Entrevistamos a Mariana Ávila Montejano dirige el Observatorio contra la Violencia Social y de Género de Aguascalientes, en México, donde trabajan en la documentación y denuncia de la desaparición de mujeres, las redes de trata y el incremento del feminicidio.
Por Angelo Nero | 18/10/2026
¿Cuales son los riesgos a los que se enfrenta alguien que denuncia públicamente, como tú, la violencia contra las mujeres en México?
Denunciar la violencia implica enfrentarse no solamente a quienes la ejercen, sino también a una sociedad que muchas veces la ha normalizado y que todavía cuestiona a quienes se atreven a nombrarla. A las mujeres que denuncian se les pregunta qué hicieron, por qué estaban ahí o por qué no se fueron. A quienes acompañamos a las víctimas se nos exige demostrar una y otra vez que nuestro trabajo es legítimo.
El miedo también se utiliza como una forma de control. Los actores violentos buscan que las personas dejen de hablar, que las familias abandonen la búsqueda y que las organizaciones se desgasten o se aíslen. A eso me refiero cuando hablo de la capitalización del miedo: convertir el temor en una herramienta para silenciar, controlar y limitar la participación social.
Quienes defendemos derechos humanos enfrentamos amenazas, vigilancia, campañas de desprestigio y criminalización. Pero el problema no termina en la agresión directa. También está la falta de reconocimiento de nuestra labor y la ausencia de condiciones para realizarla de manera segura. Defender derechos no debería convertir a nadie en blanco de ataques ni obligarnos a elegir entre nuestra seguridad y nuestro compromiso.
Por eso, hablar de defensoría también significa hablar de la responsabilidad del Estado de prevenir las agresiones, investigar, sancionar y garantizar condiciones para que la sociedad pueda organizarse y exigir sus derechos. Denunciar no tendría que ser un acto heroico; tendría que ser parte de una vida democrática en la que nadie sea castigado por señalar una injusticia.
Este pasado julio la presidenta Claudia Sheinbaum presentaba una iniciativa de Ley para “prevenir, investigar, sancionar y reparar” el daño por el delito de feminicidio. ¿Está el actual gobierno mexicano implicado realmente en combatir la violencia de género? ¿Hay un cambio con los gabinetes de MORENA respecto a los anteriores ejecutivos?
Reconozco que Claudia Sheinbaum es una mujer brillante, pero eso no la exime de sus responsabilidades como presidenta. Ha habido omisiones y, en distintas ocasiones, respuestas que considero indolentes frente a una violencia que sigue destruyendo vidas y comunidades. No creo que debamos evaluar a un gobierno solamente por quién lo encabeza o por la identidad política con la que se presenta, sino por sus decisiones, sus omisiones y los resultados que ofrece a las personas.
Una ley puede ser necesaria, pero no basta con anunciarla ni con cambiar el nombre o el diseño de una herramienta jurídica. Hay que revisar qué garantías contiene, cómo se va a aplicar, qué recursos tendrá, cómo se coordinará con las fiscalías y qué mecanismos permitirán evaluar sus resultados. También es indispensable escuchar a las organizaciones y a las familias que llevan años documentando las fallas institucionales y exigiendo justicia.
Me preocupa que, en nombre de la armonización o de una nueva legislación, se debiliten garantías ya conquistadas o se deje fuera la experiencia de quienes han acompañado estos casos. Las leyes deben servir para ampliar la protección y el acceso a la justicia, no para retroceder ni para centralizar decisiones sin atender las realidades de cada territorio.
El contrato social implica obligaciones: el Estado debe prevenir la violencia, investigar con diligencia, sancionar a quienes resulten responsables, reparar el daño y garantizar que estos hechos no se repitan. Si las mujeres siguen siendo asesinadas y sus familias enfrentan impunidad, no podemos decir que las instituciones están cumpliendo. Necesitamos resultados verificables y una política pública que responda a la dimensión del problema.
¿Existe una relación entre la desaparición forzosa de jóvenes, especialmente mujeres, y los carteles de la droga? ¿Que motivos hay detrás de estas desapariciones?
