Obligar a una niña a ser madre es una tortura. El 2 de febrero le fue practicado un aborto a una niña de 13 años que fue violada y embarazada por un hombre que la había contactado y engañado a través de Facebook. Los mismos médicos que se habían negado a practicarle un aborto a la niña de 12 años que estaba embarazada de 24 semanas fruto de violación por su vecino, de 58. Una niña sin recursos, amenazada de muerte, a la que practicaron una cesárea, el 18 de enero, para posteriormente, abrirle un proceso de adopción, contraviniendo así la ley en Argentina.
Los profesionales de la salud no detectaron el embarazo cuando la niña asistió por primera vez al centro de salud y, luego, con el embarazo avanzado, obstaculizaron y demoraron intencionalmente la práctica contemplada dentro del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo. Los médicos y grupos pro vida se opusieron. Por orden del gobernador, Gerardo Morales, le realizaron una cesárea para dar a luz a un bebé prematuro que murió cuatro días después.
Lo mismo le sucederá a la niña de 12 años, de Mendoza, violada por su padrastro y embarazada de 16 semanas. El hombre, que se llama David Menacho, ya tenía una denuncia por abuso en 2012 y está prófugo. La causa por abuso sexual simple no prosperó porque en las entrevistas con la niña los psicólogos no detectaron los abusos, no había «pruebas». Para variar, siempre dudando de la víctima. La madre no está denunciada por encubrimiento. Sin embargo, por decisión de «ambas» no le practicarán un aborto. El violador está en búsqueda y captura.
A la niña de Tucumán la violó un hombre de 65 años, pareja de su abuela, madre e hija vivían en la misma casa, ahora qué será de esta niña, embarazada de 16 semanas. A la que podría obligar su familia a mantener el embarazo, a pesar del riesgo que supone para su salud y vida, de ambos.
«Forzar a gestar y parir a una niña víctima de abuso sexual en la infancia es tortura y esclavitud, es negar sus derechos fundamentales.» Ro Ferrer.
NA falleció el 8 de noviembre de 2018, en Chaco, Argentina, a la edad de 13 años, tras una cesárea difícil y unas circunstancias de vida crueles. El bebé, apenas vivió unas horas después de nacer. NA estaba desnutrida crónica, tenía anemia y neumonía, además de estar embarazada de 28 semanas de gestación por violación continua. La pequeña aborigen de la comunidad Qom, de la etnia Wichí, carecía de madre, murió siendo ella muy pequeña, el padre no se hizo cargo de ella, y desde los 11 cohabitaba con un sujeto de 17 años que no solo la mantenía en un estado deplorable, sino que la agredía física y sexualmente constantemente: dos años de maltrato, vejaciones, abusos y privaciones.
NA era una niña, una niña carente de educación, y de una familia que la protegiera, tampoco contaba con la tutela del Estado, un Estado ausente en estos casos, en especial con comunidades aborígenes. De hecho, desde hace muchos años, los Qom han pedido al gobierno que los reciban para exponer la situación de alta vulnerabilidad en la que se encuentran… pero jamás los han recibido.
NA cursaba un embarazo de 23 semanas detectado tardíamente al momento en que le brindaron la primer asistencia sanitaria en un Hospital más cercano. Estaba muy enferma, débil. Dado el estado de su salud fue derivada al hospital de referencia regional de El Impenetrable, de Juan José Castelli. Allí, los médicos evaluaron, en una primera instancia, la interrupción voluntaria del embarazo precoz. Recordemos que estaba de 23 semanas, y en unas condiciones de salud deplorable. Sin embargo, no le practicaron el aborto porque «según la documentación médica que refleja la situación de la paciente no fue aceptado por la madre ni por la niña».
NA era huérfana de madre y solo una tía de 15 años la acompañó aquellos días. Según los mismos documentos, los médicos del hospital que la atendieron, refirieron que existía una barrera lingüística que afectó la comunicación «no sólo con la nena embarazada, sino también con *la madre*». Por lo que no le fue practicado el aborto, además por “temor a las complicaciones” derivadas de la intervención destinada a interrumpir el embarazo.
