Los sectores liberales, apoyados por grandes bancos y fondos de inversión, promueven esta narrativa para justificar el desmantelamiento del sistema público de pensiones y abrir la puerta a su privatización.
Por Sergio Meneses | 1/08/2025
En los últimos años, sectores liberales han impulsado una narrativa que presenta el sistema público de pensiones como un campo de batalla intergeneracional. Según este relato, los pensionistas actuales, al defender mejoras en sus prestaciones, actuarían como egoístas que perjudican a los jóvenes trabajadores en activo, condenados a trabajar más años para recibir pensiones más bajas.
Esta idea, repetida en medios y foros económicos, no solo es simplista, sino que oculta la verdadera naturaleza del problema: la lucha por las pensiones no es intergeneracional, sino de clases. Los trabajadores, jóvenes y mayores, deben unirse para defender un sistema público de pensiones sólido y desmontar el falso dilema promovido por quienes buscan su privatización.
Un relato interesado que divide a los trabajadores
La campaña que enfrenta a generaciones tiene un objetivo claro: dividir a la clase trabajadora. Al presentar las pensiones como un juego de suma cero, donde las mejoras para los pensionistas supondrían un sacrificio para los jóvenes, se desvía la atención del verdadero problema: la falta de una redistribución equitativa de la riqueza.
Los sectores liberales, apoyados por grandes bancos y fondos de inversión, promueven esta narrativa para justificar el desmantelamiento del sistema público de pensiones y abrir la puerta a su privatización. Lejos de ser una solución, la privatización transferiría miles de millones de euros a manos de entidades financieras, que ven en las pensiones un negocio jugoso.
La realidad es que las pensiones públicas son sostenibles. Estudios como los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestran que los sistemas públicos bien gestionados pueden garantizar pensiones dignas sin necesidad de alargar la edad de jubilación o recortar prestaciones. El problema no es la demografía ni el envejecimiento poblacional, como suele argumentarse, sino la estructura fiscal y la distribución de la riqueza.
En España, las grandes empresas y fortunas pagan proporcionalmente menos impuestos que los trabajadores. Según datos de la Agencia Tributaria, las grandes corporaciones eluden miles de millones de euros mediante ingeniería fiscal, mientras que el tipo efectivo del impuesto de sociedades para las mayores empresas está muy por debajo del nominal. Este dinero, de destinarse a reforzar el sistema público de pensiones, podría garantizar su viabilidad a largo plazo.
El pastel de la privatización
La insistencia en retrasar la edad de jubilación o en fomentar planes de pensiones privados responde a intereses económicos concretos. La banca y los fondos de inversión llevan décadas presionando para privatizar las pensiones, un mercado que en España podría mover cientos de miles de millones de euros. Sin embargo, la experiencia de países como Chile, donde el sistema de pensiones privatizado ha dejado a millones de jubilados en la precariedad, demuestra los riesgos de esta vía.
Los planes privados no solo son más costosos para los trabajadores, debido a las comisiones de gestión, sino que están sujetos a la volatilidad de los mercados financieros, lo que puede dejar a los pensionistas sin ahorros en momentos de crisis. Por el contrario, el sistema público de pensiones, basado en la solidaridad intergeneracional y la cotización colectiva, es más eficiente y equitativo. Su fortaleza depende de la voluntad política para financiarlas adecuadamente, lo que implica una reforma fiscal progresiva que grave más a quienes más tienen.
Los trabajadores, independientemente de su edad, comparten un interés común: garantizar que el sistema público de pensiones sea robusto, accesible y capaz de proporcionar una jubilación digna.
Unidad contra el falso dilema
La narrativa intergeneracional es una trampa. Los jóvenes trabajadores de hoy serán los pensionistas de mañana, y su futuro depende de la lucha colectiva por un sistema público fuerte. En lugar de enfrentar a generaciones, los trabajadores deben exigir medidas como el aumento de las cotizaciones de las grandes empresas, la persecución del fraude fiscal y la creación de un sistema fiscal más justo. Solo así se podrá desmontar la mentira de que las pensiones públicas son insostenibles.
Frente a la campaña liberal que busca privatizar las pensiones, la respuesta debe ser clara: la lucha es de clases, no de edades. Los trabajadores, jóvenes y mayores, deben unirse para defender un sistema público que garantice el derecho a una jubilación digna para todos. El verdadero enemigo no es el pensionista que reclama una pensión justa, sino un sistema económico que prioriza los beneficios de unos pocos sobre el bienestar de la mayoría. La solución no está en trabajar más años o en confiar en fondos privados, sino en redistribuir la riqueza y fortalecer lo público. Las pensiones no son un lujo, son un derecho conquistado que debemos proteger.
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