las fuentes describen lo contrario: movimientos deliberados, cambios de rumbo y persistencia. Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, lo que añade una capa de ambigüedad jurídica, pero no anula la responsabilidad de gestionar y comunicar un episodio de esta naturaleza.
Implicaciones para la confianza y la soberanía
La ocultación no es un detalle técnico. Sánchez prometió transparencia absoluta sobre la crisis de Ceuta y omitió un elemento que, por sí solo, demuestra la implicación directa de las Fuerzas Armadas marroquíes en un contexto de presión híbrida sobre territorio español. La respuesta oficial —tibia, tardía y centrada en minimizar— refuerza la percepción de una gestión subordinada a no irritar a Rabat, a costa de informar al Parlamento, a las autoridades locales y a la ciudadanía. Informar al Rey pero silenciarlo al Congreso y al pueblo es una decisión política, no una omisión accidental.
Este episodio genera más desconfianza sobre cómo el Ejecutivo gestiona las relaciones con Marruecos y la integridad territorial de España. No se trata solo de la avalancha migratoria, sino de la presencia de medios militares de un Estado vecino en aguas españolas en el mismo momento, sin autorización y sin explicación pública durante meses. La soberanía no se defiende solo con despliegues navales una vez que los hechos se filtran; se defiende también con transparencia institucional y con la obligación de rendir cuentas ante quienes representan la soberanía popular. Ocultar información de este calibre debilita esa rendición de cuentas y alimenta dudas legítimas sobre la firmeza de la posición española.
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