Lo curioso es que según el Centro Mandela, fue advertida de que podía morir si continuaba adelante con el embarazo, al igual que el bebé, con mayor probabilidad de tener bajo peso al nacer para su edad gestacional. «Fue advertida», aún a pesar de las barreras del idioma, y a sabiendas del riesgo, y el hospital decidió que continuara con el embarazo porque «se debe respetar la voluntad de la niña y de su *madre*”. Dos días después, con la ayuda de un traductor, les aconsejaron derivar a NA a Resistencia, a 430km del lugar. Allí, el viernes 2, la menor ingresó con un cuadro que obligó a los médicos a realizarle una cesárea por deterioro y riesgo de salud materna y fetal. Seis días después NA murió, con 13 años de edad, su pequeño cuerpo enfermo no lo resistió. Horas después falleció el bebé nacido por cesárea. Su tía, de 15 años y único pariente que la acompañó al hospital, aseguró que la menor vivía, desde 2016, con un hombre de 19 años, que abusaba constantemente de ella.
El proyecto de investigación Mapeando la criminalización del aborto ha contribuido a visibilizar distintas perspectivas que nos permiten comprender «el disciplinamiento de los cuerpos de las mujeres y la encarnación de las desigualdades de género, etnia y clase ante la mirada estatal, evidenciando el cuerpo como un territorio en sí mismo donde se cruzan tácticas de despojo y resistencia.«. Una afirmación que bien podría ser extrapolarle a los vientres de alquiler.
Las movilizaciones feministas contra la violencia hacia las mujeres, los feminicidios, femigenocidios, como los llama Rita Segato, agresiones sexuales, explotación sexual, o reproductiva, el derecho al aborto legal en el mundo entero, cohabitan con sectores conservadores que se movilizan contra «la ideología de género». Negando lo esencial de la ecuación: la desigualdad y la desprotección que sufren las mujeres y las niñas del planeta.
Según Mapeando «La expresión «ideología de género» surge como reacción fundamentalista a las declaraciones de la Convención de Beijing (de 1995) en la cual se reemplaza el término sexo con género y se reconoce este último como expresión de diferencias y roles socialmente constituidos a partir del sexo biológico».
En la región latinoamericana el relato se vincula fuertemente también a un discurso de neocolonialismo: «el género es presentado como un modelo importado por las grandes potencias para hacer de América Latina un dominio «sin valores», fácil de controlar por las grandes economías o corporaciones (O’Leary, 2007), donde se vigile el crecimiento de la población a través de la anticoncepción«7.
Los primeros pasos en España empezaron a darse cuando el parlamento legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo (2005). Desde entonces, distintos actores sociales se han manifestado públicamente tratando de revertir estas políticas de igualdad de género. Y hoy por hoy, parece que vivamos un repunte ideológico peligroso.
Casado , cielo, sin acritud
SACA TUS SUCIAS MANOS DE NUESTROS OVARIOS https://t.co/gJzM7HfoGN— Zuriñe (@Zurine3) February 7, 2019
En América latina la influencia de los grupos antigénero solo se ha visibilizado con fuerza en los últimos cuatro años. Correa, Ortega, Sánchez Cerén, Hernández, López Obrador, Bolsonaro… La despenalización del aborto ha comenzado a discutirse con fuerza en toda América Latina. Los movimientos de mujeres buscan la despenalización social y legal del aborto. La social para que se deje de estigmatizar a las mujeres que deciden abortar y la legal para que se eliminen los artículos que criminalizan esta práctica. Pero no está resultando una batalla fácil.
En Argentina la despenalización del aborto provocó una gran controversia social y política, en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley fue aprobado por 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención, sin embargo, el desenlace del debate en el Senado fue un revés a las expectativas por los derechos de las mujeres. Un revés que no merma las iniciativas parlamentarias retrógradas de hipócritas, ni la lucha incansable por el derecho legítimo a decidir de las mujeres. No basta con despenalizar, exigían las feministas del pañuelo verde, es necesaria la educación sexual para tomar decisiones adecuadas, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir. Porque legalizar el aborto baja la tasa de abortos y salva vidas. Mientras, países tradicionalmente contrarios a la «ideología de género» que penalizan y criminalizan el aborto, presentan propuestas que incluye regular los vientres de alquiler, dónde se explota a mujeres, se comercializa con los óvulos y el esperma, se seleccionan y desechan embriones, se compran niños a la carta, y se permiten abortos selectivos.
