Rehabilitación y tratamiento de agresores sexuales (2)

Por Pablo Molejón

2. PERFILES DELICTIVOS DE LOS AGRESORES SEXUALES. FASES DEL TRATAMIENTO SAC Y EL PROGRAMA CoSA EN CATALUNYA (CerclesCat).

 Hemos visto en el anterior apartado que desde el siglo pasado se ha experimentado un crecimiento de la preocupación social por los agresores sexuales (si bien el número de estos no había crecido). Ante ello, las instituciones responsables de la seguridad pública han tratado de dar respuesta al problema proponiendo penas más duras y punitivas, así como medidas de vigilancia y control de los ex-convictos durante su vida en libertad tras cumplir la condena, como las ya mencionadas Leyes Megan de Estados Unidos. Todas estas medidas se han mostrado ineficaces para reducir la reincidencia de los agresores, e incluso pueden acarrear daños colaterales como el fomento del miedo social al delito, el aumento del coste económico de la ejecución penal o la provocación de dificultades para la futura reinserción de los condenados (Nguyen et. al., 2014).

Así, y cumpliendo con lo mandatado por el artículo 25.2 de la Constitución, empiezan a aplicarse en España, a partir de los años 90, programas de tratamiento en prisión para delincuentes sexuales, siguiendo los avances en la investigación que se venían presentando y aplicando en algunos países de Norteamérica y Europa (García, Montes, Soler; 2015). En los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior y de la Generalitat de Catalunya se implementó el programa de Control de la Agresión Sexual (SAC, por sus siglas en inglés, Sexual Assault Control), a través de una adaptación en 1996 del modelo de tratamiento más relevante en aquel entonces. Una evaluación de este programa fue la llevada a cabo en la prisión de Brians, cuyos positivos resultados ya mencionamos en el anterior apartado.

Tenemos entonces que en Catalunya existe y se aplica un modelo de tratamiento que se muestra eficaz para reducir la tasa de reincidencia de los sujetos a los que se les aplica. Este modelo gira en torno a la prevención de la reincidencia, a través de una adaptación del modelo de Prevención de Recaídas (originalmente concebido para el tratamiento de adicciones) a los delitos sexuales. Así, el SAC no sólo tiene como objetivo evitar el hecho delictivo en sí, sino lograr que el condenado se adapte de forma positiva a la vida en sociedad, refuerce sus redes sociolaborales de apoyo y evite que situaciones cotidianas de la vida se conviertan en nuevos factores de riesgo (o agraven los anteriores) que le impulsen a cometer un delito.

A pesar de los asombrosos resultados generales del programa SAC, este cuenta aún con diversas limitaciones sobre las que se debe trabajar para lograr una mayor eficiencia. La más importante de ellas, es que el tratamiento está compuesto por módulos estancos que no se adaptan tan individualmente como podrían a los diferentes problemas de los condenados, haciendo que se disipen los principales factores de riesgo, pero no algunos específicos de cada individuo en particular, lo cual puede desembocar en reincidencia. Así, sería conveniente que los módulos tuviesen más capacidad de individualización para así poder centrarse en problemas más específicos y concretos de cada persona.

Otra limitación que enfrenta el programa SAC, y que da pie a una reflexión interesante, es que es necesario que los participantes empiecen el programa asumiendo su responsabilidad en el delito y suficientemente motivados para emprender el esfuerzo que implica un cambio en la forma de enfrentarse a los problemas de la vida cotidiana una vez accedan a la libertad (García et. al., 2015). Sin embargo, esto resulta complicado ya que los internos cuentan con un largo bagaje de justificación y negación de su responsabilidad que han aprendido, sobre todo, durante el proceso penal y el cumplimiento de la pena, es decir, durante su paso por la prisión (García et. al., 2015). Sería interesante plantear, por lo tanto, la realización de este tipo de tratamientos en un espacio distinto al del complejo industrial-penitenciario, que precisamente es el mayor enemigo para poder lograr los objetivos de los tratamientos, debido a que es un ámbito comprobadamente criminógeno que incluso puede agravar en muchos casos los factores de riesgo que en su momento inclinaron a la persona a cometer el delito por el que fue condenado. La prisión logra simplemente una adaptación al propio sistema penitenciario, no a la sociedad. Resulta absurdo plantear la resocialización de una persona manteniéndola aislada y al margen de esta sociedad con la que se pretende que conviva, es una contradicción en toda regla. Las prisiones crean un ambiente siniestro que inhibe la reintegración de las personas que han cometido un delito y que incluso puede contribuir a un riesgo creciente de reincidencia: la propia reacción punitiva puede ser (y es) la causa de la no reinserción (Varona, Zuloaga, Francés; 2019). Además, el ingreso en prisión supone la estigmatización, la ruptura de todas las relaciones sociales de apoyo y el abandono social, laboral y económico del delincuente, lo cual según investigaciones llevadas a cabo en Estados Unidos, condena a estas personas a volver a cometer otros delitos.

