Majedeh Bozorgi: ‘La mejor manera de comprender Irán es escuchar la pluralidad de voces iraníes y evitar hablar en nombre de toda una sociedad’

Entrevistamos a Majedeh Bozorgi, jurista y doctora en Derecho iraní afincada en España.

Por Isabel Durán Báez | 28/09/2026

Majedeh Bozorgi es Doctorada en el programa Administración, Finanzas y Justicia en el Estado Social en la Universidad de Salamanca. Es secretaria de la Asociación Iraní de Derechos Humanos en España. Fundadora y directora del Congreso Internacional Anual sobre Justicia Social y Desarrollo Sostenible en la Universidad de Salamanca, así como investigadora visitante en la Universidad de Gante, en Bélgica.

Sus líneas de investigación se centran en los Derechos Humanos, igualdad de género, justicia transicional y el impacto de las estructuras patriarcales y religiosas en los derechos de las mujeres en el campo islámico.

Majedeh Bozorgi es Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, donde obtuvo el título de doctorado en 2025 con especialización en Derecho Procesal Penal.
Es vicepresidenta de DINA (Iranian Women’s Network of Attorneys).
Su investigación se centró en la inteligencia artificial, los derechos fundamentales, la protección de los colectivos vulnerables y la justicia transnacional. Asimismo, cuenta con experiencia docente universitaria en las áreas de justicia transicional, estudios de género y derechos humanos.

Desde 2022 es fundadora y organizadora del Congreso Internacional «Justicia Social y Desarrollo Sostenible», celebrado anualmente en España. Este evento ha sido reconocido internacionalmente y se ha consolidado como un espacio interdisciplinario de diálogo sobre justicia social, desarrollo sostenible, derechos de las mujeres y derechos humanos.

Has explicado que las mujeres estuvieron entre las primeras en salir a protestar contra el régimen. ¿Qué papel cree que han tenido las mujeres iraníes en la construcción de la resistencia durante estas décadas?

Para comprender el papel de las mujeres en la resistencia en Irán, hay que mirar mucho más atrás del movimiento «Mujer, Vida, Libertad». Las mujeres iraníes llevan décadas resistiendo, tanto en el espacio público como en su vida cotidiana.

Después de 1979, muchas de las primeras restricciones afectaron directamente a los derechos y libertades de las mujeres, y ellas estuvieron también entre quienes primero reaccionaron públicamente. Desde entonces, esta resistencia ha adoptado muchas formas: manifestaciones, campañas jurídicas y sociales, periodismo, literatura, arte, defensa de los derechos humanos y también actos cotidianos de desobediencia frente a normas que consideran injustas.

Por eso, no me gusta presentar a las mujeres iraníes únicamente como víctimas de un sistema discriminatorio. Son también sujetos de derechos y protagonistas de una transformación social. «Mujer, Vida, Libertad» hizo visible internacionalmente algo que dentro de Irán llevaba décadas desarrollándose: una reivindicación de igualdad, autonomía y dignidad humana.

Después de todo lo ocurrido desde el movimiento «Mujer, Vida, Libertad», ¿qué cambios considera que se han producido en la conciencia de las mujeres y de la sociedad iraní?

Creo que uno de los cambios más importantes es que determinadas reivindicaciones han dejado de percibirse exclusivamente como «reivindicaciones de las mujeres».

Cuando una mujer reclama el derecho a decidir sobre su cuerpo, su forma de vestir, su educación, su trabajo o su participación en la vida pública, en realidad está planteando una cuestión mucho más amplia: ¿hasta dónde puede intervenir el Estado en la autonomía de una persona?

«Mujer, Vida, Libertad» convirtió esa pregunta en una cuestión social. Muchos hombres, jóvenes y familias comprendieron también que los derechos de las mujeres no constituyen un ámbito separado de los demás derechos y libertades.

Además, creo que se ha producido un cambio difícilmente reversible: una parte importante de la sociedad ya no considera naturales o legítimas determinadas normas que durante años se presentaron como inalterables. Una ley puede imponer una conducta, pero la imposición jurídica no genera necesariamente legitimidad social.

¿Qué significa hoy para una mujer iraní decidir no llevar el hiyab, sabiendo las consecuencias que puede afrontar?

Desde fuera puede parecer simplemente una decisión sobre la vestimenta. Dentro de Irán puede tener una dimensión jurídica y social mucho más profunda.

Cuando una mujer sabe que una determinada conducta puede exponerla a vigilancia, sanciones o restricciones y, aun así, decide sobre su propio cuerpo y su forma de vestir, esa decisión adquiere otro significado.

No creo que todas las mujeres que deciden no llevar el hiyab tengan necesariamente la misma motivación política. Es importante respetar esa diversidad. Pero jurídicamente existe una cuestión fundamental: cuando el Estado impone mediante instrumentos coercitivos una determinada concepción moral o religiosa, la cuestión deja de ser únicamente religiosa o personal y pasa a afectar a los límites del poder estatal y a la autonomía individual.

Por eso, para muchas mujeres iraníes, decidir cómo vestirse se ha convertido también en una reivindicación de autonomía corporal y de igualdad en la ciudadanía.

Desde una perspectiva jurídica, ¿cuáles son las principales leyes o mecanismos del régimen que mantienen la desigualdad entre hombres y mujeres en Irán?

El problema fundamental es que la desigualdad no se encuentra en una sola norma. Está distribuida en distintas partes del ordenamiento jurídico.

