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El acceso a un hogar en España depende cada vez más del mercado y cada vez menos de las políticas públicas.
Por José Luís Carpintero | 25/03/2026
El último pulso en el Gobierno por la prórroga de los alquileres no es una anécdota política: es el síntoma de un modelo agotado. Mientras el Ejecutivo discute medidas de urgencia, el acceso a la vivienda se deteriora hasta niveles críticos en la España de 2026, ante ello se intenta parchear intentando prorrogar contratos y limitar subidas al 2%, lo que evitaría un golpe inmediato a millones de inquilinos, pero que deja al descubierto una realidad incómoda: el Gobierno actúa a remolque de la crisis, sin una estrategia capaz de garantizar el derecho a la vivienda.
Los números no admiten maquillaje, cada año se crean entre 300.000 y 350.000 nuevos hogares en España, pero solo se construyen entre 80.000 y 100.000 viviendas.La demanda anual de hogares nuevos supera ampliamente la oferta construida, mientras el parque existente se infrautiliza: coexisten alquileres desorbitados en grandes ciudades con aproximadamente 3,4 millones de viviendas vacías, de las que solo una fracción es hoy jurídicamente expropiable por falta de registros completos. No es un problema de escasez:, es un fallo estructural del sistema.
En el mercado del alquiler, 2025 marcó un techo de precios y 2026 arranca con ligeras caídas en algunas comunidades, pero con una media aún en torno a 14 euros/m², equivalente a más de 1.100 euros mensuales para un piso estándar de 80 m². En las grandes áreas metropolitanas (Madrid, Barcelona y sus entornos) el alquiler puede absorber entre el 40% y el 50% de los ingresos de un hogar medio, muy por encima del umbral de asequibilidad aceptado (20–30%). A esto se suma el fenómeno de las “zonas tensionadas”, donde los alquileres superan el 30% de la renta media o crecen muy por encima del IPC en cinco años, lo que dispara procesos de gentrificación y expulsión residencial.
En este contexto, el Gobierno aprobó en marzo de 2026 la prórroga automática de los alquileres hasta 2027. La medida afecta a unos 600.000 contratos en renovación y evita subidas que podían dispararse en cientos de euros.
Sumar la impuso como condición política. El PSOE, que defendía incentivos fiscales a propietarios, terminó cediendo. Pero el resultado no es una solución, es una reacción, un freno temporal que no cambia las reglas del juego. La medida no afecta a nuevos contratos, no aumenta la oferta y no corrige el desequilibrio entre propietarios e inquilinos. En el mejor de los casos, compra tiempo. En el peor, consolida la idea de que la política de vivienda se limita a gestionar emergencias.
La Constitución reconoce el derecho a la vivienda. La ONU establece que debe ser asequible, habitable y accesible, pero nada de eso se cumple hoy de forma generalizada en España. El acceso a un hogar depende cada vez más del mercado y cada vez menos de las políticas públicas. Jóvenes, migrantes y clases medias quedan fuera de un sistema que convierte un derecho básico en un lujo, porque la intervención pública llega tarde, mal y de forma fragmentada.
El Plan Estatal de Vivienda 2026–2030 prioriza ampliar la oferta pública permanente, rehabilitar el parque existente –destinando alrededor del 30% de los fondos a eficiencia energética y accesibilidad– y ofrece ayudas como bonos de hasta 30.000 euros para jóvenes que optan por fórmulas de alquiler con opción a compra. Iniciativas como CASA47 apuntan a consolidar un parque de vivienda pública protegido frente a privatizaciones, movilizando viviendas vacías y penalizando incumplimientos de precios y usos especulativos.
La Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023 abre la puerta a declarar zonas tensionadas, topar rentas para grandes tenedores y, sobre todo, habilita la expropiación temporal de uso de viviendas vacías en esas áreas cuando se acredita interés social. Esta figura, inspirada en normativas catalanas, permite a ayuntamientos y comunidades expropiar el uso (no la propiedad) de inmuebles vacíos durante varios años, tras agotar vías de cesión voluntaria, para integrarlos en el parque público de alquiler social. Pero la ejecución es lenta, desigual y, en muchos casos, bloqueada políticamente, lo que ocasiona una brecha creciente entre el marco legal y la realidad social.
¿Por qué la izquierda española ignora las políticas de otros países que lo han resuelto?
Singapur ha hecho de la vivienda pública la base de su sistema. Viena mantiene desde hace décadas un parque público que estabiliza precios y garantiza acceso. Finlandia ha reducido el sinhogarismo a mínimos con políticas directas de acceso a vivienda.
Algunos pensaran que son experimentos, pero son modelos consolidados, es una diferencia política abismal, mientras que allí la vivienda se trata como un derecho que hay que garantizar, en España, sigue tratándose como un problema que hay que contener.
Volviendo a la medida propuesta por Sumar: La prórroga de los alquileres evita un deterioro inmediato, pero no cambia el rumbo, no deja de ser una medida defensiva en un contexto que exige decisiones ofensivas.
No hace sino normalizar la emergencia ya que convierte cada crisis en una nueva prórroga, cada subida en un nuevo parche, y Garantizar el acceso a la vivienda implica mucho más que evitar desahucios puntuales o limitar incrementos del alquiler. Requiere políticas públicas integrales que aborden la escasez de oferta, la especulación y la desigualdad en el acceso. Más allá de la prórroga de los alquileres, el contexto actual exige una batería de medidas de carácter estructural:
-Ampliar y blindar el parque público de vivienda social.
-Movilizar viviendas vacías mediante expropiación temporal de uso o cesión obligatoria.
-Regular los alquileres turísticos y otras formas de uso especulativo.
-Reservar un porcentaje significativo de nuevas promociones para vivienda protegida.
-Impulsar el cooperativismo y garantizar apoyo a colectivos vulnerables.
Asimismo, resulta fundamental establecer pactos de Estado que aporten estabilidad normativa y evitar que el acceso a la vivienda dependa de ciclos electorales.
España no necesita más medidas temporales, necesita una política de vivienda capaz de intervenir de verdad en el mercado, ampliar de forma masiva el parque público y garantizar que el acceso a un hogar deje de depender del nivel de renta, porque, a día de hoy, la realidad es difícil de negar: la vivienda sigue siendo un derecho en el papel y un privilegio en la práctica.
Los fondos buitres se han apoderado con el consentimiento del Gobierno y el beneplácito de la Banca, de miles de viviendas para especular con ellas, impidiendo el acceso a un bien de primera necesidad como son los hogares.