Noticias de Gilead: un diputado bolsonarista presentó un proyecto de ley para prohibir el DIU y los anticonceptivos. Acá está, si quieren verlo: https://t.co/6gqIxo8qpt
— Bruno Bimbi (@bbimbi) February 6, 2019
El embarazo infantil en México es el resultado de una violencia estructural, la mayoría con un denominador común: los matrimonios infantiles, la violencia machista, las costumbres, la penalización del aborto, la falta de atención sanitaria y ahora los vientres de alquiler. Un país en el que el 46% de las mujeres ha recibido algún tipo de violencia, siete mujeres son asesinadas al día, se produce una violación cada 4 minutos, con altas tasas de explotación sexual a mujeres y niñas, con tasa de pobreza del 43.6% y el aborto está criminalizado, en 17 estados.
En el 70% de los embarazos en niñas, los padres son adultos. Patrones de violencia bien definibles que provocan no solo el aumento de las muertes maternas y neonatales, sino también de consecuencias graves en el estado de salud y nutrición del recién nacido así como en la salud futura de la madre. “Las Sangrientas”, colectivo que acompaña a las mujeres a cruzar la frontera para poder tener su aborto de forma legal y segura, aseguran que las mujeres con recursos y visas son las únicas que tienen acceso a los servicios para abortar de forma segura en San Diego.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 830 mujeres y niñas mueren de complicaciones durante el embarazo y parto cada día y es la segunda causa principal de muerte entre las niñas de 15 a 19 años en todo el mundo. No podemos olvidar que el aborto inseguro es otro de los factores que contribuyen a las muertes maternas por culpa de leyes restrictivas y punitivas. Al menos 22.000 mujeres mueren cada año por complicaciones relacionadas con el aborto. Muchas de estas mujeres ya son madres, dejando a sus hijos huérfanos. Está demostrado es que el 99% de las muertes maternas ocurren en países con ingresos bajos y medios.
Que 214 millones de mujeres y niñas tuviesen acceso a anticonceptivos y salud sexual, evitaría 53 millones de embarazos no deseados al año.
Más de 4.200 personas fueron denunciadas por aborto en México en una década. En los últimos tres años hubo 228 sentencias condenatorias por interrumpir el embarazo y, en los últimos cinco, 19 mujeres ingresaron en prisión.
Cuba y la Guyana Francesa son los únicos países que han despenalizado totalmente el aborto. En países como El Salvador, Honduras, República Dominicana, Haití, Nicaragua y Suriname el aborto está prohibido en todos los casos, incluso si la vida de la mujer está en riesgo. En Brasil solo se permite abortar en casos de embarazo resultante de una violación, de riesgo de muerte de la gestante y de anencefalia del feto. Guatemala, Perú, Venezuela, Ecuador, Argentina o Bolivia, el aborto es ilegal excepto en algunos casos, básicamente cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la mujer, o en caso de violación. Paraguay únicamente permite la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer está en peligro. Sin embargo, en abril de 2015 las autoridades paraguayas rechazaron abortar el embarazo de una niña de 10 años violada por su padrastro, lo que generó una gran polémica. El aborto estuvo también totalmente prohibido en Chile desde 1989 hasta 2017, cuando se despenalizó en tres supuestos: riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación.
“Tuve que dirigirme a la justicia internacional por la muerte de mi hija porque aquí no han hecho nada, y porque a la justicia de mi país no le interesa saber qué hicieron los médicos mal o qué no hicieron para que casos como este no vuelvan a repetirse.”
«Madre de “Esperancita” exige justicia ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos.»