Existen diferencias relevantes en ámbitos como el matrimonio, el divorcio, la tutela y determinadas cuestiones relacionadas con los hijos, la herencia, la libertad de circulación, determinadas reglas probatorias y el acceso de las mujeres a ciertas funciones y posiciones. A ello se añade la regulación del hiyab obligatorio y los mecanismos administrativos, policiales, judiciales e incluso tecnológicos utilizados para garantizar su cumplimiento.

Por eso prefiero hablar de una desigualdad estructural. No estamos simplemente ante una o dos normas discriminatorias aisladas, sino ante un conjunto de reglas e instituciones que pueden producir posiciones jurídicas diferentes para hombres y mujeres.

Y como jurista considero importante añadir algo: la discriminación no debe analizarse únicamente leyendo el texto de una ley. Hay que estudiar también cómo se aplica, quién tiene acceso efectivo a la justicia, qué posibilidades reales existen de recurrir una decisión y si una persona puede realmente hacer valer sus derechos frente al poder público.

¿Qué le diría a quienes consideran que las reivindicaciones de las mujeres iraníes son una cuestión exclusivamente religiosa o cultural y no una cuestión de derechos humanos?

Les diría que debemos distinguir entre respetar una cultura o una religión y justificar jurídicamente la privación de derechos.

La libertad religiosa es un derecho humano fundamental. Precisamente por eso comprende tanto el derecho de una persona a tener y practicar una religión como su libertad de conciencia.

La cuestión jurídica aparece cuando una determinada interpretación religiosa se transforma en una obligación estatal coercitiva y su incumplimiento puede generar consecuencias jurídicas o penales.

Los derechos a la igualdad, la dignidad, la integridad personal, la libertad de conciencia, la participación pública o el acceso a la justicia no dejan de ser derechos humanos porque una restricción se justifique mediante argumentos culturales o religiosos.

Además, presentar este debate como un enfrentamiento entre «Occidente» y el «islam» invisibiliza a millones de iraníes, incluidas muchas personas creyentes, que reclaman derechos y libertades desde dentro de su propia sociedad.

Usted ha insistido en diferenciar la religión musulmana del islam político. ¿Por qué considera tan importante hacer esa distinción cuando se habla de Irán en Europa?

Porque confundir ambas cosas conduce a una interpretación equivocada de la sociedad iraní y también puede generar prejuicios contra los musulmanes.

El islam es una religión con una enorme diversidad de tradiciones, interpretaciones y formas de vivir la fe. El islam político, en cambio, se refiere a proyectos y estructuras políticas que utilizan una determinada interpretación religiosa como fundamento del poder político y del ordenamiento estatal.

Criticar jurídicamente una norma que vulnera derechos fundamentales no significa criticar una religión ni a quienes libremente la practican.

Esta distinción me parece especialmente importante en Europa porque debemos evitar dos extremos: justificar violaciones de derechos humanos en nombre del respeto cultural y, en el extremo contrario, convertir la crítica a un sistema político en hostilidad hacia una religión o hacia sus creyentes.

Se puede defender simultáneamente la libertad religiosa y el principio de que ninguna persona debe perder sus derechos fundamentales por la imposición estatal de una determinada interpretación religiosa.

¿Cómo ha cambiado su propia manera de entender el activismo desde que salió de Irán y comenzó a defender los derechos humanos desde España?

Ha cambiado mucho. Con el tiempo he comprendido que mi principal herramienta es el Derecho.

Para mí, defender los derechos humanos no consiste únicamente en denunciar una injusticia. También significa documentarla correctamente, preservar las pruebas, distinguir los hechos de las alegaciones, proteger a las víctimas y a los testigos y construir las condiciones para que algún día pueda existir responsabilidad jurídica.

Mi formación en Derecho procesal ha influido profundamente en esta manera de entender el activismo. Una acusación, por grave que sea, no puede sustituir a la prueba; y la necesidad de justicia tampoco puede justificar la eliminación de las garantías procesales.

Desde España he comprendido todavía más la importancia de trabajar pensando no solamente en el presente, sino también en el futuro. Lo que hoy documentamos puede convertirse mañana en material relevante para investigaciones judiciales, procedimientos basados en la jurisdicción universal, mecanismos internacionales o futuros procesos de justicia transicional.

Para mí, la defensa de los derechos humanos debe estar vinculada al Estado de Derecho. Si queremos justicia, también tenemos que proteger las garantías que hacen que esa justicia sea legítima.

¿Qué supone emocionalmente vivir en Salamanca mientras su familia y otras personas cercanas permanecen en Irán, especialmente cuando la comunicación con ellos se vuelve difícil?

Es probablemente una de las partes más difíciles de vivir fuera de Irán.

Cuando la comunicación funciona, la distancia ya es complicada. Cuando se interrumpe o se vuelve incierta, esa distancia adquiere otra dimensión. No saber si alguien a quien quieres está bien, no poder llamar cuando quieres o tener que esperar durante horas una noticia genera una sensación de impotencia difícil de explicar.

Además, existe una contradicción emocional permanente: aquí puedo continuar mi trabajo, investigar, enseñar y hablar con libertad, mientras personas a las que quiero viven una realidad completamente diferente.

Creo que muchas personas de la diáspora conocemos esa sensación. Estás físicamente en un país seguro, pero una parte de tu vida continúa allí. Y cuando ocurre algo en Irán, la distancia de miles de kilómetros puede desaparecer emocionalmente en segundos.

