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El debate sobre el aborto se está reduciendo a un análisis formal y legal, sin poner la atención necesaria en las condiciones sociales y estructurales que influyen en la decisión de las mujeres.
Por Cristian Mejías Sánchez | 17/11/2026
En 1985 se despenalizó el aborto en España bajo tres supuestos: peligro para la salud física o psicológica de la mujer, graves malformaciones fetales y embarazos producidos por violación. Más tarde, en 2010, la ley se reformó y estableció un sistema mixto de plazos y supuestos. Reconoció el derecho de las mujeres a poner fin al embarazo «libremente» durante las primeras 14 semanas, ampliable hasta la semana 22 en caso de malformaciones fetales graves.
Recientemente, ante la posibilidad de que el Partido Popular y Vox deroguen este derecho si alcanzan el poder en las próximas elecciones generales, y para asegurar que todas las mujeres puedan acceder al aborto sin importar la comunidad autónoma donde residan, el Gobierno se planteó una reforma constitucional para blindarlo.
Más allá de las opiniones personales al respecto, creo que hay un punto fundamental que se está perdiendo: el debate sobre el aborto se está reduciendo a un análisis formal y legal, sin poner la atención necesaria en las condiciones sociales y estructurales que influyen en la decisión de las mujeres.
La teoría de la justicia liberal, con intelectuales como John Rawls (2006), defiende un Estado que debe ser neutral en cuestiones morales para respetar la pluralidad de ideas sobre el bien que existen en una sociedad abierta. En este modelo, las instituciones actúan arbitrando e impidiendo que la voluntad de algunos grupos o personas se imponga sobre el resto.
Además de este principio de igual libertad, Rawls formuló un segundo principio, el de la diferencia, que permite las desigualdades económicas y sociales solo si benefician a la sociedad en su conjunto y, especialmente, a sus miembros más desaventajados.
Estos principios, según Rawls, serían aceptados por agentes racionales que se encontraran en una posición originaria de ignorancia; es decir, sin saber su sexo, clase económica, origen nacional o cualesquiera otros posibles determinantes personales o sociales.
Sin embargo, el neoliberalismo vigente enfrenta estos dos principios: defiende la libertad formal, pero rechaza las medidas para lograr la igualdad material, considerando que cualquier intervención más allá de la estrictamente necesaria para proteger la libertad negativa es una intromisión intolerable. La propaganda neoliberal ha logrado que la ideología individualista permee incluso en las capas trabajadoras, hasta el punto de que quien no defiende el impago de impuestos, defiende consignas como «en mi cuerpo yo decido».
Esta consigna, que sirve para justificar desde el cambio de sexo a voluntad hasta el derecho al aborto, encierra una lógica en la que el cuerpo se convierte en una propiedad del Yo, lo que abre la puerta a que terceras personas lo expropien. Esta visión del sujeto liberal desarraigado —no solo de su comunidad, sino de sí mismo— permite justificar prácticas o instituciones patriarcales que no son reformables ni resignificables, como la prostitución o los vientres de alquiler, incluso desde posiciones «progresistas».
En definitiva, el debate sobre el aborto, al centrarse en el derecho a la propiedad de una misma, debilita los argumentos contra estas prácticas que atentan contra la dignidad de las mujeres. Además, el mero reconocimiento formal del derecho al aborto invisibiliza las causas que conducen a su ejercicio, y también limita la protección efectiva del nasciturus a su derogación, contraponiendo, a veces artificialmente, la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres al derecho a la vida.
Por ello, no se trata de estar necesariamente en contra del derecho al aborto. Valoro especialmente la analogía que hace Judith Jarvis Thomson (1971) entre el violinista y el feto, que defiende de forma convincente la legitimidad moral del aborto sin negar el valor ontológico del nasciturus, concesión que no abunda en las filas proelección.
Si el nasciturus fuera algo similar a una muela o un quiste, los poderes públicos solo tendrían que legalizar su extracción. Pero si, como parece demostrar la evidencia científica, la vida humana comienza con la fecundación, entonces el Estado tiene la obligación de protegerla sin instrumentalizar a la mujer como soporte vital sin su consentimiento.
Entre las medidas a desarrollar para que la mayoría de los embarazos sean deseados podrían estar las siguientes: una educación afectivo-sexual rigurosa; el reparto gratuito de preservativos con información real sobre su eficacia; el fomento de las relaciones interpersonales estables y libres de violencia, con una mayor implicación por parte de los hombres en el cuidado; una mejor protección laboral para las mujeres frente al despido; políticas reales de conciliación; aumentos salariales acordes al coste de la vida; más guarderías públicas, y una red asistencial de calidad para las familias.
Sin embargo, estas reformas tan necesarias parecen pasar a un segundo plano por dos tipos de confusión: la de la legalidad con la moralidad, y la de la necesidad con la libertad. Primero, creer que lo legal es automáticamente bueno o moralmente aceptable; segundo, pensar que la libertad consiste en elegir entre opciones dentro de un contexto desfavorable que no elegimos.
La primera confusión lleva a renunciar a la reflexión ética, dejando que el sistema «piense» por nosotras y nosotros. En el aborto, esto implica aceptar que el nasciturus adquiere su condición de persona de manera abrupta en un momento determinado de su desarrollo sancionado por la ley, en lugar de constatar que el verdadero punto de inflexión lo marca la fecundación. Para la mayoría proelección este hecho es inasumible, y prefieren deshumanizar al embrión o feto durante el período en que el Estado permite abortar.
La segunda confusión nos hace creer que el contexto social es inevitable, y que la libertad solo consiste en elegir el mal menor. Así, aunque el aborto sea un dilema moral, el sistema se desentiende de su obligación de promover una igualdad real y efectiva al otorgar a la mujer el derecho a «decidir».
Podríamos concluir entonces que el derecho al aborto responde a una necesidad inmediata (estar embarazada y no poder seguir adelante con el embarazo), pero también impone una situación que legitima al Estado para no intervenir en mejorar las condiciones de estas mujeres. El derecho formal al aborto, sin una transformación profunda de las condiciones materiales, lejos de ser progresista, relativiza el valor de la vida y puede contribuir a perpetuar el statu quo.
Referencias:
Rawls, J. (2006). Teoría de la Justicia. The Belknap Press of Harvard University Press.
Thomson, J. J. (1971). A defense of abortion.
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