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Los conductores exigían medidas concretas frente a una gestión que, en la práctica, subordinaba la seguridad a la continuidad del servicio y a la lógica de ahorro de costes.
Por Joaquín Castro | 20/11/2026
Tras semanas de movilización y con la amenaza de un paro que habría paralizado de nuevo las principales líneas, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha desconvocado la huelga prevista para el 23 de noviembre. No se trata de una concesión generosa del Ministerio de Transportes dirigido por Carlos Cuerpo, sino del resultado directo de la presión ejercida por los trabajadores del ferrocarril. Los maquinistas denunciaban, con razón, que lo que estaba en juego era la seguridad de los propios trabajadores y de los usuarios del servicio. El reciente accidente de Urda, con 69 muertos, y los precedentes de Adamuz y Gelida habían puesto de manifiesto que las promesas de mejora tras el acuerdo de febrero no se habían traducido en hechos verificables. Solo la huelga ha obligado al Gobierno a convertir reivindicaciones en compromisos normativos, operativos y verificables.
Los conductores exigían medidas concretas frente a una gestión que, en la práctica, subordinaba la seguridad a la continuidad del servicio y a la lógica de ahorro de costes. Entre las demandas centrales figuraba un protocolo vinculante de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos, que permita suspender circulaciones en alerta roja y otorgue al maquinista autonomía real para detener el tren cuando aprecie un riesgo grave e inminente. También reclamaban el cumplimiento estricto de las interrupciones de los tiempos de conducción, mecanismos claros de comunicación de riesgos bajo el principio de cultura justa (para poder denunciar peligros sin miedo a represalias), un procedimiento de interlocución directa entre la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, la Inspección de Trabajo y el propio sindicato, y la aplicación efectiva del protocolo de atención a maquinistas involucrados en arrollamientos.
A ello se sumaban un plan prioritario de corrección de incidencias técnicas y de seguridad en el material rodante, avances reales en los sistemas LZB y ERTMS, y el control y publicación diaria de las limitaciones temporales de velocidad. Estas exigencias no surgían de un capricho corporativo, sino de la experiencia diaria de quienes están en la cabina: sistemas que fallan, improvisaciones ante el mal tiempo, fatiga acumulada y una infraestructura y material que arrastran déficits estructurales. Los maquinistas señalaban que circular en esas condiciones ponía en peligro tanto a los trabajadores como a los pasajeros.
La huelga como herramienta de clase
El acuerdo alcanzado demuestra, una vez más, que las mejoras laborales y de seguridad no se obtienen por la buena voluntad de los responsables políticos o de las empresas, sino por la fuerza organizada de los trabajadores. Mientras CCOO, UGT y el Sindicato de Circulación Ferroviaria firmaron un pacto días antes, Semaf mantuvo la convocatoria porque consideraba insuficientes las promesas y exigía realidades, no nuevos papeles. Esa firmeza ha sido la que ha desbloqueado el protocolo meteorológico —uno de los puntos más complejos— y ha arrancado compromisos adicionales que elevan los estándares de seguridad del sistema.
La huelga es, en este sentido, una herramienta fundamental de la clase trabajadora. Frente a la presión del capital —que busca maximizar circulaciones y minimizar costes de personal y mantenimiento— y frente a un Estado que a menudo actúa como gestor de esas prioridades, solo la interrupción colectiva del servicio obliga a ceder. Los maquinistas lo han expresado con claridad: las reivindicaciones de seguridad se consiguen con trabajo y con lucha. La unidad del colectivo y la disposición a parar han convertido demandas que se arrastraban desde febrero en medidas que pueden ser verificadas y exigidas.
Este episodio recuerda que, en sectores estratégicos como el transporte, la seguridad no es un asunto técnico neutro. Es el resultado de la correlación de fuerzas entre quienes producen el servicio y quienes lo gestionan bajo criterios de rentabilidad y continuidad. Cada protocolo arrancado, cada límite de fatiga reconocido y cada mecanismo de denuncia protegido es una victoria parcial de los trabajadores frente a la lógica que prioriza el beneficio o la imagen institucional sobre la vida. La desconvocatoria no cierra el conflicto: abre la fase de vigilancia y de exigencia del cumplimiento. Solo manteniendo la capacidad de movilización se garantiza que los acuerdos no se conviertan, otra vez, en papel mojado.
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