¿Existe algo que las personas que vivimos en Europa no lleguemos a comprender sobre lo que significa vivir bajo el régimen iraní y que usted considere imprescindible explicar?

Quizá sea difícil comprender hasta qué punto la falta de libertad puede introducirse en las decisiones más pequeñas de la vida cotidiana.

Cuando hablamos de derechos humanos desde Europa pensamos con frecuencia en grandes conceptos: libertad de expresión, igualdad, debido proceso o participación política. Pero vivir bajo una estructura autoritaria puede significar también tener que calcular constantemente qué puedes decir, dónde puedes decirlo, delante de quién, qué consecuencias puede tener una publicación o una conversación e incluso qué consecuencias puede tener tu comportamiento para las personas de tu entorno.

Ese proceso genera autocensura. Y la autocensura es una forma especialmente profunda de control porque llega un momento en que ya no es necesario que alguien te diga que guardes silencio: tú misma empiezas a calcular el riesgo antes de hablar.

Por eso, cuando hablamos de libertad, no hablamos únicamente de poder manifestarse. Hablamos también de poder vivir sin tener que realizar continuamente ese cálculo.

Como jurista y miembro de una comunidad de profesionales iraníes comprometidos con los derechos humanos, ¿qué importancia tiene documentar jurídicamente la represión y preservar pruebas de las violaciones cometidas?

Es absolutamente fundamental.

La memoria es necesaria, pero desde una perspectiva jurídica la memoria por sí sola no constituye prueba. Si queremos que en el futuro puedan existir procesos de rendición de cuentas, debemos preservar la información de manera que pueda ser evaluada posteriormente por autoridades competentes.

Eso significa documentar el origen de una fotografía o un vídeo, preservar los metadatos cuando sea posible, registrar cómo se obtuvo un documento, mantener la cadena de custodia, contrastar las fuentes y proteger la identidad y la seguridad de las víctimas y los testigos.

También significa algo que considero esencial: no convertir a quienes documentamos en jueces. Podemos recopilar, preservar, verificar y analizar información, pero la determinación de la responsabilidad penal individual corresponde a órganos jurídicamente competentes y debe realizarse respetando el debido proceso y los derechos de defensa.

Esta cuestión adquiere todavía mayor importancia cuando hablamos de la pena de muerte. La ejecución es irreversible. Si en un procedimiento existen alegaciones de tortura, confesiones forzadas, privación del acceso efectivo a un abogado u otras vulneraciones del derecho a un proceso justo, documentarlas adecuadamente constituye una necesidad inmediata, no algo que pueda dejarse para el futuro. Mañana puede ser demasiado tarde para preservar determinadas pruebas o incluso para salvar una vida.

La documentación responsable crea un puente entre la violación que ocurre hoy y la posibilidad de justicia mañana. Si las pruebas desaparecen, son manipuladas o pierden su trazabilidad, una futura transición política no podrá recuperarlas fácilmente.

¿Qué papel deberían desempeñar España y la Unión Europea ante las violaciones de derechos humanos que se producen en Irán?

Creo que hoy ya no podemos hablar de Irán únicamente en términos de relaciones diplomáticas o intereses políticos. Estamos hablando de un país que en 2026 ha vivido una de las represiones más sangrientas de su historia contemporánea. Decenas de miles de personas fueron asesinadas por las fuerzas de la República Islámica en tan solo dos noches. Detrás de cada una de esas cifras hay una persona, una familia y una vida.

Y la represión no terminó aquellas dos noches. Una de las cuestiones de derechos humanos más urgentes en Irán en estos momentos son las ejecuciones. La aplicación de la pena de muerte, especialmente en casos en los que existen serias preocupaciones sobre torturas, confesiones forzadas, acceso efectivo a un abogado y respeto de las garantías más elementales de un proceso justo, debe ocupar un lugar central en las relaciones de España y de la Unión Europea con la República Islámica.

Además, ya no estamos hablando únicamente de denuncias políticas formuladas contra las autoridades iraníes. Los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas han documentado violaciones gravísimas. La Misión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre Irán ha concluido que determinadas violaciones graves cometidas por las autoridades iraníes alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad.

En estas circunstancias, considero que España y la Unión Europea deben situarse de manera clara al lado de los derechos y las libertades del pueblo iraní, y no al lado de quienes vulneran esos derechos.

Para mí resulta muy doloroso ver que, mientras ciudadanos iraníes son asesinados, encarcelados o ejecutados, aparecen imágenes de representantes de países democráticos estrechando la mano de responsables de la República Islámica y situándose a su lado. No niego la necesidad de la diplomacia. Los Estados mantienen relaciones internacionales y en ocasiones necesitan negociar. Pero existe una diferencia entre la diplomacia necesaria y la normalización de quienes están implicados en graves violaciones de derechos humanos. Los derechos y la vida de los iraníes no deberían convertirse en el precio de determinadas consideraciones políticas o diplomáticas.

Al mismo tiempo, apoyar al pueblo iraní no significa que España, la Unión Europea o cualquier otra potencia extranjera deban decidir quién tiene que gobernar Irán o cuál debe ser el futuro sistema político del país.

Esa decisión corresponde al pueblo iraní.

Los iraníes tienen derecho a contar con sus verdaderos representantes y a votar libremente, sin represión, sin prisión, sin ejecuciones, sin amenazas y sin injerencias externas, para decidir cuál debe ser el futuro sistema político de su país. La forma de gobierno que tenga Irán en el futuro y las personas que representen políticamente a la sociedad deben obtener su legitimidad de la voluntad libre de los propios iraníes.

