En Madrid, las macro causas que tocan al PP avanzan con una lentitud que algunos califican como “justicia en diferido”.
Por Lucio Martínez Pereda | 16/01/2026
Hay “casualidades” que se escriben con la caligrafía del poder. Mas precisamente, con su calendario. La decisión de posponer hasta 2027 -justo después de las elecciones madrileñas- el juicio al novio de Ayuso no suena a problema administrativo, sino a un viejo hábito institucional: el de la justicia que se ajusta al interés electoral de la política. Me lo dijo en una ocasión mi profesor de Historia Contemporánea en la USC y magnífico historiador del nacionalismo gallego, Xusto Beramendi: los plazos judiciales también tienen ideología.
No es un hecho aislado, sino un episodio más en una cadena de oportunas dilaciones. Recordemos el caso Gürtel, que tardó casi una década en juzgarse desde su inicio, permitiendo que los principales implicados del PP eludieran la rendición de cuentas durante años clave. O Púnica, cuya pieza principal no inicio juicio hasta más de diez años después de las detenciones iniciales, con retrasos sistemáticos que fragmentaron el sumario y diluyeron su impacto. Y no olvidemos Lezo, el saqueo del Canal de Isabel II bajo gobiernos populares, que aún vaga sin fecha de juicio, como viejo fantasma judicial.
En Madrid, las macro causas que tocan al PP avanzan con una lentitud que algunos califican como “justicia en diferido”. Hay quien aún cree en la imparcialidad del calendario. Otros sabemos que, en España , al menos desde la época de Cánovas del Castillo, la justicia no es ciega: solo mira hacia otro lado hasta que conviene abrir los ojos.
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