Pasando ya a la explicación del funcionamiento del programa, la primera “misión” de los profesionales es identificar los factores de riesgo que han estado presentes durante la comisión del delito, para así encuadrar al condenado en uno de los tres perfiles que describiremos más adelante. La identificación de los factores de riesgo se lleva a cabo mediante una evaluación de las interacciones entre procesos cognitivos, conductuales, emocionales, sociales y situacionales durante proceso delictivo, que se divide, para el caso, en 5 fases temporales:

1. Corresponde al mes previo a la comisión del delito.
2. Antecedentes inmediatos. El día de la comisión del delito. Se estudian todos los elementos que aparecen desde el inicio del día hasta que el agresor ve por vez primera a la víctima.
3. Aproximación. Interacción con la víctima desde que la ve por primera vez hasta que la agrede.
4. Agresión. incluye todos los elementos presentes mientras se comete el delito.
5. Postagresión. Se estudian las respuestas del agresor en los momentos y días posteriores a la comisión del delito. (García et. al., 2015).

Gracias a este método se puede esbozar el perfil del agresor sin necesidad de recurrir a las encuestas al sujeto, que era el procedimiento empleado antes de la aplicación del SAC (y que se utiliza allí donde no se aplica el SAC). Así, después de diversos estudios, se hallaron 3 perfiles diferenciados de agresor, en cuyos rasgos característicos se basa el tratamiento específico de cada perfil. Acorde a la investigación de García, Soler y Montes, los perfiles serían los siguientes:

PERFIL A: Sujetos que buscan la mejora de un estado positivo. Presentan un estado de ánimo positivo, la agresión no está relacionada con su estado emocional o presuntos déficits de autocontrol: la única motivación del delito es obtener gratificación sexual. Si estos sujetos son capaces de llegar al extremo de agredir a una mujer sólo para obtener placer sexual, no es porque sean “psicópatas” o “estén locos”, como muchas veces se plantea desde la opinión pública, sino porque tienen arraigadas una serie de creencias, conductas e ideologías (machismo, códigos patriarcales…) que desactivan la barrera moral que normalmente impedirían la comisión de una agresión sexual. Así, estos sujetos cuentan con diversos mecanismos de defensa y justificación: no reconocen lo erróneo de su conducta y a menudo responsabilizan a la víctima de lo ocurrido.

PERFIL B: Sujetos que tratan de escapar de un estado de ánimo negativo. Todos ellos cuentan con un largo bagaje de malestar emocional intenso y persistente (García et. al., 2015), y la sexualidad cumple en ellos una función reguladora de las emociones y estados de ánimo. Así, los agresores obtienen una gratificación no sexual, como sí ocurría en el anterior perfil, sino emocional. La mayoría de los miembros de este perfil, además, carece de control del impulso o la conducta sexual, por lo que cuando aumenta su malestar emocional aumentan también las fantasías y conductas sexuales de riesgo. Es por esto que muchos agresores de este perfil llevan a cabo una planificación encubierta: manifiestan conductas, actividades, fantasías y pensamientos que sirven de “ensayo” para la comisión del delito.

PERFIL C: Sujetos que buscan compensar el daño percibido. En ellos se observa una presencia de elementos que son percibidos como una amenaza para su bienestar personal (desempleo, pobreza, conflictos interpersonales, enfermedades…). Todo ello genera en el sujeto frustración y estrés, que en el momento del delito se mezclan con la interacción personal con el entorno y se convierten en ira. Así, la víctima es, para el agresor, el objeto en el que descargar esa ira. No busca gratificación ni sexual ni emocional, la víctima simplemente cumple la función de “objeto antiestrés”. Los agresores de este perfil reconocen su conducta como negativa y de una alta gravedad, por lo que mantienen un juicio negativo sobre ellos y su conducta. Así, los mecanismos de defensa que desarrollan por sí solos van dirigidos a atenuar esa autoevaluación negativa (García et. al., 2015).