Lo que espero de España y de la Unión Europea no es que elijan el futuro de Irán. Espero que defiendan el derecho de los iraníes a elegir libremente su propio futuro.

Cuando una sociedad está pagando un precio tan alto por reclamar libertad, igualdad y el derecho a decidir sobre su propio destino, la comunidad internacional no debería permanecer indiferente ante la diferencia entre las víctimas y quienes vulneran sus derechos.

¿Qué errores cree que comete Occidente cuando analiza la realidad iraní desde categorías políticas o culturales europeas?

Uno de los errores es intentar interpretar una sociedad muy compleja mediante categorías demasiado simples.

Irán no puede reducirse a una oposición entre religiosos y seculares, reformistas y conservadores, hombres y mujeres, o Estado y sociedad. Existen diferencias generacionales, territoriales, étnicas, lingüísticas, económicas, religiosas y políticas muy importantes.

Otro error consiste en interpretar las reivindicaciones iraníes como si fueran una importación de valores occidentales. Cuando una mujer iraní exige igualdad ante la ley o cuando un ciudadano exige un proceso justo, no necesariamente está intentando parecerse a Europa. Está reclamando derechos que considera propios.

Y existe también el riesgo contrario: relativizar determinadas vulneraciones porque se producen en un contexto cultural diferente. El respeto a la diversidad cultural es imprescindible, pero no debería utilizarse para negar derechos fundamentales.

La mejor manera de comprender Irán es escuchar la pluralidad de voces iraníes y evitar hablar en nombre de toda una sociedad.

En ocasiones, las mujeres iraníes son presentadas en Occidente únicamente como víctimas. ¿Qué le gustaría que se entendiera sobre su capacidad de organización, resistencia y agencia?

Me gustaría precisamente cambiar esa imagen.

Las mujeres iraníes han sido víctimas de discriminación y de graves violaciones de derechos humanos, pero reducirlas a la condición de víctimas les quita una parte esencial de su historia.

Son abogadas, profesoras, investigadoras, periodistas, artistas, escritoras, trabajadoras, estudiantes, madres y defensoras de derechos humanos. Han creado redes, documentado abusos, defendido a otras personas, producido conocimiento y mantenido espacios de resistencia durante décadas.

La agencia significa precisamente reconocer que una persona sometida a una estructura discriminatoria continúa siendo capaz de tomar decisiones, organizarse y transformar su entorno.

Por eso prefiero hablar de mujeres que han sufrido discriminación y represión, pero que al mismo tiempo son protagonistas de su propia lucha por los derechos. No necesitan que otros les concedan una voz. La tienen. Lo que necesitamos es escucharlas.

Cuando imagina un futuro democrático para Irán, ¿qué derechos considera irrenunciables para las mujeres y para el conjunto de la población?

Para mí, el punto de partida tiene que ser muy sencillo: igualdad de ciudadanía.

Eso significa que el sexo, la religión, la etnia, la lengua, las convicciones políticas u otras condiciones personales no pueden determinar la calidad de los derechos que una persona posee ante la ley.

Para las mujeres implicaría igualdad jurídica real en el matrimonio, el divorcio, la custodia, la herencia, el trabajo, la educación, la libertad de circulación, la participación política y el acceso a todas las funciones públicas; autonomía sobre el propio cuerpo y protección efectiva frente a la violencia y la discriminación.

Pero una democracia no se construye solamente reconociendo derechos sustantivos. Como procesalista, para mí son igualmente irrenunciables la independencia judicial, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, el acceso efectivo a la justicia, el derecho a un juez independiente e imparcial y la prohibición de la tortura y de las detenciones arbitrarias.

Y añadiría algo especialmente importante para cualquier futura transición: el nuevo sistema no debería reproducir contra quienes hoy ejercen el poder las mismas arbitrariedades que estamos denunciando. El Estado de Derecho se demuestra precisamente cuando las garantías se reconocen también a quienes no queremos proteger políticamente.

La democracia no consiste simplemente en sustituir a quienes gobiernan. Consiste en construir instituciones que impidan que cualquier gobierno, presente o futuro, pueda situarse por encima de los derechos de las personas.

Después de tantos años de lucha, ¿qué mantiene viva su esperanza y qué mensaje le gustaría hacer llegar a las mujeres y hombres iraníes que siguen luchando por la libertad?

Mi esperanza no nace de pensar que el cambio sea fácil ni inevitable. Nace de haber visto cuánto ha cambiado ya la sociedad iraní.

Hay generaciones que han aprendido a hablar de derechos, igualdad, dignidad y responsabilidad del poder público de una manera que hace algunas décadas era mucho menos visible. Hay mujeres que continúan ocupando espacios que se intentó cerrarles. Hay juristas, periodistas, estudiantes, profesores, trabajadores y ciudadanos que, dentro y fuera de Irán, siguen preservando conocimiento, documentando lo que ocurre y defendiendo derechos.

Mi mensaje sería que ningún futuro democrático merece construirse sacrificando los principios que queremos defender.

Debemos preservar la verdad sin convertir la sospecha en condena; exigir justicia sin convertirla en venganza; documentar las violaciones sin poner en peligro a las víctimas; y defender la libertad sin negar la libertad de quienes piensan de manera diferente.

Y después de todo lo que ha ocurrido, creo que debemos recordar también algo fundamental: el futuro de Irán pertenece a los iraníes. Son ellos quienes deben poder decidir libremente quién los representa y qué sistema político quieren para su país.

