«Como ciudadanía tenemos la oportunidad de buscar otras alternativas diferentes a los grandes grupos empresariales que dominan el mercado eléctrico, como son las cooperativas».
Joan Ramon Sanchis Palacio
El precio de la luz está batiendo récords durante el mes de agosto. Con las tarifas de la primera quincena de agosto, el usuario medio está pagando 27,85 euros más que en agosto del año pasado y el precio ya ha superado los 120 €/MWh. Durante los meses de invierno del año 2020 ya se observó un episodio parecido. Esta subida en la factura de la luz tiene consecuencias negativas directas en el poder adquisitivo de la mayoría de la población, no solo por la subida directa del recibo de la electricidad, sino también porque esta subida en el precio de la energía provoca un efecto multiplicador en el resto de los sectores económicos. Un aumento del coste de la energía se traduce en el incremento del precio de otros productos, en especial de la alimentación, lo que supone un aumento en el Índice de Precios al Consumo IPC. De hecho, el aumento del precio de la luz y de los combustibles está provocando, en parte, la subida de la inflación; lo cual puede ser preocupante, pues puede suponer un cambio en la política monetaria de la Unión Europea al enfocarla a controlar la inflación aumentando los tipos de interés.
La subida del precio de la electricidad afecta principalmente a dos colectivos: los autónomos y las micro, pequeñas y medianas empresas, que verán aumentados sus costes de producción, lo que puede agravar aún más la crisis del coronavirus; y las economías domésticas, que ven incrementado su recibo de la luz, lo que puede provocar mayor pobreza y exclusión energética. El número de hogares que no tienen acceso a la electricidad o que no pueden acceder al aire acondicionado en verano y a la calefacción en invierno, va a seguir aumentando. Como se puede ver, se trata de un aspecto que debería ser considerado de “emergencia nacional”, pues supone el no acceso a bienes de primera necesidad para una parte importante de la población, lo que incrementa los niveles de pobreza y de exclusión social.
Pero, ¿cuáles son las causas de la subida de la luz? Desde una perspectiva macroeconómica, la subida del precio de la luz durante este verano es debida a dos factores principalmente: la revalorización del gas natural en los mercados internacionales debido al aumento de la demanda de este tipo de energía y la subida en los precios del mercado de emisiones de CO2 que han de pagar las hidráulicas; estos últimos han subido en más de un 100% durante los 6 últimos meses. Esta subida en el coste del gas y de las emisiones de CO2 provoca que las plantas de generación hidráulica suban el precio de la producción de electricidad para compensar los aumentos de sus costes. Pero estos factores son factores coyunturales, es decir, varían según el momento del tiempo en el que nos encontremos. Esto significa que existen otros factores estructurales que también influyen en el precio de la luz y que sin embargo no son tan conocidos e incluso son ocultados por quienes se están viendo beneficiados de todo esto. Sin embargo, en estos factores estructurales está la clave de la regulación y el control del precio de la luz, ya que los factores coyunturales no son controlables, pues dependen de los mercados internacionales.
Veamos pues cuáles son los factores estructurales que influyen en el precio de la luz y de qué manera podrían ser controlados. No hay duda de que aquí es donde está la solución al problema. El mercado de la electricidad en España está controlado por 5 grandes compañías, que dominan la práctica totalidad de la distribución y de la comercialización eléctrica. Se trata de empresas de gran dimensión que mantienen la exclusiva de la distribución eléctrica y que proceden de la antigua compañía pública de electricidad, Empresa Nacional de Electricidad S.A. ENDESA, y cuya privatización comenzó en el año 1988. En la actualidad, ENDESA controla el 26% del mercado eléctrico español y junto con Iberdrola (32%) y Naturgy (antigua Gas Natural, 13%), llegan a controlar más del 70% del mercado. Se trata sin duda de un oligopolio con enormes privilegios; lo que supone una anomalía con respecto al resto de Europa, donde las eléctricas no tienen el poder que tienen estas en España. Esto ya nos puede dar una idea de la situación del sector y de porqué los consumidores mantenemos una posición de dependencia casi absoluta. También esto permite abrir un primer debate que desde mi punto de vista debería ser clave: la nacionalización del sector de la energía en España. Un sector que por naturaleza es un monopolio/oligopolio (por las fuertes economías de escala que se requieren para competir en él) y que controla un producto que es estratégico para la economía y que incluso se puede clasificar como un bien común (la energía), necesariamente debería ser público. Abrimos pues el debate en torno a si el sector de la energía en España debería de ser público o privado; debate que polariza a la sociedad española y que incluso se produce en el seno del Gobierno central en torno a los dos partidos que lo forman y que muestran posiciones contrarias en esta cuestión. Más allá del debate, lo que es cierto es que la creación de una empresa pública de energía que controlara la mayor parte de su distribución y comercialización resolvería de forma rápida el problema del precio de la luz. Pero se trata de una decisión política que genera gran controversia y que es muy poco probable que se produzca. Lo que nos lleva a tener que plantear otro tipo de soluciones, al menos mientras las correlaciones de fuerzas políticas no sean favorables a la nacionalización.
