La crisis del Estado del Bienestar en España


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Susana Gómez Nuño

El concepto de Estado del Bienestar –en adelante EB– viene definido por un cierto nivel de desarrollo económico que garantiza empleo y rentas a la población y un sistema público de recursos que garantiza la cobertura de servicios básicos y la corrección de las situaciones de necesidad no cubiertas por el mercado. Básicamente, se trataría de integrar eficiencia y equidad, en tanto la distribución de la renta garantiza a toda la población unos recursos y bienes esenciales, sostenidos en los pilares de la educación, la sanidad, la vivienda, los servicios sociales y la seguridad social, que incluye prestaciones en caso de desempleo, enfermedad y jubilación. No obstante, es necesario puntualizar que el EB no debe confundirse con otro tipo de intervenciones públicas en la esfera social, como las clásicas políticas asistenciales o el intervencionismo estatal propio de los antiguos regímenes fascistas.

La aparición del EB se atribuye a diversos factores relacionados con los procesos sociales, económicos y políticos que tuvieron lugar en las sociedades occidentales durante el siglo XIX y principios del XX. Un punto de referencia para entender la evolución del EB es el informe sobre la seguridad social inglesa, realizado por W.H. Beveridge en los años 40, que proponía una redistribución de la renta, con la consiguiente atenuación de la pobreza. Se establecía, así, un punto de inflexión que conduciría, en las décadas posteriores, hacia la plenitud del EB, caracterizado por un aumento del gasto público desde los años 50, que se vería reducido a partir de los 80, debido a la recesión económica.

Existen diferentes modelos de EB: el liberal –propio de EUA, Canadá, Reino Unido– con un bajo nivel de gasto total estatal y también de protección social, lo que crea un alto nivel de desigualdad, estableciéndose una estratificación que diferencia una cierta igualdad de pobreza entre los menos favorecidos y un bienestar para la mayoría de la población. El socialdemócrata –propio de Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia– contempla impuestos altos y una alta redistribución de los ingresos, y su objetivo es la reducción de la desigualdad mediante la universalización y desmercantilización de la clase media. Sus políticas no son subsidiarias, con lo que se requiere unos niveles altos de empleo de la población activa, con grandes costes que obligan a minimizar los problemas sociales y maximizar los ingresos por salarios. El papel de la mujer es también relevante en el mercado laboral. El corporativista que incluye a países como Francia, Austria o Alemania, basado en el principio contributivo –empresas y empleados cotizan y pagan impuestos, para cubrir las necesidades sociales, y hace uso de políticas subsidiarias. Dentro de este modelo, encontramos un subgrupo compuesto por los países del sur de Europa –modelo mediterráneo– que desarrollan el EB de forma tardía, como España, Italia Grecia y Portugal, dan relevancia a la familia, debilitando así el papel de la mujer, y tienen un nivel de compensación bajo.

El EB español responde al modelo mediterráneo, que contempla cierto equilibrio entre el mercado y la iniciativa publica, y establece un compromiso entre la maximización de la renta y su distribución equitativa. En nuestro análisis inicial acerca de la evolución del gasto social, debemos considerar la arena sociopolítica de la época y la dependencia de la senda, en tanto partimos de un escenario histórico-político marcado por la dictadura franquista que explica el retraso español en la construcción del EB: la brecha del gasto público entre el promedio de 15 países OCDE-Europa –en adelante promedio UE 15– y España aumentó en 6,1 puntos en el periodo 1960-1975. A pesar de ello, el hecho de dejar atrás el fantasma de la autarquía, la unificación de las prestaciones de las mutuas laborales y la Seguridad Social, y el crecimiento económico comportaron una aceleración del gasto social que dio inicio al sistema universal de reparto.

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Entre 1975 y 1985, el gasto público crece 16,5 puntos, consolidándose el EB en España, a pesar del contexto de crisis económica y de transición política. Las pensiones se revalorizan debido a los Pactos de la Moncloa de 1978 y los subsidios de desempleo, tanto el contributivo como el asistencial, crecen debido a la modificación de la Ley Básica de Empleo (1984) generada por el gobierno socialista para enfrentar el aumento de la tasa de desempleo. Respecto a la sanidad, tras el intenso crecimiento del periodo anterior (24,5% anual), el gasto crece de forma modesta (3,4% anual) por el fuerte incremento de las pensiones. Por otro lado, el aumento demográfico y la intervención del estado en el sistema educativo hacen que el gasto en esta materia experimente un importante crecimiento.

El periodo 1986-1996 se caracteriza por la convivencia de políticas económicas con políticas de universalización del EB. Se promulga la Ley General de Sanidad (1986), bajo el mandato socialista, que proporciona asistencia sanitaria publica, concebida ya como un derecho universal. Sin embargo, el gasto en sanidad se dispara debido a los gastos de personal, la descentralización hacia las comunidades autónomas, el descontrol en el gasto farmacéutico y el aumento del número de pensionistas. Los gastos en educación se mantienen en expansión, debido a la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 que amplía la escolaridad obligatoria de los 14 a los 16 años.

Del año 1996 al 2000, España, con el gobierno del PP al frente, experimentó un periodo de crecimiento económico caracterizado por las numerosas leyes que se concretaron para ajustar el gasto público, con acuerdos, tales como el Pacto de Toledo de 1995 para el mantenimiento de las pensiones, que se tradujeron en la Ley de Consolidación y Racionalización del sistema de Seguridad Social en 1997, acordada con los sindicatos y que afectaba a las prestaciones sociales. No obstante, la creación de empleo se vio empañada por un empeoramiento en el tipo y las condiciones de los contratos.

De los datos anteriores, puede deducirse un gasto público decreciente, a partir de 1993que genera un EB en permanente estado de recesión, lo cual se verá corroborado con el análisis comparado que sigue. Existen dos indicadores para medir el grado de desarrollo del EB, uno es el porcentaje de población que trabaja en los servicios del EB y el otro es la cantidad de fondos públicos que financian el EB, como porcentaje del PIB. Atendiendo a esto, podemos afirmar que el EB en España está muy poco desarrollado, en tanto solo un 5,9 de la población adulta trabaja en sanidad, educación y servicios de ayuda a la familia, si lo comparamos con el promedio UE-15 con una ocupación del 11%. Al comparar el PIB, también observamos una diferencia de gasto considerable entre España (20,1%) y el promedio UE-15 (27,3%). Este porcentaje ha ido disminuyendo desde 1993 hasta el 2000, coincidiendo con las políticas de austeridad aplicadas por el gobierno del PP, con una caída de 4 puntos en ese periodo. Una cifra preocupante si la comparamos con su homóloga del promedio UE-15 (1,5 puntos en el mismo periodo). Se hace obvio, pues, que en España el EB es cada vez más deficitario en relación con el promedio UE-15.

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En conclusión, podemos afirmar que el EB en España está en crisis, no solo porque así lo muestran los datos y los indicadores que miden su desarrollo, sino porque la reducción y eliminación del déficit del presupuesto se ha logrado en base al aumento del déficit social de España con la UE, a causa de las políticas recesivas del gobierno conservador que ha reducido los impuestos, beneficiado, así, a los sectores poblacionales más adinerados, cuando lo más sensato hubiera sido reducir el déficit social. Es un hecho evidente que España se encuentra a la cola de Europa en relación con el EB (sanidad, educación y pensiones). Convendría, por tanto, en primer lugar, posicionar el gasto en el EB como debate principal del Estado, y, en segundo lugar, recuperar prácticas de expansión del gasto público y social con el fin de acercarnos, aun a medio-largo plazo, al promedio de la UE.


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