Si algún día Irán atraviesa una verdadera transición democrática, su éxito no se medirá únicamente por quién deja el poder o quién lo ocupa después. Se medirá por nuestra capacidad para construir instituciones en las que ninguna mujer, ningún hombre y ningún niño tenga que depender de quién gobierna para saber si sus derechos serán respetados.

Para mí, ahí comienza realmente la libertad.

Majedeh Bozorgi: «La mejor manera de comprender Irán es escuchar la pluralidad de voces iraníes y evitar hablar en nombre de toda una sociedad»

Majedeh Bozorgi es doctora en Derecho, jurista y activista de derechos humanos iraní afincada en España. Doctorada en el programa Administración, Finanzas y Justicia en el Estado Social en la Universidad de Salamanca. Es secretaria de la Asociación Iraní de Derechos Humanos en España. Fundadora y directora del Congreso Internacional Anual sobre Justicia Social y Desarrollo Sostenible en la Universidad de Salamanca, así como investigadora visitante en la Universidad de Gante, en Bélgica.

Sus líneas de investigación se centran en los Derechos Humanos, igualdad de género, justicia transicional y el impacto de las estructuras patriarcales y religiosas en los derechos de las mujeres en el campo islámico.

Has explicado que las mujeres estuvieron entre las primeras en salir a protestar contra el régimen. ¿Qué papel cree que han tenido las mujeres iraníes en la construcción de la resistencia durante estas décadas?

Para comprender el papel de las mujeres en la resistencia en Irán, hay que mirar mucho más atrás del movimiento «Mujer, Vida, Libertad». Las mujeres iraníes llevan décadas resistiendo, tanto en el espacio público como en su vida cotidiana.

Después de 1979, muchas de las primeras restricciones afectaron directamente a los derechos y libertades de las mujeres, y ellas estuvieron también entre quienes primero reaccionaron públicamente. Desde entonces, esta resistencia ha adoptado muchas formas: manifestaciones, campañas jurídicas y sociales, periodismo, literatura, arte, defensa de los derechos humanos y también actos cotidianos de desobediencia frente a normas que consideran injustas.

Por eso, no me gusta presentar a las mujeres iraníes únicamente como víctimas de un sistema discriminatorio. Son también sujetos de derechos y protagonistas de una transformación social. «Mujer, Vida, Libertad» hizo visible internacionalmente algo que dentro de Irán llevaba décadas desarrollándose: una reivindicación de igualdad, autonomía y dignidad humana.

Después de todo lo ocurrido desde el movimiento «Mujer, Vida, Libertad», ¿qué cambios considera que se han producido en la conciencia de las mujeres y de la sociedad iraní?

Creo que uno de los cambios más importantes es que determinadas reivindicaciones han dejado de percibirse exclusivamente como «reivindicaciones de las mujeres».

Cuando una mujer reclama el derecho a decidir sobre su cuerpo, su forma de vestir, su educación, su trabajo o su participación en la vida pública, en realidad está planteando una cuestión mucho más amplia: ¿hasta dónde puede intervenir el Estado en la autonomía de una persona?

«Mujer, Vida, Libertad» convirtió esa pregunta en una cuestión social. Muchos hombres, jóvenes y familias comprendieron también que los derechos de las mujeres no constituyen un ámbito separado de los demás derechos y libertades.

Además, creo que se ha producido un cambio difícilmente reversible: una parte importante de la sociedad ya no considera naturales o legítimas determinadas normas que durante años se presentaron como inalterables. Una ley puede imponer una conducta, pero la imposición jurídica no genera necesariamente legitimidad social.

¿Qué significa hoy para una mujer iraní decidir no llevar el hiyab, sabiendo las consecuencias que puede afrontar?

Desde fuera puede parecer simplemente una decisión sobre la vestimenta. Dentro de Irán puede tener una dimensión jurídica y social mucho más profunda.

Cuando una mujer sabe que una determinada conducta puede exponerla a vigilancia, sanciones o restricciones y, aun así, decide sobre su propio cuerpo y su forma de vestir, esa decisión adquiere otro significado.

No creo que todas las mujeres que deciden no llevar el hiyab tengan necesariamente la misma motivación política. Es importante respetar esa diversidad. Pero jurídicamente existe una cuestión fundamental: cuando el Estado impone mediante instrumentos coercitivos una determinada concepción moral o religiosa, la cuestión deja de ser únicamente religiosa o personal y pasa a afectar a los límites del poder estatal y a la autonomía individual.

Por eso, para muchas mujeres iraníes, decidir cómo vestirse se ha convertido también en una reivindicación de autonomía corporal y de igualdad en la ciudadanía.

Desde una perspectiva jurídica, ¿cuáles son las principales leyes o mecanismos del régimen que mantienen la desigualdad entre hombres y mujeres en Irán?

El problema fundamental es que la desigualdad no se encuentra en una sola norma. Está distribuida en distintas partes del ordenamiento jurídico.

Existen diferencias relevantes en ámbitos como el matrimonio, el divorcio, la tutela y determinadas cuestiones relacionadas con los hijos, la herencia, la libertad de circulación, determinadas reglas probatorias y el acceso de las mujeres a ciertas funciones y posiciones. A ello se añade la regulación del hiyab obligatorio y los mecanismos administrativos, policiales, judiciales e incluso tecnológicos utilizados para garantizar su cumplimiento.

