El registro notarial de las llamadas y el informe oficial de las comunicaciones al 112 pone en evidencia que Mazón estuvo ausente en los momentos clave e ignoró activamente los intentos de contacto de su consellera de Emergencias.
Por Fernando Ariza | 16/04/2025
El 29 de octubre de 2024, la Comunidad Valenciana vivió una de las peores catástrofes naturales de su historia debido a la DANA que dejó un rastro de devastación y muerte. Según los datos oficiales, 228 personas perdieron la vida en las inundaciones que arrasaron municipios como Paiporta, Catarroja, Valencia, Alfafar, Massanassa, Benetússer, Torrent, Picanya, Chiva, Ribarroja y otros. Estas víctimas, en su mayoría personas mayores y con problemas de movilidad, cargan como un peso imborrable sobre la gestión de la crisis por parte del president de la Generalitat, Carlos Mazón, cuya inacción en las horas críticas ha sido señalada como una negligencia con posibles consecuencias penales.
Un registro de llamadas aportado ante notario por la entonces consellera de Justicia y Responsable de Emergencias, Salomé Pradas, y presentado en el juzgado de Catarroja, revela un hecho demoledor: Carlos Mazón colgó el teléfono hasta en cuatro ocasiones a Pradas durante el día de la tragedia. Según este documento, Pradas intentó contactar con el president desde las 12:52 de la mañana, en un momento en que las alertas por la crecida de barrancos como el del Poyo ya eran evidentes. Sin embargo, Mazón no respondió a ninguna de estas llamadas, manteniéndose desaparecido en un contexto de emergencia climática que requería liderazgo inmediato. No fue hasta las 17:37 cuando ambos pudieron conversar, cinco horas después del primer intento de contacto y en un momento en que las inundaciones ya habían causado estragos irreparables.
Estas horas cruciales coincidieron con un aluvión de llamadas al 112 por parte de vecinos de municipios gravemente afectados. En Chiva, desde las 16:40, los residentes alertaban del desbordamiento del barranco del Poyo. En Ribarroja, Torrent, Picanya, Paiporta, Catarroja, Sedaví, Benetússer, Massanassa y Alfafar, las incidencias se multiplicaron entre las 17:00 y las 20:11, con reportes de familias atrapadas, niños y mujeres embarazadas en peligro, y viviendas inundadas con agua al cuello. A pesar de estas alertas, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) no se reunió hasta las 17:00, y Mazón no se incorporó hasta casi las 19:00, según fuentes oficiales. El envío de la alerta ES-Alert a la población, que podría haber salvado vidas, no se produjo hasta las 20:11, cuando las inundaciones ya habían alcanzado su punto más crítico.
La inacción de Mazón ha sido calificada por diversos sectores como una gestión criminal. La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Mazón y el Gobierno valenciano, acusándolos de enviar avisos “tarde, mal y con mensajes contradictorios”. La propia Pradas, que fue cesada por Mazón tras la tragedia, admitió en su testimonio judicial que no tenía experiencia en emergencias y que no estaba familiarizada con el sistema de alertas, lo que agrava la percepción de descoordinación en el seno del Consell.
El registro notarial de las llamadas, combinado con el informe oficial de las comunicaciones al 112, pone en evidencia que Mazón no solo estuvo ausente en los momentos clave, sino que ignoró activamente los intentos de contacto de su consellera de Emergencias. Este hecho, sumado a su decisión de mantener su agenda —que incluyó una comida con una periodista mientras la crisis se desataba—, ha desatado una ola de indignación.
La magnitud de la tragedia, con 221 víctimas mortales confirmadas en Valencia y otras en regiones colindantes, ha llevado a la apertura de una investigación judicial en Catarroja. La jueza encargada del caso analiza las llamadas al 112 y las decisiones tomadas por la Generalitat, incluyendo la posible responsabilidad penal de Mazón. Las acusaciones de negligencia, homicidio imprudente y omisión del deber de socorro planean sobre el president, cuya gestión ha sido cuestionada por la ciudadanía, que exige justicia.
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