El otro factor clave en el precio de la luz es la fijación del coste de producción. Se ha de tener en cuenta que este coste de producción, que es la parte del recibo de la luz que corresponde a lo que realmente consumimos, representa el 35% del total de la factura. El otro 65% corresponde a impuestos (tasa municipal e IVA del 21%), costes regulados por el Gobierno (distribución, transporte, costes de los operadores del sistema y del mercado, etc.), el alquiler de equipos de medida y el margen de las comercializadoras. Después veremos qué incidencia tiene el precio de la luz estas partidas. Cualquier hogar puede elegir entre dos opciones: el PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor) o el mercado libre. En el mercado libre, el precio de la luz lo fija la empresa suministradora, existiendo dos o tres precios fijos por tramos horarios. En el PVPC, el coste de producción está compuesto por el precio horario resultante del mercado diario de energía, operado por el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad OMIE, lo que supone que en cada hora del día el precio de la luz es diferente. La mayoría de los hogares se acogen a este sistema, por lo que es clave analizar cómo se fija el precio de la electricidad. En este sentido, la fijación del precio de la electricidad es el resultado de una subasta entre las propias empresas productoras de energía, que hacen sus ofertas, ordenadas de menor a mayor, y las comercializadoras, que proponen los precios a pagar de mayor a menor. El precio final de los productores lo marca el último en acceder al sistema, por lo que siempre es el precio más alto. El precio final es el resultado de un cálculo en el que se considera el equilibrio entre la oferta y la demanda y el resto de las variables externas (mercado internacional). Como se puede observar, en la fijación del precio de la electricidad intervienen las empresas productoras por una parte y las comercializadoras por otra, por lo que realmente se trata de un mercado intervenido en el que siempre se busca beneficiar a las empresas y no a los consumidores. Podemos atrevernos a decir que se trata de un sistema perverso que poco o nada puede beneficiar a los consumidores. De hecho, existen sentencias de la Audiencia Nacional en contra de algunas distribuidoras por haber inflado los precios. Durante este mes de agosto parece ser que también ha habido una manipulación en los precios por parte de les eléctricas al haber aplicado tarifas incorrectas en su propio beneficio. Tenemos pues otra opción para resolver el problema del precio de la luz: cambiar el sistema de fijación de los precios de la electricidad. Incluso desde el Gobierno se podría establecer un límite máximo, de manera que se garantizara que cualquier hogar pudiera acceder a este servicio básico durante cualquier día del año. Esta es una medida que también se está reclamando.
Volviendo al tema de la otra parte de la factura de la luz, la que corresponde a impuestos, regulaciones del gobierno y margen de las comercializadoras, podemos analizar otros elementos. Dentro de las regulaciones del gobierno hay una partida denominada déficit tarifario. El déficit tarifario es la diferencia entre la cantidad recaudada a través de los precios regulados por el Gobierno y que paga el consumidor (peaje de acceso a las redes y cargos) y los costes reales asociados a dichas tarifas (coste real de la distribución y el transporte de la electricidad, principalmente). Dicho de otro modo, el déficit tarifario es una compensación que se concede a las empresas de distribución eléctrica y que pagamos los consumidores, por considerar que el coste de producción de la energía eléctrica es muy superior al precio que pagamos los consumidores. En el año 2019, este déficit se fijó en 528 millones de euros, y varía cada año. Se trata sin duda de un privilegio que tienen las eléctricas y que al conjunto de los consumidores nos cuesta varios millones de euros todos los años. Otro motivo más para nacionalizar el sector: si de verdad las empresas eléctricas tienen un déficit, no tiene ningún sentido mantener un sistema privado de energía eléctrica ineficiente. Lo lógico sería disponer de una empresa pública que lo gestionara.
Por último, podemos enfocar el tema en el margen de beneficio que aplican las comercializadoras. En este caso, habría que considerar también el porcentaje de energías renovables que están utilizando estas empresas. Así, la decisión del consumidor a la hora de elegir la empresa suministradora o comercializadora de electricidad debería de estar basada en cuál es ese margen de beneficio y también en cuánta de la energía que se consume procede de fuentes renovables no contaminantes. En este sentido, existen otras opciones a las grandes empresas distribuidoras de energía, como son las cooperativas eléctricas. Estas últimas ofrecen un servicio a un precio más barato (al fijar un margen de beneficio menor) y con mayor porcentaje de uso de renovables. Además, los consumidores pueden participar directamente de las decisiones que toma la empresa, pues pasan a ser socios cooperativistas, al aportar un importe al capital de la cooperativa. Por este motivo, se trata de empresas que no aplican políticas de marketing agresivas y toman sus decisiones pensando en el beneficio de sus clientes y no del capital de la empresa. Pensemos pues en la posibilidad de cambiarnos de comercializadora.
En definitiva, detrás del precio de la luz se esconde un oligopolio mercantil dominado por tres grandes empresas que gozan de fuertes privilegios públicos (exclusiva de la distribución, déficit tarifario) y que manipulan los precios a su favor y en perjuicio de los consumidores. También hay un sistema de fijación de precios que beneficia a las empresas y perjudica a los consumidores. Por todo ello, se hace necesario plantear soluciones estructurales a largo plazo que tengan en cuenta dos aspectos claves: la energía es un bien público que debería estar gestionado como servicio público y los impactos ambientales deberían de ser determinantes a la hora de producir energía mediante fuentes verdes. Además, como ciudadanía tenemos la oportunidad de buscar otras alternativas diferentes a los grandes grupos empresariales que dominan el mercado eléctrico, como son las cooperativas.
Para una mayor información sobre comercializadoras de electricidad alternativas ver el video: https://youtu.be/bJNuELw3LCc
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