Por eso prefiero hablar de una desigualdad estructural. No estamos simplemente ante una o dos normas discriminatorias aisladas, sino ante un conjunto de reglas e instituciones que pueden producir posiciones jurídicas diferentes para hombres y mujeres.

Y como jurista considero importante añadir algo: la discriminación no debe analizarse únicamente leyendo el texto de una ley. Hay que estudiar también cómo se aplica, quién tiene acceso efectivo a la justicia, qué posibilidades reales existen de recurrir una decisión y si una persona puede realmente hacer valer sus derechos frente al poder público.

¿Qué le diría a quienes consideran que las reivindicaciones de las mujeres iraníes son una cuestión exclusivamente religiosa o cultural y no una cuestión de derechos humanos?

Les diría que debemos distinguir entre respetar una cultura o una religión y justificar jurídicamente la privación de derechos.

La libertad religiosa es un derecho humano fundamental. Precisamente por eso comprende tanto el derecho de una persona a tener y practicar una religión como su libertad de conciencia.

La cuestión jurídica aparece cuando una determinada interpretación religiosa se transforma en una obligación estatal coercitiva y su incumplimiento puede generar consecuencias jurídicas o penales.

Los derechos a la igualdad, la dignidad, la integridad personal, la libertad de conciencia, la participación pública o el acceso a la justicia no dejan de ser derechos humanos porque una restricción se justifique mediante argumentos culturales o religiosos.

Además, presentar este debate como un enfrentamiento entre «Occidente» y el «islam» invisibiliza a millones de iraníes, incluidas muchas personas creyentes, que reclaman derechos y libertades desde dentro de su propia sociedad.

Usted ha insistido en diferenciar la religión musulmana del islam político. ¿Por qué considera tan importante hacer esa distinción cuando se habla de Irán en Europa?

Porque confundir ambas cosas conduce a una interpretación equivocada de la sociedad iraní y también puede generar prejuicios contra los musulmanes.

El islam es una religión con una enorme diversidad de tradiciones, interpretaciones y formas de vivir la fe. El islam político, en cambio, se refiere a proyectos y estructuras políticas que utilizan una determinada interpretación religiosa como fundamento del poder político y del ordenamiento estatal.

Criticar jurídicamente una norma que vulnera derechos fundamentales no significa criticar una religión ni a quienes libremente la practican.

Esta distinción me parece especialmente importante en Europa porque debemos evitar dos extremos: justificar violaciones de derechos humanos en nombre del respeto cultural y, en el extremo contrario, convertir la crítica a un sistema político en hostilidad hacia una religión o hacia sus creyentes.

Se puede defender simultáneamente la libertad religiosa y el principio de que ninguna persona debe perder sus derechos fundamentales por la imposición estatal de una determinada interpretación religiosa.

¿Cómo ha cambiado su propia manera de entender el activismo desde que salió de Irán y comenzó a defender los derechos humanos desde España?

Ha cambiado mucho. Con el tiempo he comprendido que mi principal herramienta es el Derecho.

Para mí, defender los derechos humanos no consiste únicamente en denunciar una injusticia. También significa documentarla correctamente, preservar las pruebas, distinguir los hechos de las alegaciones, proteger a las víctimas y a los testigos y construir las condiciones para que algún día pueda existir responsabilidad jurídica.

Mi formación en Derecho procesal ha influido profundamente en esta manera de entender el activismo. Una acusación, por grave que sea, no puede sustituir a la prueba; y la necesidad de justicia tampoco puede justificar la eliminación de las garantías procesales.

Desde España he comprendido todavía más la importancia de trabajar pensando no solamente en el presente, sino también en el futuro. Lo que hoy documentamos puede convertirse mañana en material relevante para investigaciones judiciales, procedimientos basados en la jurisdicción universal, mecanismos internacionales o futuros procesos de justicia transicional.

Para mí, la defensa de los derechos humanos debe estar vinculada al Estado de Derecho. Si queremos justicia, también tenemos que proteger las garantías que hacen que esa justicia sea legítima.

¿Qué supone emocionalmente vivir en Salamanca mientras su familia y otras personas cercanas permanecen en Irán, especialmente cuando la comunicación con ellos se vuelve difícil?

Es probablemente una de las partes más difíciles de vivir fuera de Irán.

Cuando la comunicación funciona, la distancia ya es complicada. Cuando se interrumpe o se vuelve incierta, esa distancia adquiere otra dimensión. No saber si alguien a quien quieres está bien, no poder llamar cuando quieres o tener que esperar durante horas una noticia genera una sensación de impotencia difícil de explicar.

Además, existe una contradicción emocional permanente: aquí puedo continuar mi trabajo, investigar, enseñar y hablar con libertad, mientras personas a las que quiero viven una realidad completamente diferente.

Creo que muchas personas de la diáspora conocemos esa sensación. Estás físicamente en un país seguro, pero una parte de tu vida continúa allí. Y cuando ocurre algo en Irán, la distancia de miles de kilómetros puede desaparecer emocionalmente en segundos.

¿Existe algo que las personas que vivimos en Europa no lleguemos a comprender sobre lo que significa vivir bajo el régimen iraní y que usted considere imprescindible explicar?

Quizá sea difícil comprender hasta qué punto la falta de libertad puede introducirse en las decisiones más pequeñas de la vida cotidiana.