El caso de Rosaura Almonte, dominicana conocida como «Esperancita» sigue en el limbo judicial, aunque La CIDH admitió a trámite en diciembre 2018 una solicitud para que se investiguen los hechos que rodearon su muerte. La adolescente, de 16 años, fue hospitalizada de urgencias en julio de 2012 en un centro de salud público. Le detectaron una leucemia aguda y necesitaba quimioterapia para luchar por su vida, no se la iniciaron a tiempo porque estaba embarazada. Después de mes y medio de estar hospitalizada, falleció el 17 de agosto de 2012 «por falta de tratamiento médico oportuno y adecuado».
Teodora Vázquez 30 años de cárcel por aborto espontáneo. Estuvo 10 años encarcelada. En El Salvador. Las mujeres que padecen una emergencia obstétrica son automáticamente sospechosas de haberse practicado un aborto, un amplio número de salvadoreñas, unas 27, continúan encarceladas y condenadas por este motivo.
Nicaragua tiene altas tasas de violencia doméstica y sexual, que pueden redundar en embarazos no deseados. Los datos disponibles indican que las mujeres jóvenes y las adolescentes están particularmente expuestas al riesgo de embarazo no deseado como resultado de violación sexual. Casos como los que denuncia HRW, mujeres embarazadas por violaciones múltiples y constantes. Y si recurren al aborto clandestino, son estigmatizadas.
Amelia 2010: Se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su caso. Estaba embarazada y sufría un cáncer metastásico. Se pidió a la comisión dictar medidas cautelares que le permitieran abortar. Sus médicos no estaban dispuestos a brindarle tratamiento contra el cáncer debido a los posibles riesgos para el feto, y se negaron a practicarle un aborto. La mujer recibió el tratamiento de quimioterapia tarde, perdió el bebé a los 8 meses. Ella también murió poco después.
“Ida”, una mujer de 19 años con discapacidad intelectual, fue violada por un conocido. La madre de Ida acudió a una organización de derechos de la mujer y consultó sobre la posibilidad de un aborto, pero le indicaron que no era posible. Ida, en un intento por interrumpir el embarazo, se lanzó por una escalera, pero el embarazo continuó. Dio a luz, pero rechaza completamente al niño.
Belén, Argentina, tenía 25 años cuando llegó al hospital con una hemorragia intensa y fuertes dolores. Estaba de 20 semanas y abortó de manera espontánea ese mismo día. Después de despertarse en la camilla del hospital custodiada por la policía, un enfermero le mostró un feto en una caja mientras en medio de insultos le decía: «Mirá, este es tu hijo». Otra enfermera la sometió, aún en la sala de partos, a un interrogatorio acusatorio, mirándola con desprecio, repugnancia y odio. Su abogada denunció que los médicos violaron el secreto profesional al entregar su historia clínica a la policía. Después de dos años presa, Belén fue condenada a ocho años de prisión por «homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía».
Miriam Frías: 14 años en prisión por aborto involuntario en México. Dio a luz inesperadamente tras una caída. Adriana Aguilar, una abogada de la agrupación “AsíLegal” menciona que hay estados en los que la situación es tal, que los jueces toman en cuenta situaciones como la reputación de la mujer, las nociones de vergüenza y deshonor, el estado psicológico de la mujer e incluso, la opinión que tienen sus parejas de ellas.
En América Latina, las penas por abortar varían desde los 6 meses hasta los 8 años de cárcel, pero a las sentencias suelen sumarse otros agravantes como infanticidio, homicidio agravado, etc. En América Latina el 14% de las muertes maternas están relacionadas a abortos inseguros. Los países que despenalizan el aborto sufren un incremento inicial en el número de casos reportados. Pero ese incremento es temporal, y tiende a caer con el tiempo a niveles inferiores a aquellos previos a la legalización. Portugal, donde la ley de aborto se volvió ampliamente liberal en 2007, el número de abortos bajó de 18 mil en 2008 a 17.414 en 2013.
“El aborto en condiciones peligrosas pone en peligro la vida de un gran número de mujeres y representa un grave problema de salud pública, puesto que son las mujeres más pobres y jóvenes las que corren más riesgos”. “…se insta a los gobiernos a considerar que los abortos en condiciones de riesgo son una causa importante de mortalidad materna y una importante cuestión de salud pública”. Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 1994
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 1995
La Organización Mundial de la Salud estima que cada año mueren alrededor de 47 mil mujeres a causa de abortos clandestinos.
