La validez

Por Alberto Vila

“Muchos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia”

Bertolt Brecht

Validar es dar valor a los datos sobre los que se llevarán a cabo procesos que aporten soporte pertinente a las conclusiones de, por decir algo, un proyecto de investigación o de una instrucción procesal. Es decir que la validación de los datos permite comprobar que estos son aptos para el propósito deseado. Si no se validan resulta un atrevimiento el proseguir considerándolos aptos.

Cuando los datos son poco consistentes en términos de validez, la información que resulte de ellos también lo será. La propia fiabilidad de la fuente categoriza la solidez de los datos extraídos de ella. De aquí que con datos poco fiables, esto en cualquier metodología científica, lo que quedará en cuestión es la propia validez de la investigación además de la competencia profesional de los investigadores.

Históricamente, la elaboración de trabajos de investigación fue motivo de atención judicial por las innumerables denuncias por irregularidades cometidas. De aquí deducimos que la corrupción siempre se sintió atraída por las oportunidades que ofrecían esos instrumentos poco conocidos, aunque muy nombrados. Así, los fondos de la corrupción se blanqueaban a través de los denominados proyectos de investigación. Los llamados “chiringuitos”, de los que disfrutaron muchos de los dirigentes actuales, recibieron un flujo de fondos cuantioso. Por toda España florecieron centros de estudio, fundaciones, asociaciones y otras entidades afines, creadas o instrumentalizadas para financiar indirectamente a estructuras corporativas. Todo, sin mencionar el uso indebido de los fondos de formación cuya finalidad se distorsionó hacia financiaciones alternativas o al enriquecimiento ilícito.

Confundir fines con medios no es nuevo, tampoco la velocidad para archivar causas judiciales que incomoden al poder. Inclusive, el hábito de “producir” información de poca calidad para su uso contra un adversario político en el marco de un proceso judicial se repite impúdicamente. El llamado Informe PISA, “Pablo Iglesias Sociedad Anónima”, producido por las cloacas de Interior, es un ejemplo. Sería deseable que la Justicia dedicase todas sus energías en la lucha contra la corrupción, incluida la que pueda agazaparse en las propias estructuras. Los juzgados de Santiago de Compostela volvieron a aplazar el juicio por los seis millones de euros “desaparecidos” en cursos de formación asignados a la patronal gallega hace ya casi veinte años. Como ejemplo el de este caso, ya participaron en el quince jueces. Además, el presidente de la CEG de entonces, Antonio Ramilo, amigo personal de Fraga, ya ha fallecido. Según la Fiscalía, entre 1996 y 1999, el secretario de la CEG y siete empresas se concertaron para “obtener un beneficio patrimonial” por cursos no realizados, manuales didácticos innecesarios y duplicando facturas con costos excesivos. Los casos son innumerables.

Los informes falsos se construyen con mentiras que enferman a la sociedad porque sólo procuran inocular creencias falaces. Cuando en los juzgados no se atiende a la validez de la información,  entonces la sombra de la sospecha se cierne sobre la equidad de sus decisiones. Mantener la abierta la causa sobre la denuncia del ex letrado de Podemos, José Manuel Calvente, en sincronía con la próxima moción de censura de VOX es, al menos, llamativa.

No todo vale.