No existe una sola explicación para las desapariciones. Hay contextos de reclutamiento forzado, explotación sexual, trata, control territorial y otras formas de violencia. Las causas y las dinámicas pueden ser distintas, pero ninguna justifica que una persona sea desaparecida ni que su familia tenga que emprender por cuenta propia una búsqueda que debería contar con una respuesta institucional inmediata.
Desde nuestra postura, no podemos analizar las desapariciones como si fueran hechos aislados de la responsabilidad del Estado. Cuando hay participación de agentes estatales, complicidad o tolerancia, pero también cuando las autoridades omiten buscar, investigar y actuar frente a estos hechos, estamos ante una responsabilidad gubernamental que no puede quedar fuera de la discusión. Por eso, para nosotras, todas las desapariciones deben leerse también desde la responsabilidad del Estado y el impacto de la impunidad.
La impunidad no es solamente la ausencia de una sentencia. También es la posibilidad de que la violencia se repita porque no hay investigación, prevención ni consecuencias para quienes participan o permiten que ocurra. En ese sentido, encuentro una relación con lo que hemos denunciado frente al feminicidio: cuando las instituciones no responden, el mensaje que queda es que hay vidas que pueden ser atacadas sin que exista una consecuencia efectiva.
Desde una mirada feminista también necesitamos preguntarnos qué ocurre con los cuerpos de las mujeres, cómo se les cosifica y cómo se les trata como si fueran desechables, como si no fueran personas con dignidad y derechos. La necropolítica nos ayuda a mirar cómo se distribuyen de manera desigual la exposición a la violencia, el abandono y la posibilidad de morir sin que el Estado actúe para proteger.
La búsqueda debe comenzar de inmediato y las familias deben recibir información clara, acompañamiento y participación efectiva en las decisiones. No podemos aceptar que se les responsabilice por no buscar lo suficiente ni que su experiencia sustituya las obligaciones de las autoridades.
Algunos informes hablan de 50.000 fosas comunes en México, una cifra que debería abochornar a la comunidad internacional, y que muestra la magnitud de la violencia en tu país, ¿cómo se están investigando, documentando y abriendo estas fosas? ¿hay algún tipo de apoyo institucional? Y, por otra parte ¿se está produciendo una crisis forense?
Antes amaba salir a carretera y mirar los paisajes. Ahora los vemos de otra manera. Cada campo, cada terreno e incluso cada casa nos hace preguntarnos qué pudo haber ocurrido ahí, si ese lugar podría ser otro Rancho Izaguirre. No me malinterpreten: no significa que pensemos que cada lugar es un sitio de exterminio. Significa que nuestra realidad ha cambiado tanto que sabemos que una persona desaparecida podría estar en cualquier lugar, cerca o lejos, esperando ser encontrada.
Por eso, cuando escucho hablar de 50 mil fosas, pienso en cuántas manos, cuántas horas y cuántas personas se necesitaron para localizar esos lugares. Pienso también en cuántas faltan por encontrar, en cuántos caminos hemos recorrido y en cuántas personas desaparecidas seguimos sin localizar. Porque detrás de cada hallazgo hay un trabajo enorme, y detrás de cada lugar al que todavía no llegamos hay una posibilidad que no podemos descartar.
Recuerdo las veces que hemos exigido revisar terrenos antes de que se construya en ellos, porque después puede ser demasiado tarde. También recuerdo los lugares a los que llegamos cuando ya se había construido, removido o transformado el terreno. La búsqueda implica actuar con urgencia, porque el tiempo importa y porque cada intervención que no se hace puede dificultar todavía más la localización.
Pero encontrar un lugar tampoco significa que el trabajo haya terminado. Después viene la revisión de los indicios, el análisis de fotografías, los procesos de identificación, el cotejo de información y la búsqueda de coincidencias con las familias que siguen esperando. Pienso en las caravanas que recorren los servicios médicos forenses para revisar fotografías e información e intentar reconocer a sus seres queridos. Pienso en la falta de personal forense, en la insuficiencia de recursos, en las omisiones institucionales y en la ausencia de empatía con la que tantas veces se encuentran las familias.