Cuando hablamos de derechos humanos desde Europa pensamos con frecuencia en grandes conceptos: libertad de expresión, igualdad, debido proceso o participación política. Pero vivir bajo una estructura autoritaria puede significar también tener que calcular constantemente qué puedes decir, dónde puedes decirlo, delante de quién, qué consecuencias puede tener una publicación o una conversación e incluso qué consecuencias puede tener tu comportamiento para las personas de tu entorno.

Ese proceso genera autocensura. Y la autocensura es una forma especialmente profunda de control porque llega un momento en que ya no es necesario que alguien te diga que guardes silencio: tú misma empiezas a calcular el riesgo antes de hablar.

Por eso, cuando hablamos de libertad, no hablamos únicamente de poder manifestarse. Hablamos también de poder vivir sin tener que realizar continuamente ese cálculo.

Como jurista y miembro de una comunidad de profesionales iraníes comprometidos con los derechos humanos, ¿qué importancia tiene documentar jurídicamente la represión y preservar pruebas de las violaciones cometidas?

Es absolutamente fundamental.

La memoria es necesaria, pero desde una perspectiva jurídica la memoria por sí sola no constituye prueba. Si queremos que en el futuro puedan existir procesos de rendición de cuentas, debemos preservar la información de manera que pueda ser evaluada posteriormente por autoridades competentes.

Eso significa documentar el origen de una fotografía o un vídeo, preservar los metadatos cuando sea posible, registrar cómo se obtuvo un documento, mantener la cadena de custodia, contrastar las fuentes y proteger la identidad y la seguridad de las víctimas y los testigos.

También significa algo que considero esencial: no convertir a quienes documentamos en jueces. Podemos recopilar, preservar, verificar y analizar información, pero la determinación de la responsabilidad penal individual corresponde a órganos jurídicamente competentes y debe realizarse respetando el debido proceso y los derechos de defensa.

Esta cuestión adquiere todavía mayor importancia cuando hablamos de la pena de muerte. La ejecución es irreversible. Si en un procedimiento existen alegaciones de tortura, confesiones forzadas, privación del acceso efectivo a un abogado u otras vulneraciones del derecho a un proceso justo, documentarlas adecuadamente constituye una necesidad inmediata, no algo que pueda dejarse para el futuro. Mañana puede ser demasiado tarde para preservar determinadas pruebas o incluso para salvar una vida.

La documentación responsable crea un puente entre la violación que ocurre hoy y la posibilidad de justicia mañana. Si las pruebas desaparecen, son manipuladas o pierden su trazabilidad, una futura transición política no podrá recuperarlas fácilmente.

¿Qué papel deberían desempeñar España y la Unión Europea ante las violaciones de derechos humanos que se producen en Irán?

Creo que hoy ya no podemos hablar de Irán únicamente en términos de relaciones diplomáticas o intereses políticos. Estamos hablando de un país que en 2026 ha vivido una de las represiones más sangrientas de su historia contemporánea. Decenas de miles de personas fueron asesinadas por las fuerzas de la República Islámica en tan solo dos noches. Detrás de cada una de esas cifras hay una persona, una familia y una vida.

Y la represión no terminó aquellas dos noches. Una de las cuestiones de derechos humanos más urgentes en Irán en estos momentos son las ejecuciones. La aplicación de la pena de muerte, especialmente en casos en los que existen serias preocupaciones sobre torturas, confesiones forzadas, acceso efectivo a un abogado y respeto de las garantías más elementales de un proceso justo, debe ocupar un lugar central en las relaciones de España y de la Unión Europea con la República Islámica.

Además, ya no estamos hablando únicamente de denuncias políticas formuladas contra las autoridades iraníes. Los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas han documentado violaciones gravísimas. La Misión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre Irán ha concluido que determinadas violaciones graves cometidas por las autoridades iraníes alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad.

En estas circunstancias, considero que España y la Unión Europea deben situarse de manera clara al lado de los derechos y las libertades del pueblo iraní, y no al lado de quienes vulneran esos derechos.

Para mí resulta muy doloroso ver que, mientras ciudadanos iraníes son asesinados, encarcelados o ejecutados, aparecen imágenes de representantes de países democráticos estrechando la mano de responsables de la República Islámica y situándose a su lado. No niego la necesidad de la diplomacia. Los Estados mantienen relaciones internacionales y en ocasiones necesitan negociar. Pero existe una diferencia entre la diplomacia necesaria y la normalización de quienes están implicados en graves violaciones de derechos humanos. Los derechos y la vida de los iraníes no deberían convertirse en el precio de determinadas consideraciones políticas o diplomáticas.

Al mismo tiempo, apoyar al pueblo iraní no significa que España, la Unión Europea o cualquier otra potencia extranjera deban decidir quién tiene que gobernar Irán o cuál debe ser el futuro sistema político del país.

Esa decisión corresponde al pueblo iraní.

Los iraníes tienen derecho a contar con sus verdaderos representantes y a votar libremente, sin represión, sin prisión, sin ejecuciones, sin amenazas y sin injerencias externas, para decidir cuál debe ser el futuro sistema político de su país. La forma de gobierno que tenga Irán en el futuro y las personas que representen políticamente a la sociedad deben obtener su legitimidad de la voluntad libre de los propios iraníes.

Lo que espero de España y de la Unión Europea no es que elijan el futuro de Irán. Espero que defiendan el derecho de los iraníes a elegir libremente su propio futuro.

Cuando una sociedad está pagando un precio tan alto por reclamar libertad, igualdad y el derecho a decidir sobre su propio destino, la comunidad internacional no debería permanecer indiferente ante la diferencia entre las víctimas y quienes vulneran sus derechos.