Estos perfiles y sus respectivos factores de riesgo se tendrán en cuenta para la fase de tratamiento específico y de preparación de reintegración, dos de las 4 fases de las que consta el programa SAC.

En la primera fase, la de adquisición de competencias básicas, se lleva a cabo la ya explicada evaluación para detectar los factores de riesgo y tratar de encuadrar al sujeto en uno de los perfiles. En esta fase del Plan Individual de Tratamiento (PIT) se abordan factores que han estado presentes en el delito, pero que también son habituales en otras tipologías delictivas, como el control de la ira o el razonamiento moral (García et. al., 2015). Asimismo, se llevan a cabo actividades que hacen más llevadero el ingreso del condenado en prisión (deportes, trabajos, lectura…).

En la segunda fase, de tratamiento específico, se actualiza la evaluación, centrándose ya en el proceso concreto del delito y la prevención de recaídas. Se lleva a cabo un abordaje motivacional que prepare al delito para participar en los módulos específicos de su perfil y actividades más intensas. Una vez realizado esto, se inicia la participación en los módulos directamente relacionados con la agresión sexual, y cada interno participa en los específicos de su perfil. Así, los módulos del perfil A estarían relacionados con intervenciones motivacionales basadas en la reestructuración cognitiva de sus creencias o con el desarrollo de empatía y conciencia moral. Los módulos del perfil B estarán orientados a mejorar su competencia psicosocial y a aumentar su autocontrol emocional a través de la reestructuración cognitiva. Asimismo, para prevenir la planificación encubierta que llevan a cabo los sujetos enmarcados en este perfil, se diseña un módulo de prevención de recaídas más intensivo en el que se profundice más en la conciencia del ciclo del delito y en las competencias para evitarlo (García et. al., 2015). Por último, los módulos del perfil C estarían orientados a trabajar el control de la ira y la resolución de problemas interpersonales.

Cuando se han alcanzado progresos en la fase 2 y se aproxima el momento de iniciar contactos con el exterior a través de permisos o salidas programadas, da inicio la fase de preparación para la reintegración. En esta fase, la evaluación debe ir orientada a la actualización del plan de prevención de recaídas (PPR) de cada individuo, por lo que la parte más teórica del PPR debería haber empezado en la fase anterior (García et. al., 2015). Esta fase tiene dos grandes objetivos: iniciar el contacto con los dispositivos de supervisión y tratamiento que estarán presentes en la semilibertad, y reforzar las redes sociales y familiares de apoyo, vitales para la resocialización del individuo, y así preparar la gestión del riesgo. La gestión del riesgo implica que la falta de apoyo social no es visto como un resultado negativo, sino como el impulso para potenciar nuevas modalidades y redes de apoyo alternativas a las tradicionales, como los Círculos de Apoyo y Responsabilidad (cuyo funcionamiento explicaremos más adelante). Es decir, si existen ya redes de apoyo para el sujeto, excelente. Si no, se crean otras de forma artificial, y se ayuda al sujeto a crear sus propias redes de forma natural.

Una vez que el penado alcanza el régimen abierto y la libertad condicional, se inicia la fase de consolidación de la reintegración. Aún no están aquí alcanzados, por supuesto, todos los objetivos. De hecho, esta es una fase crítica, en la que el sujeto se enfrenta a nuevos retos, situaciones y necesidades frutos del contacto con el medio social, que pueden dificultar la resocialización, agravar los factores de riesgo o incluso crear otros nuevos que deben ser abordados. En esta fase especialmente, el tratamiento no sólo se centra en evitar el delito, sino que aborda los principales obstáculos con los que el penado se encuentra para reintegrarse de pleno y de forma positiva en la vida en sociedad (encontrar trabajo, buscar casa…). Durante esta fase cumplen también un importante papel las redes de apoyo anteriormente mencionadas, así como los Círculos de Apoyo y Responsabilidad, explicados a continuación.

Los Círculos de Apoyo y Responsabilidad (CoSA) constituyen una muestra de cómo se puede articular una intervención comunitaria, capaz de gestionar el riesgo a la vez que promover la integración social (Nguyen et. al., 2014). Todo ello, a través de la prevención social, apoyándose en el papel que ejerce el Control Social Informal en la prevención del delito^[1]. La actividad de los Círculos tiene como máxima el lema “No más víctimas”, algo que sólo se puede lograr a través de procesos que integren al agresor en la sociedad y trabajen para prevenir los factores de riesgo.