Y también tenemos que hablar de las fosas institucionales. Las compañeras buscadoras de Morelos han evidenciado lo que ocurre cuando los cuerpos y los restos humanos quedan bajo resguardo de las propias instituciones sin registros completos, sistematizados y accesibles que permitan identificarlos y relacionarlos con las personas desaparecidas. Cuando esa información no existe, no se integra o no se coteja adecuadamente, una persona puede permanecer sin identificar aun cuando su cuerpo esté en manos del Estado. Para las familias, eso puede convertirse en otra forma de desaparición: la persona está ahí, pero no logran encontrarla porque las instituciones no consiguen devolverle su identidad.
Por eso, hablar de fosas no puede reducirse a contar lugares. Tenemos que preguntarnos cuántas personas siguen sin ser encontradas, cuántos restos permanecen sin identificar, cuántos registros faltan por revisar y cuántas manos necesitamos para hacer todo ese trabajo. Y, sobre todo, qué está haciendo el Estado para garantizar que cada persona sea buscada e identificada.
Porque no se trata solamente de encontrar. Se trata de saber quiénes son, devolverles su identidad y permitir que sus familias tengan respuestas. Frente a esta realidad, las familias buscadoras no deberían cargar solas con una tarea que corresponde a las instituciones. Han demostrado una capacidad de búsqueda y organización extraordinaria, pero no tendrían que sustituir al Estado para que sus seres queridos puedan volver a casa.
En lo relativo a los partidos políticos, tanto los que apoyan al gobierno como los de la oposición, ¿hay un compromiso real por parte de estos actores políticos en combatir las causas del feminicidio y en buscar Verdad, Justicia y Reparación?
Yo no pondría el centro de la respuesta en los partidos. Lo pondría en las obligaciones del Estado y en los resultados que está ofreciendo a la sociedad. Los gobiernos cambian, pero las responsabilidades de prevenir la violencia, buscar a las personas desaparecidas, investigar los delitos, garantizar el acceso a la justicia y reparar las violaciones a derechos humanos permanecen.
La discusión no puede quedarse en qué partido gobierna o en quién tiene la razón en una disputa política. Necesitamos revisar si existen políticas públicas eficaces, si las fiscalías cuentan con personal y recursos, si las investigaciones se realizan con debida diligencia, si las familias participan y reciben información y si hay mecanismos para evaluar lo que está fallando.
El contrato social no es una frase abstracta: supone que las instituciones tienen obligaciones frente a todas las personas. Cuando no buscan, no investigan o no garantizan derechos, deben rendir cuentas. Y cuando un programa o una política no funciona, hay que tener la capacidad de reconocerlo, corregirlo y explicar qué se hará para que no vuelva a ocurrir.
No podemos permitir que las personas desaparecidas, las mujeres víctimas de violencia y sus familias queden atrapadas en la disputa partidista. Sus derechos no deberían depender del gobierno en turno. Lo que necesitamos es responsabilidad pública, continuidad institucional y resultados que puedan comprobarse.
Y las organizaciones sociales y la sociedad mexicana en general, ¿están concienciadas en la importancia de luchar contra la violencia de género? ¿cómo se podría involucrar más tanto la sociedad como las organizaciones que emergen de ella en este tema?
Las organizaciones civiles hemos tenido un papel fundamental para visibilizar las violencias, acompañar a las víctimas y a sus familias, documentar las omisiones de las instituciones y exigir que el Estado cumpla con sus obligaciones. Muchas de las cosas que hoy se reconocen como problemas públicos llegaron a la agenda porque hubo personas y organizaciones que insistieron durante años, incluso cuando hacerlo implicaba exponerse a amenazas, agresiones y criminalización.
Pero la defensa de los derechos humanos no es una tarea que corresponda únicamente a quienes nos organizamos para hacerlo. La seguridad, la justicia, el acceso a la salud y la posibilidad de vivir con dignidad son asuntos que nos competen como sociedad. No podemos pensar que la violencia contra una persona o una comunidad es un problema ajeno, ni que basta con reconocer que existe: también tenemos una responsabilidad frente a ella.