¿Qué errores cree que comete Occidente cuando analiza la realidad iraní desde categorías políticas o culturales europeas?

Uno de los errores es intentar interpretar una sociedad muy compleja mediante categorías demasiado simples.

Irán no puede reducirse a una oposición entre religiosos y seculares, reformistas y conservadores, hombres y mujeres, o Estado y sociedad. Existen diferencias generacionales, territoriales, étnicas, lingüísticas, económicas, religiosas y políticas muy importantes.

Otro error consiste en interpretar las reivindicaciones iraníes como si fueran una importación de valores occidentales. Cuando una mujer iraní exige igualdad ante la ley o cuando un ciudadano exige un proceso justo, no necesariamente está intentando parecerse a Europa. Está reclamando derechos que considera propios.

Y existe también el riesgo contrario: relativizar determinadas vulneraciones porque se producen en un contexto cultural diferente. El respeto a la diversidad cultural es imprescindible, pero no debería utilizarse para negar derechos fundamentales.

La mejor manera de comprender Irán es escuchar la pluralidad de voces iraníes y evitar hablar en nombre de toda una sociedad.

En ocasiones, las mujeres iraníes son presentadas en Occidente únicamente como víctimas. ¿Qué le gustaría que se entendiera sobre su capacidad de organización, resistencia y agencia?

Me gustaría precisamente cambiar esa imagen.

Las mujeres iraníes han sido víctimas de discriminación y de graves violaciones de derechos humanos, pero reducirlas a la condición de víctimas les quita una parte esencial de su historia.

Son abogadas, profesoras, investigadoras, periodistas, artistas, escritoras, trabajadoras, estudiantes, madres y defensoras de derechos humanos. Han creado redes, documentado abusos, defendido a otras personas, producido conocimiento y mantenido espacios de resistencia durante décadas.

La agencia significa precisamente reconocer que una persona sometida a una estructura discriminatoria continúa siendo capaz de tomar decisiones, organizarse y transformar su entorno.

Por eso prefiero hablar de mujeres que han sufrido discriminación y represión, pero que al mismo tiempo son protagonistas de su propia lucha por los derechos. No necesitan que otros les concedan una voz. La tienen. Lo que necesitamos es escucharlas.

Cuando imagina un futuro democrático para Irán, ¿qué derechos considera irrenunciables para las mujeres y para el conjunto de la población?

Para mí, el punto de partida tiene que ser muy sencillo: igualdad de ciudadanía.

Eso significa que el sexo, la religión, la etnia, la lengua, las convicciones políticas u otras condiciones personales no pueden determinar la calidad de los derechos que una persona posee ante la ley.

Para las mujeres implicaría igualdad jurídica real en el matrimonio, el divorcio, la custodia, la herencia, el trabajo, la educación, la libertad de circulación, la participación política y el acceso a todas las funciones públicas; autonomía sobre el propio cuerpo y protección efectiva frente a la violencia y la discriminación.

Pero una democracia no se construye solamente reconociendo derechos sustantivos. Como procesalista, para mí son igualmente irrenunciables la independencia judicial, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, el acceso efectivo a la justicia, el derecho a un juez independiente e imparcial y la prohibición de la tortura y de las detenciones arbitrarias.

Y añadiría algo especialmente importante para cualquier futura transición: el nuevo sistema no debería reproducir contra quienes hoy ejercen el poder las mismas arbitrariedades que estamos denunciando. El Estado de Derecho se demuestra precisamente cuando las garantías se reconocen también a quienes no queremos proteger políticamente.

La democracia no consiste simplemente en sustituir a quienes gobiernan. Consiste en construir instituciones que impidan que cualquier gobierno, presente o futuro, pueda situarse por encima de los derechos de las personas.

Después de tantos años de lucha, ¿qué mantiene viva su esperanza y qué mensaje le gustaría hacer llegar a las mujeres y hombres iraníes que siguen luchando por la libertad?

Mi esperanza no nace de pensar que el cambio sea fácil ni inevitable. Nace de haber visto cuánto ha cambiado ya la sociedad iraní.

Hay generaciones que han aprendido a hablar de derechos, igualdad, dignidad y responsabilidad del poder público de una manera que hace algunas décadas era mucho menos visible. Hay mujeres que continúan ocupando espacios que se intentó cerrarles. Hay juristas, periodistas, estudiantes, profesores, trabajadores y ciudadanos que, dentro y fuera de Irán, siguen preservando conocimiento, documentando lo que ocurre y defendiendo derechos.

Mi mensaje sería que ningún futuro democrático merece construirse sacrificando los principios que queremos defender.

Debemos preservar la verdad sin convertir la sospecha en condena; exigir justicia sin convertirla en venganza; documentar las violaciones sin poner en peligro a las víctimas; y defender la libertad sin negar la libertad de quienes piensan de manera diferente.

Y después de todo lo que ha ocurrido, creo que debemos recordar también algo fundamental: el futuro de Irán pertenece a los iraníes. Son ellos quienes deben poder decidir libremente quién los representa y qué sistema político quieren para su país.

Si algún día Irán atraviesa una verdadera transición democrática, su éxito no se medirá únicamente por quién deja el poder o quién lo ocupa después. Se medirá por nuestra capacidad para construir instituciones en las que ninguna mujer, ningún hombre y ningún niño tenga que depender de quién gobierna para saber si sus derechos serán respetados.

Para mí, ahí comienza realmente la libertad.