Desde 2021, al menos 14 estados de Estados Unidos han aprobado o discutido legislación que debilita las restricciones al trabajo infantil.
Por Gabriela Rojas | 28/03/2025
En los últimos años, Estados Unidos está dando un giro alarmante hacia el pasado. Lejos de avanzar en la protección de los derechos laborales, el país está asistiendo a un fenómeno creciente y repugnante: la explotación laboral infantil. Legisladores en diversos estados, impulsados por los intereses de la burguesía y las grandes corporaciones, están desmantelando conquistas laborales que llevaron décadas de lucha, permitiendo que adolescentes menores de 18 años sean explotados en condiciones que recuerdan las peores épocas del siglo XIX. Este retroceso no solo evidencia la voracidad del sistema capitalista, sino que pone en riesgo la salud, la educación y el futuro de miles de jóvenes, todo en nombre de la «competitividad» y las ganancias.
Un retroceso sin precedentes
La Ley de Normas Laborales Justas (FLSA) de 1938 marcó un hito en la historia de Estados Unidos al establecer regulaciones federales que limitaban el trabajo infantil. Prohibió el empleo de menores de 14 años en la mayoría de los trabajos no agrícolas, restringió las horas y condiciones para los de 14 y 15 años, y vetó a los menores de 18 de ocupaciones peligrosas. Sin embargo, este marco legal, que fue una respuesta a la explotación desenfrenada de niños en fábricas y minas durante la Revolución Industrial, está siendo erosionado por una oleada de proyectos de ley estatales que buscan revertir estas protecciones.
Desde 2021, al menos 14 estados han aprobado o discutido legislación que debilita las restricciones al trabajo infantil. En Iowa, por ejemplo, una ley reciente permite a menores de 14 años trabajar en ocupaciones peligrosas como la construcción o la fabricación de fuegos artificiales, e incluso conducir sin supervisión hacia sus empleos. En Arkansas, la gobernadora Sarah Huckabee Sanders firmó en 2023 una normativa que elimina la verificación de edad para adolescentes de 14 años, argumentando que tales requisitos son «obsoletos». Florida, por su parte, debate en 2025 una ley que autorizaría a menores de 14 años a trabajar en turnos nocturnos y en empleos pesados, supuestamente para llenar vacantes dejadas por inmigrantes indocumentados, cuya persecución ha reducido la mano de obra barata disponible.
Otros estados como Ohio, Wisconsin y New Hampshire han seguido el mismo camino, eliminando límites de horas para menores de 16 y 17 años, permitiendo turnos nocturnos y abriendo la puerta a trabajos en sectores riesgosos como mataderos, demoliciones o el servicio de alcohol en bares. Estas leyes no solo contravienen las normativas federales, sino que ignoran estándares internacionales como el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exige la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.
El capitalismo al desnudo: ganancias sobre vidas
Detrás de este retroceso hay una lógica clara: el capitalismo, en su afán de maximizar beneficios, necesita mano de obra barata y vulnerable. La escasez de trabajadores, agravada por factores como la pandemia, la reducción de la inmigración legal y el aumento de las expectativas salariales, ha llevado a la burguesía a buscar alternativas. Los adolescentes, con menos poder de negociación y menos conciencia de sus derechos, son el blanco perfecto. Algunos proyectos de ley incluso proponen pagarles menos del salario mínimo federal de 7.25 dólares por hora, como en Alabama, donde se plantea un «salario de formación» de 9 dólares para menores, frente a los 10 dólares estándar en 2026.
Grupos de presión empresariales, como la Fundación para la Rendición de Cuentas del Gobierno y la Federación Nacional de Empresas Independientes, han jugado un papel clave en esta ofensiva. Estos lobbies, financiados por grandes corporaciones, argumentan que relajar las leyes laborales «amplía las oportunidades» para los jóvenes y «alivia la escasez de mano de obra». Sin embargo, la realidad es mucho más cruda: los niños son menos productivos, más propensos a accidentes y fácilmente explotables, lo que los convierte en un recurso ideal para empleadores sin escrúpulos que buscan reducir costos a toda costa.
Las estadísticas son alarmantes. En 2022, el Departamento de Trabajo de EE.UU. registró un aumento del 37% en las violaciones de trabajo infantil, con más de 4 millones de menores empleados legalmente y entre 1 y 2 millones más en condiciones ilegales. La agricultura, una industria históricamente exenta de muchas regulaciones de la FLSA, sigue siendo un foco de explotación, con hasta 800,000 niños trabajando en condiciones peligrosas según estimaciones de la Unión de Trabajadores Agrícolas. En 2021, 24 menores murieron por lesiones laborales, la mayoría en este sector.
Este fenómeno no es un accidente, sino una estrategia deliberada. Lo que en el siglo XX se logró con luchas obreras —la abolición del trabajo infantil opresivo, el acceso universal a la educación y la protección de los derechos de los trabajadores— está siendo sacrificado en el altar del lucro capitalista. Los empresarios, con su retórica populista de «cultura del esfuerzo» y «derechos de los padres», disfraza esta regresión como una medida beneficiosa, pero el resultado es claro: niños de familias pobres, especialmente negros, latinos e inmigrantes, son los más afectados.
El caso de los menores migrantes no acompañados, cuya llegada se disparó a más de 250,000 en los últimos dos años, es particularmente revelador. Sin sistemas adecuados de seguimiento, muchos terminan en empleos explotadores, víctimas de una doble vulnerabilidad: la falta de estatus legal y la ausencia de protecciones laborales. En lugar de fortalecer las leyes para protegerlos, los legisladores las debilitan, facilitando su explotación por parte de empleadores sin escrúpulos.
Permitir que menores de edad trabajen en condiciones peligrosas, con horarios extenuantes y salarios de miseria, es una aberración moral que contradice los principios más básicos de humanidad. Es un recordatorio brutal de que, bajo el capitalismo, ningún derecho es permanente si amenaza las ganancias de la élite. La burguesía estadounidense recurre a las tácticas más viles del pasado para mantenerse a flote.
Frente a este retroceso, la resistencia es imperativa. La clase trabajadora, los sindicatos y los defensores de los derechos humanos deben organizarse para frenar esta ofensiva. La historia demuestra que los avances laborales no se regalaron, sino que se conquistaron con lucha. Hoy, esa lucha debe renovarse para proteger a los más vulnerables y evitar que el capitalismo arrastre a Estados Unidos —y al mundo— de vuelta a las tinieblas de la explotación infantil. El futuro de los adolescentes no puede ser moneda de cambio para enriquecer a unos pocos; es hora de decir basta a esta repugnante regresión.
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