Y aquí hay una pregunta que me parece indispensable: ¿qué pasa cuando las organizaciones que acompañan a las víctimas y defienden derechos humanos están agotadas, enfrentan amenazas o son criminalizadas por hacer su trabajo? ¿Quién las sostiene cuando también necesitan condiciones para continuar? No podemos dar por hecho que siempre tendrán la fuerza, los recursos y las redes para seguir respondiendo. La defensa de los derechos humanos también necesita ser sostenida.
Por eso son importantes las redes más amplias, dentro y fuera de México. La participación de observadores y observadoras internacionales, así como de comunidades y organizaciones que vigilan desde otros territorios, puede contribuir a visibilizar los riesgos, acompañar los procesos y evitar que quienes defienden derechos queden aisladas frente a la violencia y la impunidad. No se trata de sustituir las responsabilidades del Estado ni de hablar por quienes están en riesgo, sino de construir condiciones para que puedan continuar su trabajo y para que las agresiones no queden fuera de la mirada pública.
Frente a la violencia, necesitamos una sociedad que no delegue toda la responsabilidad en las víctimas, las familias buscadoras o las organizaciones. Necesitamos participación, exigencia pública y redes capaces de sostener la defensa de los derechos humanos. Porque cuando se debilita o se silencia a quienes denuncian las injusticias, no solamente se pone en riesgo a una organización: se reducen las posibilidades de que toda la sociedad pueda exigir sus derechos.
En el Observatorio tenéis áreas de coordinación jurídica, administrativa y psicológica, ¿cual es el papel que tienen cada una de estas áreas y que importancia tiene para las víctimas y sus familias?
En el Observatorio entendemos el acompañamiento desde una perspectiva integral, colectiva, feminista y de derechos humanos. Acompañar no significa decidir por las personas ni hablar en su nombre. Significa reconocerlas como sujetas de derechos, caminar con ellas y construir condiciones para que puedan exigir justicia, acceder a sus derechos y participar en las decisiones que afectan sus vidas.
Este trabajo tiene distintas dimensiones. Está el acompañamiento jurídico, que permite identificar las violaciones a derechos humanos, las irregularidades en los procesos y las omisiones de las autoridades; y está el acompañamiento psicosocial, que busca construir espacios de escucha, reconocer los impactos de la violencia y fortalecer los recursos individuales y colectivos, sin perder de vista que las personas no pueden reducirse a lo que han vivido.
Pero hay dos áreas que también son fundamentales para nosotras: comunicación e incidencia. A veces se piensa que comunicar consiste solamente en difundir información, pero para el Observatorio ha significado mucho más: documentar y sistematizar lo que está pasando, construir memoria y disputar las narrativas que circulan en la sociedad.
Frente a versiones que presentan la violencia como un hecho aislado, que responsabilizan a las víctimas o que normalizan las agresiones, buscamos introducir otra mirada: una mirada feminista y de derechos humanos que permita entender qué hay detrás de esos hechos, qué desigualdades los sostienen, qué responsabilidades existen y qué consecuencias tienen en la vida de las personas y las comunidades. No se trata solamente de contar lo que ocurrió, sino de cambiar la manera en que lo entendemos. Creo que esta ha sido una de las grandes fortalezas del área de comunicación del Observatorio.
La incidencia parte de ese trabajo, pero va más allá. Lo que observamos en el acompañamiento y documentamos como posibles violaciones a derechos humanos, delitos u omisiones institucionales no puede quedarse únicamente en el caso particular. Necesitamos analizarlo, identificar patrones y preguntarnos qué está fallando en las políticas públicas, en los programas y en las instituciones responsables.
A partir de ahí, buscamos interpelar a las autoridades encargadas de diseñar y aplicar modelos de atención, protocolos, reglamentos, leyes y programas. Necesitamos saber qué existe, qué funciona, qué no está funcionando y por qué. Y, sobre todo, qué debe cambiar para garantizar la no repetición, avanzar en el acceso a los derechos humanos y evitar retrocesos.
Para nosotras, acompañar también implica producir conocimiento desde la experiencia de las víctimas y de quienes defienden sus derechos, llevarlo al debate público y convertirlo en exigencias concretas de transformación institucional. Porque no basta con atender las consecuencias de la violencia si no cuestionamos las condiciones que permiten que se repita.
