La proliferación de estas iniciativas privadas pone de manifiesto una realidad alarmante: el Estado parece estar delegando en el sector privado tareas que le competen directamente, como garantizar los recursos necesarios para la sanidad pública.
Por Javier Guijarro | 11/04/2025
En los últimos años, España está siendo testigo de un fenómeno creciente que, aunque a primera vista podría parecer encomiable, encierra una problemática de fondo preocupante: la proliferación de asociaciones, fundaciones y entidades supuestamente benéficas que recaudan fondos para cuestiones relacionadas con la sanidad, como la investigación de enfermedades raras, el acceso a tratamientos costosos o el apoyo a pacientes en situaciones vulnerables. Lo que en principio se presenta como un acto de solidaridad y altruismo está, en la práctica, evidenciando un peligroso abandono de responsabilidades por parte del Estado y un avance hacia una privatización encubierta del sistema sanitario.
El sistema de sanidad pública en España, uno de los pilares del estado del bienestar, ha sido históricamente un modelo de referencia por su universalidad y calidad. Sin embargo, el aumento de estas iniciativas privadas pone de manifiesto una realidad alarmante: el Estado parece estar delegando en la sociedad civil y en el sector privado tareas que le competen directamente, como garantizar los recursos necesarios para la investigación médica y el acceso equitativo a tratamientos.
En lugar de reforzar el sistema público con una financiación adecuada, se está normalizando que sean los ciudadanos, a través de donaciones, eventos benéficos o campañas de crowdfunding, quienes asuman el coste de necesidades que deberían estar cubiertas por los impuestos que ya pagan.
Una ‘americanización’ del modelo sanitario
Este fenómeno no es nuevo en otros contextos. En Estados Unidos, donde el sistema sanitario está profundamente privatizado, las historias de familias que organizan colectas para pagar tratamientos médicos o de pacientes que dependen de la caridad para sobrevivir son habituales. Allí, la beneficencia y el ‘altruismo’ desempeñan un papel central en un sistema que prioriza el mercado sobre el derecho universal a la salud. En España, aunque aún estamos lejos de ese extremo, se percibe una deriva hacia ese modelo: cada vez más, se espera que la ciudadanía y las personas con poder adquisitivo realicen gestos altruistas para compensar las carencias del sistema público. Esta tendencia, que podríamos denominar una ‘americanización’ del sector sanitario, es profundamente preocupante porque socava el principio de universalidad y traslada la responsabilidad del bienestar colectivo a la buena voluntad individual.
Opacidad y falta de transparencia
Otro aspecto inquietante es la falta de transparencia en el destino de los fondos recaudados por muchas de estas organizaciones. Aunque algunas operan con buenas intenciones y resultados tangibles, no todas ofrecen claridad sobre cómo se gestionan las donaciones o qué porcentaje llega realmente a los fines prometidos. En un contexto en el que el Estado retrocede, estas entidades privadas ganan terreno sin que exista una regulación estricta que garantice su fiabilidad. Esto genera un doble riesgo: por un lado, la posibilidad de que el dinero no se emplee de manera eficiente o ética; por otro, la perpetuación de un modelo en el que la salud deja de ser un derecho para convertirse en una cuestión de caridad selectiva.
El Estado no puede evadir su responsabilidad
La sanidad pública no debería depender de la generosidad de unos pocos ni de la capacidad organizativa de asociaciones y fundaciones. Es responsabilidad del Estado proveer los recursos necesarios para que ningún paciente quede desatendido, para que la investigación médica avance sin depender de campañas y para que los tratamientos innovadores sean accesibles para todos, no solo para quienes logran visibilizar su causa. La proliferación de estas iniciativas, lejos de ser una solución, es un síntoma de un sistema público debilitado por años de recortes, falta de inversión y una creciente aceptación de la lógica liberal en la gestión de lo público.
Menos beneficencia, más recursos públicos
La solidaridad ciudadana es un valor admirable, pero no puede ser la base sobre la que se sostenga la salud de un país. España necesita un compromiso político firme para fortalecer la sanidad pública, aumentar su financiación y garantizar que ningún aspecto del bienestar colectivo quede en manos de la iniciativa privada o de la caridad. La solución no pasa por más eventos benéficos ni por más asociaciones recaudando fondos, sino por un Estado que asuma su deber de proteger a toda la población sin excepciones.
El auge de estas entidades benéficas no es un signo de progreso, sino una advertencia. Si no se revierte esta tendencia, corremos el riesgo de normalizar un modelo en el que la salud deje de ser un derecho universal para convertirse en un privilegio al alcance de unos pocos. Menos beneficencia y más recursos para la sanidad pública: ese debería ser el camino.
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