Los CoSA están compuestos por un círculo interno y un círculo externo. El interno está formado por cinco voluntarios y el agresor, al que se llamará Miembro Central (MC). Estos protagonizarán reuniones periódicas en las que se abordarán los problemas, logros y obstáculos del MC en su vida cotidiana en comunidad y se evaluarán los resultados del Plan de Prevención de Recaídas aplicado en la vida cotidiana del agresor. Asimismo, los voluntarios proporcionarán al MC apoyo moral e instrumental, recogiendo sus preocupaciones relativas a la vida cotidiana y ayudándole a superarlas. También organizan con el MC actividades de carácter lúdico como excursiones, actividades deportivas, aprendizaje musical, etcétera. El círculo externo estará conformado por profesionales (encargados del tratamiento y agentes de la condicional), que evaluarán los procesos del círculo interno y la evolución del MC a fin de ir adaptando consecuentemente su condición penal. Entre el círculo interno y el externo estará el Coordinador, encargado de supervisar todo el proceso, de establecer relaciones entre los círculos y de garantizar su correcto funcionamiento.

Todos los proyectos CoSA implementados en diversos países, incluído el programa CerclesCat llevado a cabo en la actualidad en Catalunya, se han mostrado asombrosamente eficaces para reducir la reincidencia en los agresores sexuales. Concretamente, se pudieron constatar reducciones en las tasas de reincidencia de los participantes en el programa respecto al grupo de comparación de hasta un 80%. (García et. al., 2015). Además, este programa se ha mostrado no sólo más eficaz, sino también más barato: la inversión en este tipo de programas reduce los costes de la gestión de este tipo de población entre un 18% y un 80% (García et. al., 2015).

3. CONCLUSIONES.

Las agresiones sexuales, como ya hemos visto, se explican por factores únicamente sociales, son fruto de conductas derivadas del patriarcado imperante en la sociedad, mezcladas con una falta de recursos materiales y de gestión emocional; en definitiva, factores que son irresolubles por la vía punitiva, policial o médica, como sugieren ciertos sectores ideológicos. Las agresiones sexuales pueden controlarse a corto plazo y eliminarse en un espacio de tiempo generacional si se actúa correctamente. Para controlarlas en el mundo actual, es necesario invertir desde el sector público en políticas de rehabilitación (así como en su continua revisión, modificación y mejora) pero, sobre todo, en políticas de prevención, esto es, en evitar que situaciones y procesos cotidianos se conviertan en factores de riesgo que propicien en un individuo la comisión de un delito, a través del ámbito educativo, cotidiano, cultural y propagandístico. A largo plazo, la única forma de erradicar esta y todas las formas de violencia machista sería eliminar de raíz el sistema patriarcal, producto del capitalismo, lo cual exige que pasen generaciones desde que el proletariado toma el poder y elimina el modo de producción capitalista, en un hipotético caso. Al margen de todas estas consideraciones, queda todavía mucho trabajo por realizar en este ámbito y es evidente, en vista de lo expuesto con anterioridad, que únicamente con mano izquierda se podrá seguir avanzando en él.

5. FUENTES

• Evaluación, tratamiento y gestión del riesgo de delincuentes sexuales. Propuestas para una actualización del modelo. 1st ed. César García, Anna Montes, Carlos Soler. Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya;
• Varona Martínez, G., Zuloaga Lojo, L., Francés, P. Mitos sobre delincuentes y víctimas. Pamplona: Nafarroako Unibertsitate Publikoa; 2019.
• Wacquant, L. Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social. Barcelona: Gedisa; 2010.
• Reinserción y gestión del riesgo de reincidencia en agresores sexuales excarcelados: el proyecto “Círculos de Apoyo y Responsabilidad” en Catalunya. 1st ed. Thuy Nguyen¹, Nina Frerich¹, César García², Carlos Soler², Santiago Redondo-Illescas¹, Antonio Andrés-Pueyo¹. ¹Grupo de Estudios Avanzados en Violencia, Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos (Facultat de Psicologia, Universitat de Barcelona). ²Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya; 2014.
• Davis, A. Democracia de la abolición. Prisiones, racismo y violencia.

^[1] Con “Control Social Informal” nos referimos en criminología a la presión que indirectamente ejerce un grupo de personas sobre el delincuente a la hora de cometer un delito, debido al riesgo que tiene este de ser descubierto en el acto.