En Ecuador, donde los abortos inseguros son la tercera causa de muerte materna en el país, existe una propuesta para despenalizar el aborto por violación que será discutida en la Asamblea en este año 2019. Desde la entrada en vigor del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se ha disparado el número de mujeres procesadas por abortar. Existen colectivos de defensa de los derechos de la mujer que piden que se debata la despenalización del aborto. El Código Orgánico Integral Penal contempla hasta dos años de cárcel para las víctimas de violación que deciden interrumpir el embarazo.
La Justicia ha procesado a 326 mujeres por abortar, de enero del 2013 a nuestros días. SURKUNA Organización Feminista que lucha por los derechos de las mujeres denuncia que hay mujeres criminalizadas por abortos espontáneos. El 70% de casos que estudia el centro, son mujeres procesadas por abortos espontáneos. «Llegan al hospital con un sangrado y allí deducen que ellas hicieron algo para provocarse un aborto y se inicia una indagación penal.«
Cuenta Ana Cristina Vera, presidenta de SURKUNA, el caso de una mujer indígena de 19 años, que tuvo un aborto clandestino un jueves y llegó el domingo a un hospital, con infección. Les contó todo lo que le sucedió y ese día se dictó instrucción fiscal, como si fuera un delito flagrante, como si el acto juzgado fuera complicación por el aborto. En otros casos para reemplazar la pena privativa de libertad, envían a la mujer a trabajar a un orfanato, para «despertarle el instinto maternal». En Ecuador, al menos 2700 menores de 14 años paren cada año. Toda relación sexual con menores de esa edad está catalogada por la ley como violación.
En su último informe, el Centro de Derechos de Mujeres asegura que “la oposición a los derechos sexuales y reproductivos en la región es poderosa, bien organizada y bien financiada”. Vera insiste en que no solo se requiere detener la criminalización del aborto en lo legal. (Eliminando vía reforma legislativa el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal) para que no se aprese a quien aborta, «También hay que trabajar en la despenalización social. Hay prejuicios, mitos, patrones socioculturales, estigmas sobre las mujeres.»
Derecho internacional
Los tratados internacionales de derechos humanos exigen que los gobiernos respeten los derechos reproductivos de la mujer. E instan a eliminar las sanciones penales por aborto. La prohibición del aborto viola o supone una amenaza para una gran variedad de derechos humanos reconocidos por el derecho internacional, incluidos los derechos a la vida, a la salud, a la no discriminación y la igualdad, a la privacidad, a decidir la cantidad de hijos y el intervalo entre cada nacimiento, y a no sufrir torturas ni tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomienda que los gobiernos despenalicen los abortos en todas las circunstancias. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) ha instado reiteradamente a los Estados a eliminar las disposiciones punitivas sobre aborto. En una declaración de 2014, el Comité de la CEDAW expresó:
«El aborto inseguro es una de las causas principales de mortalidad y morbilidad materna. Por este motivo, los Estados deberían legalizar el aborto, cuando menos en casos de violación sexual, incesto, amenazas a la vida y/o salud de la madre, o inviabilidad fetal severa, y además brindar a las mujeres acceso a atención de calidad luego de un aborto, especialmente en casos de complicaciones provocadas por abortos inseguros. Los Estados Partes deberían además eliminar las medidas punitivas previstas para mujeres que se someten a abortos.«
Además, la maternidad infantil forzada, niñas que por un abuso sexual quedan embarazadas y son obligadas a parir, es una realidad que existe y es una tortura para millones de niñas. Tortura a manos del estado. Y esto solo es el inicio de una madeja de hilos en su relación con las violencias que sufren las niñas y las mujeres.
Especial agradecimiento a Ro Ferrer, ilustradora, feminista, hermana en la lucha y amiga, por su mirada tan certera y sus maravillosas ilustraciones.
Teresa Domínguez
“No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas.”
Fuentes: Mapeando la criminalización del aborto – Diario el Comercio (bis) – Revista de bioética y derecho – Informe sombra – GK
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