El movimiento de protesta por la vivienda ha puesto sobre la mesa el camino hacia la huelga general después del rechazo de los decretos en el Congreso.
Por Ernesto Vílchez | 4/10/2026
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha dejado claro de qué lado está. Este sábado, en el Foro La Toja, ha calificado de ilegal una posible huelga general por la vivienda y ha avisado de que la patronal actuará si se convoca. La patronal defendiendo su negocio frente a quien ya no puede pagar el techo. Cero sorpresas.
Garamendi afirma que con la cuestión de la vivienda hay un problema “real” y “complejo”, pero descarta cualquier medida que toque de verdad los precios, los desahucios o la propiedad. Respeta, dice, que la gente se manifieste. Lo que no admite es que el malestar se visibilice desde los centros de trabajo. La huelga, según él, solo es legal si hay un conflicto laboral. Como si el alquiler que se come el salario, la hipoteca imposible y el desahucio no fueran ya un conflicto de clase. “¿Es una huelga contra la oposición, contra las empresas?”, ha preguntado. La respuesta es sencilla: es una huelga contra quienes viven de que la vivienda sea una mercancía, y contra el gobierno que no ha hecho nada en 8 años sobre este asunto. Garamendi ha añadido que, si el paro se convoca, la CEOE “tendrá que acudir donde tenga que acudir”.
Esa es la función de la patronal. Representa a promotores, fondos buitre, grandes tenedores, banca y empresas que necesitan salarios bajos y alquileres altos. Para ellos, limitar precios o frenar desahucios es “invadir la propiedad privada”, la frase que Garamendi repite desde que pidió votar en contra de los decretos de vivienda. Por eso una huelga les resulta intolerable, porque afecta a sus bolsillos.
Manifestarse, sí. Parar la producción y los servicios, no. Mientras tanto, el precio del alquiler y de la compra sigue fuera del alcance de la mayoría asalariada. Esa es la relación de clase que la CEOE quiere mantener intacta: el trabajador produce, cobra, y devuelve una parte creciente del salario al propietario.
La clase trabajadora no tiene por qué aceptar ese límite. El movimiento de protesta por la vivienda ha puesto sobre la mesa el camino hacia la huelga general después del rechazo de los decretos en el Congreso. Los sindicatos miden el encaje jurídico precisamente porque la patronal ya ha anunciado que vigilará cada paso. El encaje hay que buscarlo para ganar, no para aplazar. El coste de la vivienda ya es salario indirecto que se transfiere a rentistas y fondos. Llevar ese conflicto a la huelga es devolverlo al terreno donde la clase trabajadora tiene fuerza: el paro de la actividad.
Tampoco sirve señalar solo a la patronal y absolver al Gobierno. Años de anuncios, escudos parciales y decretos que nacen débiles y mueren en el Congreso no han bajado los alquileres ni han tocado de verdad la especulación. PP, Vox y Junts tumbaron las normas, pero la crisis habitacional no empezó el viernes. Quien ha gobernado sin intervención contundente —control efectivo de precios, parque público de alquiler a escala, freno a los fondos y fin de los desahucios sin alternativa— también es responsable. La patronal presiona para que no se haga. El Ejecutivo no ha hecho lo suficiente para imponerse a esa presión.
La patronal defiende sus intereses de clase: la propiedad rentista y el capital especulador. Frente a eso no hay diálogo social que valga. Hay organización, huelga y defensa de los intereses de la clase trabajadora.
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