Ese es el sentido de nuestro trabajo: acompañar a las personas, documentar lo que viven, disputar las narrativas que justifican o normalizan las violencias e incidir para que las instituciones cumplan sus obligaciones. No sustituimos al Estado; exigimos que asuma la responsabilidad que le corresponde y que existan condiciones reales para ejercer y defender los derechos humanos.
A raíz de las desapariciones forzosas ha surgido un fenómeno importante, el de las Madres Buscadoras. ¿Cómo surgen y cuales son sus objetivos? ¿también ellas han sido objeto de persecución por su labor?
Muchas mujeres se convierten en buscadoras porque desaparece alguien a quien aman y las instituciones no les dan respuestas. Empiezan a buscar, a aprender a reconocer indicios, a recorrer terrenos, fiscalías y servicios médicos forenses; se organizan con otras familias y terminan realizando tareas que corresponden al Estado. No tendrían que hacerlo, pero la ausencia de respuestas las empuja a salir y a sostener la búsqueda.
Lo que se ha construido en México es un movimiento social enorme. En cada colonia, localidad y estado tendría que existir un colectivo de mujeres buscadoras, porque la desaparición ha atravesado territorios y comunidades enteras. Son mujeres que han transformado el dolor en organización y exigencia pública, pero no debemos romantizar esa capacidad ni convertir su resistencia en una excusa para que las instituciones sigan sin cumplir.
Las familias buscadoras tienen derechos: a la verdad, a la justicia, a participar en las búsquedas, a recibir información y a contar con protección y acompañamiento. No son auxiliares de las autoridades ni deberían tener que demostrar todos los días que sus seres queridos merecen ser buscados. Su conocimiento y su experiencia deben ser reconocidos, y su participación tiene que ser efectiva.
También necesitamos mirar lo que la búsqueda les exige en sus vidas, en sus cuerpos, en sus relaciones y en sus posibilidades de descansar o de continuar con sus proyectos. La búsqueda no tendría que significar exponerse a nuevos riesgos ni cargar solas con una tarea que es responsabilidad institucional.
Aun con todo lo que enfrentan, siguen, seguimos y seguiremos resistiendo. No porque el dolor nos haga invencibles, sino porque no podemos aceptar que la desaparición y la impunidad se conviertan en algo normal. La construcción de la esperanza pasa por acompañar sus exigencias, sostener su organización y obligar al Estado a responder.
Recién has pasado por Martín Etxea, un espacio de acogida para personas migrantes y defensoras de derechos humanos perseguidas, como tú, en sus países de origen. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este espacio?
Martín Etxea me ha permitido reconocer y conocer a compañeras y compañeros que han vivido los impactos de distintas formas de violencia, y reconocer los vínculos que se construyen entre quienes, desde lugares diferentes, defendemos derechos y acompañamos a otras personas.
Quienes defendemos derechos humanos seguimos viviendo, caminando, organizándonos y construyendo nuestros propios proyectos. Al mismo tiempo, miramos lo que sucede a nuestro alrededor, reconocemos los impactos de la violencia en otras personas y entendemos que esas realidades también atraviesan nuestras formas de acompañar y de relacionarnos.
Para mí, construir relaciones de cuidado no significa decidir por otra persona ni convertirla en alguien que debe agradecer por recibir cuidado. Significa construir relaciones donde sea posible compartir experiencias, descansar, recuperar fuerzas y mantener la autonomía. También implica reconocer que podemos encontrarnos desde nuestras capacidades, nuestras luchas y nuestras esperanzas, sin reducirnos a los riesgos que enfrentamos.
La experiencia en Martín Etxea me ha permitido acercarme a otras defensoras y activistas, conocer distintas realidades y reconocer los vínculos que pueden construirse entre luchas que ocurren en territorios diferentes. También me recuerda que el cuidado forma parte de las condiciones que hacen posible continuar defendiendo derechos.
La esperanza no consiste en negar el riesgo ni en fingir que el dolor desaparece. Consiste en seguir viviendo, organizándonos y construyendo posibilidades colectivas para defender la dignidad, sin perder de vista lo que sucede a nuestro alrededor.
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