¿Qué ha ocurrido con la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas?

La experiencia internacional y española muestra que las reducciones significativas de jornada avanzan más cuando van acompañadas de fuerte conflictividad laboral.

Por Joaquín Castro | 19/07/2026

En mayo de 2025 el Gobierno de coalición PSOE-Sumar aprobó en Consejo de Ministros el proyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales sin merma salarial. Se presentó como una medida histórica, la primera gran bajada legal desde 1983, que beneficiaría a millones de trabajadores y trabajadoras, mejoraría la conciliación, la salud mental y, supuestamente, la productividad. Yolanda Díaz y el Ministerio de Trabajo lo vendieron como un avance “de sentido común” en la España del siglo XXI.

Un año después, en julio de 2026, la medida sigue sin entrar en vigor. La tramitación parlamentaria fue rechazada en el Congreso el 10 de septiembre de 2025, principalmente por los votos en contra de PP, Vox y Junts. No hay nuevo proyecto de ley en marcha, ni fecha prevista de entrada en vigor. En el Plan Normativo del Gobierno para 2026 ni siquiera aparece como prioridad. La jornada máxima legal sigue siendo de 40 horas semanales de promedio anual. Solo se avanza tímidamente a través de convenios colectivos, donde la jornada media pactada ronda las 38,1 horas, pero sin obligación general.

La “medida estrella” ha quedado metida en un cajón. Olvidada en la agenda política mientras la clase trabajadora sigue encadenada a las mismas 40 horas (o más, con horas extras no siempre pagadas ni registradas correctamente).

La reducción de jornada no es un regalo del Parlamento ni una concesión de buena voluntad de las élites. Es un terreno de disputa de clase. Para el capital, cada hora menos de trabajo significa, en principio, menos plusvalía extraída, más costes de contratación o reorganización productiva. La patronal (CEOE y grandes empresas) lo ha dejado claro: advierte de pérdidas de competitividad, costes adicionales y dificultades organizativas. Por eso presiona, financia think-tanks y busca aliados políticos para bloquear o diluir cualquier avance.

La historia del movimiento obrero español demuestra que todos los grandes saltos en derechos laborales han llegado tras lucha, sacrificio y confrontación directa con la patronal y el Estado.

La jornada de 8 horas diarias (1919) no cayó del cielo. Fue fruto de la huelga de La Canadenca en Barcelona, una movilización masiva de la clase trabajadora (especialmente anarcosindicalista) que paralizó la ciudad y obligó al Gobierno a decretar la medida. Miles de obreros en huelga indefinida, enfrentamientos y represión, pero también organización y solidaridad de clase.

Muchas otras conquistas (regulación de horas extras, mejoras en Seguridad Social, derechos de negociación colectiva, subidas del salario mínimo con fuerza real…) han requerido huelgas, paros, manifestaciones y presión desde abajo. El reformismo parlamentario puede proponer, negociar y aprobar en momentos de debilidad del capital, pero rara vez sostiene avances sin la amenaza real de movilización obrera.

La propuesta de 37,5 horas se enmarca en esta lógica. Se anunció con gran repercusión mediática y expectativas entre la clase trabajadora, pero se tramitó de forma puramente institucional: acuerdo en el Consejo de Ministros, envío al Congreso y dependencia de mayorías parlamentarias frágiles. Cuando faltaron los apoyos (por cálculo político de Junts, oposición frontal de la derecha y presión empresarial), la medida se hundió sin que hubiera una respuesta masiva desde los centros de trabajo.

¿Podrá el reformismo tirar adelante esta medida?

El reformismo —entendido como la vía de cambios graduales a través de las instituciones, pactos con la patronal y mayorías parlamentarias— tiene límites estructurales claros. Puede abrir brechas cuando hay correlación de fuerzas favorable (presión sindical fuerte + debilidad del capital + gobierno dispuesto), pero tiende a estancarse o retroceder cuando esa presión desaparece.

En este caso, el Gobierno ha preferido no forzar la confrontación y ha pivotado hacia medidas más “técnicas” como el registro horario digital. Los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) han apoyado la medida, pero la movilización real ha sido limitada comparada con otras campañas. Sin una campaña sostenida de asambleas, paros parciales, huelgas sectoriales y presión en la calle, la patronal y sus aliados políticos tienen vía libre para bloquear.

La experiencia internacional y española muestra que las reducciones significativas de jornada (como las de Francia o las propuestas en otros países) avanzan más cuando van acompañadas de fuerte conflictividad laboral. El reformismo solo puede “tirar adelante” la medida si es capaz de generar o aprovechar esa presión desde abajo. De lo contrario, quedará como otra promesa electoral incumplida o diluida en años de negociaciones estériles.

El tiempo libre no se regala, se conquista

La reducción a 37,5 horas sigue siendo una reivindicación justa y necesaria. Significaría más tiempo para la vida, los cuidados, la formación, el ocio y la organización colectiva. Pero no llegará por decreto parlamentario en solitario ni por la buena voluntad de un gobierno de izquierdas. Requiere que la clase trabajadora se organice, se movilice y ponga en jaque los intereses del capital.

Mientras la medida siga en el cajón, la pregunta no es solo si el reformismo podrá sacarla adelante, sino si la clase trabajadora está dispuesta a recuperarla como bandera de lucha. Porque la historia es clara: los derechos laborales que hoy disfrutamos (o que aún nos faltan) no se conquistaron en despachos. Se conquistaron en las calles, en las fábricas y en las huelgas.

¿37,5 horas? Sí. ¿Pero con qué método? Con la fuerza organizada de quienes producen la riqueza. Todo lo demás es esperar que el león se convierta en vegetariano.

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