Sin duda es otro de los casos de los entre 190 y más de 300 personas -según diversos autores- que murieron a manos de las fuerzas del orden público y grupos parapoliciales, entre 1975 y 1982
Por Angelo Nero | 30/06/2026
En la portada del diario madrileño El País, del 1 de julio de 1980, destacan la detención de Javier Garayalde, Iñaki Mugica Arregi y Javier Ruíz de Apodaca, tres dirigentes de Euskadiko Ezkerra, “organización cuyos planteamientos políticos son próximos a los de ETA pm” a la vez que anunciaban que la organización armada amenazaba con nuevas explosiones en Benalmádena. Iñaki Múgica Arregui, Ezquerra, fue el jefe del comando que perpetró el atentado contra Luis Carrero Blanco, que había sucedido a Francisco Franco en la presidencia del gobierno. ETA pm abandonaría las armas seis años después, y Euskadiko Ezkerra se fusionaría en 1993 con la rama vasca del PSOE, bajo el liderazgo de Juan María Bandrés, que pasaría a llamarse, hasta hoy, PSE-EE.
En clave internacional se destacaba: “El canciller alemán, el socialdemócrata Helmut Schmidt, pide a Breznev, en Moscú, la retirada total de Afganistán.” Una retirada que no se consumaría hasta nueve años después, ya con Mijaíl Gorbachov al frente de la URSS. También destacaba la “Victoria Hernán Siles Zuazo en las elecciones bolivianas.” Siles Zuazo, fundador del Movimiento Nacionalista Revolucionario, que había sobrevivido a un intento de asesinato durante la campaña electoral, no pudo asumir su segundo mandato presidencial, hasta dos años después, debido al golpe militar del general Luis García Meza.
Pero la noticia que nos interesa para seguir impugnando al relato oficial de la “Transición pacífica”, venía en una discreta nota en el interior titulada “Persona muerta por disparo en un incidente con un guardia civil” por Jorge Blaschke, que dos años después sería galardonado con el premio nacional de periodismo. El artículo, fechado en Logroño, decía así:
“Manuel Pérez Gómez, de 37 años de edad, domiciliado en La Bastida (Alava), de profesión albañil, resultó muerto la pasada madrugada, a consecuencia de un disparo efectuado en el transcurso de un forcejeo con el guardia civil Lorenzo Arrández Antolín, que vestía de paisano y se encontraba junto al fallecido en la sala de fiestas La Masía, de Haro (Logroño).”
Como en muchos de los casos de las víctimas olvidadas de la Transición, de los que cayeron bajo el gatillo fácil de unas fuerzas de seguridad del estado que seguían siendo las mismas, con distintos uniformes pero idénticos métodos, que en la dictadura, los medios de comunicación nos contaban la versión oficial, esta vez bajo el subtítulo de “Nota del gobierno civil”, en este caso el gobernador civil era Vicente Sampedro Guillamón, de la UCD, que gobernaba bajo la presidencia de Adolfo Suárez. La versión oficial era la siguiente:
«En la noche del 29 de junio, sobre las 23.30 horas, se encontraba en acto de servicio en el bar La Masía, de la localidad de Haro, un guardia civil perteneciente al grupo informativo, vestido de paisano y portando el arma reglamentaria del Cuerpo. Escuchó una conversación que mantenían dos personas en la barra del establecimiento y, en vista de los juicios que emitían sobre instituciones públicas, les llamó correctamente la atención y acto seguido se dirigió hacia la salida del local, en cuyo momento una tercera persona agarró al guardia civil, estableciéndose el natural forcejeo, a resultas del cual se disparó el arma, con la mala fortuna de que le alcanzó a Manuel Lucio Pérez Gómez, falleciendo instantáneamente».
Pero, sin embargo, en esta ocasión, y aunque no fuera habitual, el corresponsal del diario del grupo PRISA, también incluyó una segunda versión, sobre la muerte de Manuel Pérez Gómez:
«El propietario del local en el que se desarrollaron los hechos, Benito Coll, facilitó, a su vez, una versión de lo ocurrido, según lo que habían manifestado sus empleados. Según esta versión, en el momento del suceso el local estaba atendido por tres empleados, un camarero y dos camareras.
Una de estas empleadas declaró que el guardia civil procedió a solicitar la documentación a Manuel Pérez Gómez, y que, para resolver este trámite, se desplazaron hacia el vestíbulo, que está apartado de la barra del bar. Tras un corto espacio de tiempo se dejó sentir una detonación, que, al principio, se creyó procedía de un cohete, ya que la localidad está en fiestas. Al acudir los empleados del local al vestíbulo, Manuel Pérez Gómez yacía muerto de un tiro en el pecho. El guardia civil explicó a los presentes que la víctima se había abalanzado sobre él, intentó arrebatarle el arma reglamentaria, y que, en el forcejeo, ésta se había disparado. Dado el lugar en el que acontecieron los hechos no existe ningún testigo presencial de lo sucedido, por lo que sólo hay una versión directa, la del guardia civil. Con respecto a la víctima, fuentes de la localidad donde vivía, han asegurado que no tenía antecedentes políticos y que no estaba ligado a ningún partido».
Manuel Luciano Pérez Gómez falleció, en todo caso, por un balazo en el pecho que salió del arma reglamentaria del guardia civil del que no llegó a trascender el nombre, ni que fuese sancionado, ni enjuiciado por esta muerte. Sin duda es otro de los casos de los entre 190 y más de 300 personas -según diversos autores- que murieron a manos de las fuerzas del orden público y grupos parapoliciales, entre 1975 y 1982, en su mayoría en manifestaciones, controles de carretera, discotecas o lugares públicos, quedando la mayoría sin condena judicial.
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